EDUARDO ENRIQUE DEY ANDRADE y Otros.

Expediente 100/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
100/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/02/2019

Partes del expediente

  • EDUARDO ENRIQUE DEY ANDRADE y Otros.
  • Eduardo Enrique Dey Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de desechamiento de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. ...

  2. Principal

    VI. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio número 515 signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, mediante el cual comunica que causó estado el auto de Presidencia de once de enero de dos mil diecinueve, en el que dicha Superioridad declaró que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Eduardo Enrique Dey Andrade, en contra del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por lo que, remite dicha demanda y los autos del expediente 1655/2014 relativo al juicio ejecutivo mercantil, lo anterior constante de un tomo. Acúsese recibo. De conformidad con los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 36, 114, 116, y relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal acepta la competencia declinada. Ahora, visto el escrito de demanda de amparo, se desecha de plano, promovido por Eduardo Enrique Dey Andrade, en contra del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el caso, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, respecto del acto aquí reclamado consistente en el auto de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 1655/2014, relativo al juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual se fijó fecha y hora para el remate en pública subasta y primera almoneda del predio marcado con el número cuatrocientos cincuenta y dos letra "A" de la calle veintisiete letra "c" de la colonia amapola de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y se ordenó recabar el certificado de libertad de gravámenes correspondiente; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Dichos preceptos legales disponen en lo que aquí interesa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (..) Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (lo resaltado con negrillas y subrayado es propio)." De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, específicamente en el procedimiento de remate, sólo podrá promoverse contra la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe reiterar que la razón por la que en el párrafo tercero de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo se establece, respecto de la procedencia del amparo, que: "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior", consiste en realizar el remate mediante una resolución firme, permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate, que debe concluir con una resolución definitiva. Así, la resolución definitiva que condiciona la procedencia del juicio de amparo exclusivamente cuando se dicte en los procedimientos de remate, que se precisa en dicho numeral, es aquella que se pronuncia con efectos no provisionales, sino que adquiere firmeza ya sea por su propia naturaleza o por disposición de la ley, toda vez que se trata de una resolución que no es de simple trámite, sino que decide un punto sustancial y de significativa importancia sobre la existencia legal o la invalidez del remate, puesto que determina la realización definitiva o la no realización de éste, y por ello no puede ser alterada, ni mucho menos revocada, por tener la calidad de definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J 13/2016 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época, que señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Ahora, si en el presente asunto, como anteriormente se dijo, la parte quejosa se duele del proveído de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 1655/2014, relativo al juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual se fijó fecha y hora para el remate en pública subasta y primera almoneda del predio marcado con el número cuatrocientos cincuenta y dos letra "A" de la calle veintisiete letra "c" de la colonia amapola de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y se ordenó recabar el certificado de libertad de gravámenes correspondiente. Por tanto, como se anticipó, en el caso concreto no se está en los supuestos previstos por la norma para la procedencia del juicio de amparo, porque no se trata de la orden para la escrituración ni la entrega de los bienes, pues como se advierte de autos únicamente se reclama el auto en el que se ordenó el remate de los bienes embargados del aquí quejoso. Para lo cual, debe de entenderse como última resolución aquella en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, por lo que sin duda el acto reclamado no constituye la última resolución que se dicte en dicho procedimiento. En esas condiciones, se considera que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate a que se refiere la fracción IV, párrafo tercero, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para instar el juicio de amparo. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Eduardo Enrique Dey Andrade, en contra del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, interpretado en sentido contrario. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, y con el fin de facilitar el manejo del presente juicio de amparo, se ordena formar un cuaderno auxiliar con el juicio ejecutivo mercantil 1655/2014, en el entendido que el cuaderno auxiliar de referencia queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo, para los efectos legales correspondientes, y a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio número 515 signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, mediante el cual comunica que causó estado el auto de Presidencia de once de enero de dos mil diecinueve, en el que dicha Superioridad declaró que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Eduardo Enrique Dey Andrade, en contra del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por lo que, remite dicha demanda y los autos del expediente 1655/2014 relativo al juicio ejecutivo mercantil, lo anterior constante de un tomo. Acúsese recibo. De conformidad con los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 36, 114, 116, y relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal acepta la competencia declinada. Ahora, visto el escrito de demanda de amparo, se desecha de plano, promovido por Eduardo Enrique Dey Andrade, en contra del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el caso, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, respecto del acto aquí reclamado consistente en el auto de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 1655/2014, relativo al juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual se fijó fecha y hora para el remate en pública subasta y primera almoneda del predio marcado con el número cuatrocientos cincuenta y dos letra "A" de la calle veintisiete letra "c" de la colonia amapola de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y se ordenó recabar el certificado de libertad de gravámenes correspondiente; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Dichos preceptos legales disponen en lo que aquí interesa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (..) Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (lo resaltado con negrillas y subrayado es propio)." De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, específicamente en el procedimiento de remate, sólo podrá promoverse contra la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe reiterar que la razón por la que en el párrafo tercero de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo se establece, respecto de la procedencia del amparo, que: "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior", consiste en realizar el remate mediante una resolución firme, permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate, que debe concluir con una resolución definitiva. Así, la resolución definitiva que condiciona la procedencia del juicio de amparo exclusivamente cuando se dicte en los procedimientos de remate, que se precisa en dicho numeral, es aquella que se pronuncia con efectos no provisionales, sino que adquiere firmeza ya sea por su propia naturaleza o por disposición de la ley, toda vez que se trata de una resolución que no es de simple trámite, sino que decide un punto sustancial y de significativa importancia sobre la existencia legal o la invalidez del remate, puesto que determina la realización definitiva o la no realización de éste, y por ello no puede ser alterada, ni mucho menos revocada, por tener la calidad de definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1ª./J 13/2016 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época, que señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Ahora, si en el presente asunto, como anteriormente se dijo, la parte quejosa se duele del proveído de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 1655/2014, relativo al juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual se fijó fecha y hora para el remate en pública subasta y primera almoneda del predio marcado con el número cuatrocientos cincuenta y dos letra "A" de la calle veintisiete letra "c" de la colonia amapola de esta ciudad de Mérida, Yucatán, y se ordenó recabar el certificado de libertad de gravámenes correspondiente. Por tanto, como se anticipó, en el caso concreto no se está en los supuestos previstos por la norma para la procedencia del juicio de amparo, porque no se trata de la orden para la escrituración ni la entrega de los bienes, pues como se advierte de autos únicamente se reclama el auto en el que se ordenó el remate de los bienes embargados del aquí quejoso. Para lo cual, debe de entenderse como última resolución aquella en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, por lo que sin duda el acto reclamado no constituye la última resolución que se dicte en dicho procedimiento. En esas condiciones, se considera que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate a que se refiere la fracción IV, párrafo tercero, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para instar el juicio de amparo. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Eduardo Enrique Dey Andrade, en contra del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, interpretado en sentido contrario. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. De conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, y con el fin de facilitar el manejo del presente juicio de amparo, se ordena formar un cuaderno auxiliar con el juicio ejecutivo mercantil 1655/2014, en el entendido que el cuaderno auxiliar de referencia queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo, para los efectos legales correspondientes, y a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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