Eduardo Enrique Dey Andrade
Expediente 846/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eduardo Enrique Dey Andrade y Otros.
- Eduardo Enrique Dey Andrade
Actuaciones
- Principal
SE ACUSA RECIBO
- Principal
...se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. ...
- Principal
II. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio número 5551 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que comunica que causó estado el acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, que declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Eduardo Enrique Dey Andrade, declinándola a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Yucatán; asimismo, adjunta el expediente de amparo directo 440/2018 que contiene la demanda de amparo promovida por el citado Eduardo Enrique Dey Andrade, contra el acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1655/2014, promovido por Jorge Arturo Novelo Baeza, Remigio Medina Aguiar y Roger Medina Alamilla, como endosatario en procuración de Claudia Lorena Alcalá Pérez, en contra de Eduardo Enrique Dey Andrade y Orquídea de Tila Juárez Beulo, en el que se ordena el remate en pública subasta y primera almoneda del predio número cuatrocientos cincuenta y dos, letra "A", de la calle veintisiete, letra "C", de la Colonia Amapola, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior se admite la competencia declinada. Ahora bien, vista la demanda de amparo lo que procede es desechar de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, en la especie la parte quejosa reclama el acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1655/2014, promovido por Jorge Arturo Novelo Baeza, Remigio Medina Aguiar y Roger Medina Alamilla, como endosatario en procuración de Claudia Lorena Alcalá Pérez, en contra de Eduardo Enrique Dey Andrade y Orquídea de Tila Juárez Beulo, en el que se ordena el remate en pública subasta y primera almoneda del predio número cuatrocientos cincuenta y dos, letra "A", de la calle veintisiete, letra "C", de la Colonia Amapola, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por tanto, es evidente que respecto del acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por no constituir un acto de imposible reparación. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de los sentenciados o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Conforme a la normativa transcrita, para los efectos de la procedencia del amparo, tratándose del procedimiento de remate, la última resolución que se dicte en dicha etapa procedimental, lo constituye aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados; por tanto, será hasta ese momento en el que se harán valer las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En la especie se tiene que los actos que se atribuyen a la autoridad responsable constituyen actos intermedios en el procedimiento de remate, resultando por ende que dichos actos no se ubican en el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor, pues no constituyen la última resolución de dicho procedimiento. Para sustentar lo anterior se destaca que el mencionado párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, transcrito en líneas que anteceden, establece una limitación al plasmarse en el mismo la conjunción "y", para la procedencia del sumario constitucional, lo cual se traduce en la existencia de un enlace entre ambos supuestos, lo cual no implica que deba establecerse la literalidad de ambas instrucciones en el acuerdo que se impugne, sino que se trate de la resolución definitiva con sus consecuencias connaturales. En efecto, de acuerdo a lo previsto por el párrafo tercero de la fracción relativa al segundo de los numerales transcritos anteriormente, el juicio de amparo indirecto es procedente en el procedimiento de remate, cuando se dicta la última resolución, misma que constituye la que de forma definitiva ordena: 1. El otorgamiento de la escritura de adjudicación; y, 2. La entrega de los bienes rematados, debiendo entenderse como una conjunción disyuntiva equivalente. Sin embargo, en el caso no se cumple con alguno de los supuestos de procedencia, esto es, conforme a la Ley de Amparo, no procede el juicio constitucional pues aún no se ordena el otorgamiento de la escritura pública y/o la entrega del bien rematado, puesto que lo que se reclama es el remate, y, por ende, se insiste, todavía no se dicta la última resolución, para efectos de la procedencia del amparo. Lo anterior encuentra su razón de ser porque el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido. Ilustra la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1066, Tomo II, Abril de 2016, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Eduardo Enrique Dey Andrade, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 fracción IV de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo, y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Magdalena Porta Ducoing, en atención a lo señalado en la cuenta; asimismo, se tienen como sus autorizados en los términos restringidos a los que alude la parte final del segundo párrafo del citado precepto legal a las demás personas que refiere en el ocurso de cuenta; lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia. Finalmente, de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, y con el fin de facilitar el manejo del presente juicio de amparo, se ordena formar un cuaderno auxiliar con las copias certificadas remitidas por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el oficio de mérito, relativas al juicio ejecutivo mercantil 1655/2014, del cual deriva del acto reclamado, así como las diversas que eventualmente se exhiban y que no resulten indispensables su glosa a este expediente, en el entendido que el cuaderno auxiliar de referencia queda formalmente vinculado a este juicio de amparo, para los efectos legales correspondientes, y a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.
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