Eduardo Ezequiel Hernández Hernández y Otros.

Expediente 584/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
584/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Ezequiel Hernández Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el informe correspondiente a la suspensión de plano otorgada en este asunto, firmado por el Subdirector de Área, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Asimismo, se tiene a la citada autoridad designando como delegados en términos del artículo 9 de la legislación de la materia, a las personas que refiere; y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su comunicado de mérito; por tanto, se comisiona a la Fedataria Judicial de la adscripción para que los siguientes comunicados dirigidos a dicha autoridad sean dirigidos ese lugar. Por otra parte, toda vez que este Tribunal Federal se declaró carente de competencia legal en acuerdo de tres de julio del año en curso, y que la misma fue aceptada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, previa copia certificada que se deje en autos, remítanse a dicho órgano jurisdiccional por mensajería acelerada, el original del informe de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el informe correspondiente a la suspensión de plano otorgada en este asunto, firmado por el Encargado de la Dirección de Administración, en suplencia del Director General y en representación de los Titulares de las Áreas Médica, Técnica, Administrativa, así como de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con asentamiento en El Salto, Jalisco; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Por otra parte, toda vez que este Tribunal Federal se declaró carente de competencia legal en acuerdo de tres de julio del año en curso, y que la misma fue aceptada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, previa copia certificada que se deje en autos, remítanse a dicho órgano jurisdiccional por mensajería acelerada, el original del informe de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda el oficio 45926/2019, firmado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 341/2019-IV (orden 397/2019-IV) del índice de este órgano de control constitucional; en consecuencia, dése de baja la comunicación oficial de mérito en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, de la comunicación oficial de referencia, se desprende la imposibilidad que el Actuario adscrito al órgano exhortado tuvo para notificar personalmente al quejoso Alejandro Mona Pérez, pues al constituirse el cinco de julio del año en curso, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con asentamiento en El Salto, Jalisco, fue informado por la Abogada Penitenciaria "B" de ese centro, que el nombrado agraviado no forma parte de la población del mismo y tampoco existe registro alguno bajo ese nombre; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícese la notificación del acuerdo de tres de julio del presente año, al citado quejoso, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito. Por otra parte, y con el fundamento legal apuntado en párrafos precedentes, téngase por recibido y agréguese al expediente para que obre como corresponda el oficio 32724/2019, suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual comunica que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional a su favor, para seguir conociendo del presente asunto. Atento a lo anterior, se advierte que el presente cuaderno se encuentra debidamente integrado, por lo que no existe mandato alguno por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que no se considera de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Finalmente, dado que el presente asunto se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el punto primero, inciso XX del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y que no existen documentos originales agregados al expediente, con apoyo en lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo general invocado, podrá ser destruido el presente cuaderno a partir del once de enero de dos mil veinte, previo el cumplimiento de los requisitos que prevé el punto vigésimo cuarto del propio acuerdo general. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda de amparo firmado por 1. Eduardo Ezequiel Hernández Hernández, 2. Carlos José Herrera Antunez, 3. José Francisco Cárdenas Gallegos, 4. Edgar Alfonso Guerrero Trillo, 5. Hugo Sánchez González, 6. Jorge Eduardo Arias Monroy, 7. Ulises Ramsés Rodríguez Flores, 8. Hugo Villa Álvarez, 9. Martín Flores Guzmán, 10. Alejandro Mona Pérez, 11. Fernando Orozco Godínez, 12. Juan Alberto Hernández Aguilar, y 13. Orlando Carrillo Espanta, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Numero Dos "Occidente", con asentamiento en El Salto, Jalisco, y otras autoridades; regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 584/2019-IV y fórmese expediente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica que señalan los promoventes antes mencionados, esto es, las autoridades responsables deberán, en forma inmediata, prestar los servicios requeridos de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello a fin de preservar su derecho humano a la salud. Las autoridades responsables deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión, apercibidas cada una, que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras a una multa de $8,449.00 (ocho mil pesos, cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Informe que pueden rendir vía fax al número telefónico 01-868-811-04-40, extensión 1163, en horario comprendido de las nueve a las dieciséis horas, de lunes a viernes; por correo electrónico oficial a la dirección 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx; o en su caso por la vía ágil que estimen pertinente. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro Hómine. Por tanto, a fin de que las citadas autoridades se impongan del contenido del presente auto, se ordena a la actuaria judicial adscrita a este juzgado para que de inmediato proceda remitirlos vía fax o correo electrónico. En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, se declara carente de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por los quejosos, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, se advierte que los promoventes se duelen de la inadecuada atención médica, por parte del Director del Centro Penitenciario Federal Número Dos "Occidente", en El Salto, Jalisco, y otras autoridades de dicho lugar en que se encuentran recluidos. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que la ejecución del acto reclamado, consistente en la inadecuada atención médica por parte de las responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con asentamiento en El Salto, Jalisco, tiene ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas. En efecto, el deficiente otorgamiento de atención médica de la responsable tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentran privados de su libertad los promoventes 1. Eduardo Ezequiel Hernández Hernández, 2. Carlos José Herrera Antunez, 3. José Francisco Cárdenas Gallegos, 4. Edgar Alfonso Guerrero Trillo, 5. Hugo Sánchez González, 6. Jorge Eduardo Arias Monroy, 7. Ulises Ramsés Rodríguez Flores, 8. Hugo Villa Álvarez, 9. Martín Flores Guzmán, 10. Alejandro Mona Pérez, 11. Fernando Orozco Godínez, 12. Juan Alberto Hernández Aguilar, y 13. Orlando Carrillo Espanta (Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", en El Salto, Jalisco), por lo que es obvio que la misma se está llevando al cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con jurisdicción en el lugar de reclusión de los agraviados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial XXIV.2º/J/1, del Semanario Judicial de la Federación, décimo época, visible a página 1982, libro 27, del mes de febrero de dos mil dieciséis, tomo III, que a la letra dice: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado." De igual forma, se cita, la tesis II,2º.P.16 K (10ª), de la Décimo Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2016, tomo III, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea, y estima competente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, en el que se encuentran internos los peticionarios de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan, a fin de que continúe con el trámite del juicio, dada la competencia que se le plantea. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional comisione a quien corresponda para que de inmediato se constituya en el Centro Penitenciario Federal Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco, a fin de buscar a los quejosos 1. Eduardo Ezequiel Hernández Hernández, 2. Carlos José Herrera Antunez, 3. José Francisco Cárdenas Gallegos, 4. Edgar Alfonso Guerrero Trillo, 5. Hugo Sánchez González, 6. Jorge Eduardo Arias Monroy, 7. Ulises Ramsés Rodríguez Flores, 8. Hugo Villa Álvarez, 9. Martín Flores Guzmán, 10. Alejandro Mona Pérez, 11. Fernando Orozco Godínez, 12. Juan Alberto Hernández Aguilar, y 13. Orlando Carrillo Espanta, y notificarles personalmente este proveído. Se faculta al titular del juzgado que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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