Eduardo Ezequiel Hernández Hernández

Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
674/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas". Villa Comaltitlán, Chiapas.
  • Eduardo Ezequiel Hernández Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 16192/2023, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por medio del cual hace del conocimiento que ese tribunal aceptó la competencia declinada por este órgano judicial en este asunto; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos. Asimismo, se ordena remitir a la citada autoridad oficiante vía interconexión los informes concernientes a la suspensión de plano rendidos respectivamente por la Directora General y Presidenta del Comité Técnico; encargada de la Dirección Técnica y por el encargado de la Coordinación de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comatitlán. Por lo anterior, es de sostenerse que el presente cuaderno se encuentra concluido, de ahí que, con sustento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran seis meses el presente cuaderno deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 19 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el informe concerniente a la suspensión de plano rendido por el encargado de la Coordinación de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comatitlán; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al presente cuaderno. Ahora, toda vez que en proveído de seis del mes y año en curso, este órgano constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio en que se actúa, una vez que se tenga conocimiento del juzgado al cual le correspondió conocer del asunto, deberá remítasele vía interconexión el comunicado detallado en el párrafo que antecede. En otro contexto, se tiene por recibido el oficio 12996, firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 337/2023-III, librado con el propósito de notificar al agraviado Eduardo Ezequiel Hernández Hernández, el proveído emitido el seis de junio del año en curso; en tal razón, con sustento en los preceptos señalados en el proemio de este acuerdo, glósese al asunto en que se actúa; asimismo, se ordena dar de baja de la estadística de este juzgado federal la citada comunicación oficial. Ahora bien, de la constancia de notificación personal que integra el exhorto que se recibe, se obtiene que el referido accionante del amparo manifestó lo siguiente: "solicito su señoría de la manera más respetuosa que le solicite al Juzgado donde recallo este Acuerdo se me designe un defenzor público federal y ala vez solicito una visita carcelaria ya que me encuentro totalmente en estado de indefensión y porque se que van a ser caso omiso ala suspención que me otorgo su señoria esperando con su Amable Apoyo muchas gracias." (sic) (lo resaltado es de este juzgado) Así las cosas, en virtud de que el nombrado quejoso solicita una visita carcelaria, hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, con copia certificada de dicha expresión, por guardar relación con la causa penal ********************, de su índice, para que tenga a bien proveer lo conducente en derecho. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de junio de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los informes concernientes a la suspensión de plano rendidos respectivamente por la Directora General y Presidenta del Comité Técnico y por la encargada de la Dirección Técnica, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comatitlán; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al presente cuaderno. Ahora, toda vez que en proveído de seis del mes y año en curso, este órgano constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio en que se actúa, una vez que se tenga conocimiento del juzgado al cual le correspondió conocer del asunto, deberán remítasele vía interconexión los comunicados detallados en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 4049/2023-IV, firmado por el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Eduardo Ezequiel Hernández Hernández; regístrese con el número 674/2023-III. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la falta e inadecuada atención médica otorgada al quejoso Eduardo Ezequiel Hernández Hernández, respecto de los padecimientos que presenta, esto es, las autoridades responsables deberán, en forma inmediata, prestar el servicio requerido de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello con la finalidad de preservar su derecho humano a la salud. Además, deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras en forma individual a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro persona. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, consultable en la página 1421 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Materias Común y Penal, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo." En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este tribunal se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por los quejosos, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la falta e inadecuada atención médica por parte de la Directora General; Comité Técnico; encargado o encargada del Área Médica y del Titular del Área Técnica, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comatitlán, Chiapas, lugar en el que se encuentra recluido, debido a que ha estado solicitando atención médica para sus padecimientos y no le han dado una solución. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este juzgado. En efecto, el deficiente otorgamiento de atención médica de las responsables tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el quejoso Eduardo Ezequiel Hernández Hernández, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comatitlán, Chiapas, por lo que es obvio que la misma se está llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de diciembre de dos mil diecinueve, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en el estado de Chiapas, en turno, con sede en Tapachula, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas", con residencia en Villa Comatitlán, Chiapas, lugar en el que se encuentra recluido el peticionario del amparo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Juzgado de Distrito en el estado de Chiapas, en turno, con sede en Tapachula, con el propósito de que determine si acepta o no la competencia que se le plantea. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el estado de Chiapas, en turno, con sede en Tapachula, para que en auxilio de las labores de este tribunal, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro de reclusión y previa localización de Eduardo Ezequiel Hernández Hernández, le notifique el presente acuerdo. Asimismo, se le faculta para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la diligencia encomendada y así conseguir el objeto para el que se libra el presente exhorto; una vez realizado lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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