Eduardo Emmanuel Madrigal Cano
Expediente 215/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eduardo Emmanuel Madrigal Cano
Actuaciones
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintiocho de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido; el cual es destruible en términos del artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 160/2021-III, promovido por **********, por propio derecho, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y tercero interesada que así lo hizo, así como las rendidas por las responsables al remitir su informe justificado. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 160/2021-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante oficio recibido el doce de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, correspondiente al returno del comunicado del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por el que declinó la competencia para conocer del escrito inicial de amparo promovido por ***********, por propio derecho, en el que demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. II. Previa aclaración, por auto del seis de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 160/2021-III; se pidió a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se dictó la sentencia correspondiente. III. Inconforme con la sentencia dictada en el presente asunto, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el número 247/2021, quien mediante resolución del diez de diciembre de dos mil veintiuno, resolvió revocar la resolución recurrida y reponer el procedimiento en este juicio de amparo; ejecutoria que se recibió por auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós y, al efecto se repuso el procedimiento en el presente sumerio y procedió a señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en la que este órgano ejerce competencia. SEGUNDO. Mediante auto de diecinueve de mayo del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las autoridades denominadas por el quejoso como "Actuario Ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan", "Actuario Ejecutor adscrito al Juzgado Quinto Mercantil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan", "Actuario Ejecutor adscrito al Juzgado Sexto Mercantil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan", "Juzgados Mercantiles de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan" y "Actuario Ejecutor adscrito a los Juzgados Mercantiles de Primera de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan", en virtud de que no existen; por lo que se suspendió toda comunicación con las mismas. TERCERO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: La orden de desposesión del inmueble ubicado en calle Roberto Gayol 9-A, Circuito Ingenieros del Municipio de Naucalpan, Estado de México, dictado en el expediente 511/2003, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos y, en vía de consecuencia la falta de reconocimiento en tal juicio de la calidad de poseedor que refiere detentar. CUARTO. Los Jueces Cuarto y Quinto Mercantil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México, al rendir su correspondiente informe justificado, niegan el acto de ejecución que de ellas se reclama. Sin que el quejoso haya aportado prueba idónea en el presente asunto, para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en comento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto que se reclama a dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis 310, Página 209, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" QUINTO. Los Jueces Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Sexto Mercantil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, aceptan los actos que se les atribuye, respectivamente. Certeza que se corrobora al tenor de las constancias relativas al expediente 511/2003, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos; documental que adquiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el artículo 2°. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte SCJN, quinta época, con el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Los Ejecutores y Notificadores adscritos a la Central de Ejecutores y Notificadores del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su correspondiente informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que la autoridad ordenadora aceptó el acto reclamado, por tanto, se tiene como cierto el acto de ejecución que se les atribuye. SEXTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, por ser de orden público, previo al estudio de fondo deben analizarse las causas de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: VI, Parte TCC, Página: 553, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Sobre el particular, después de realizar un análisis integran de las constancias que conforman el presente asunto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que reclama no afectan su interés jurídico, por las siguientes consideraciones. Al respecto, conviene precisar que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Es aplicable la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 35, Numero 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 1992, Octava Época, con número de registro 217651, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Es así, como se advierte que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, definiendo como perjuicio, para efectos del juicio de amparo, la afectación a los derechos o intereses de una persona derivada de la actuación de una autoridad, lo cual constituye el interés jurídico para instar la protección federal. Pues bien, para solicitar amparo el quejoso debe resentir un perjuicio directo sobre su esfera de derecho con motivo de un acto de autoridad; así, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que le sea restituido, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En resumen, existe interés jurídico cuando el promovente del amparo tiene una tutela que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa. En ese sentido, de las constancias que obran en autos, se advierte, que el quejoso José Antonio Huerta Peña, promovió el presente juicio de amparo, ostentándose como tercero extraño juicio ejecutivo mercantil 511/2003, de la estadística del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, promovido por Liberto Casanova Abad, en contra de Luis Arturo Solórzano Pardo y, aduce esencialmente que se violan en su perjuicio los 14 y 16 Constitucionales, toda vez que se pretende privarlo de sus derechos de posesión respecto del inmueble ubicado en calle Roberto Gayol 9-A, Circuito Ingenieros del Municipio de Naucalpan, Estado de México, inscrito en el Registro Público bajo el folio digital 00079663. Para acreditar la titularidad de los derechos que aduce tener el quejoso respecto del inmueble señalado en párrafo precedente, exhibió como prueba la siguiente: Copia certificada del contrato de comodato por tiempo definido (uno de enero de dos mil tres, al uno de enero de dos mil trece) y contrato de arrendamiento (dos de enero de dos mil trece, al dos de enero de dos mil veintiocho), celebrado entre Luis Arturo Solórzano Pardo y José Antonio Huerta Peña (aquí quejoso), de uno de enero de dos mil tres, respecto del inmueble calle Roberto Gayol 9-A, Circuito Ingenieros del Municipio de Naucalpan, Estado de México. Ahora, de las constancias de las que deriva el aco reclamado, se advierte que: Mediante ocurso de diez de diciembre de dos mil tres, Liberto Casanova Abad, por conducto de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil de Luis Arturo Solórzano Pardo, diversas prestaciones, demanda que radicó el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el once de diciembre de dos mil tres, bajo el número 511/2003. Previo el trámite correspondiente, el ocho de febrero de dos mil cinco, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó al trance y remate de los bienes embargados del deudor, una vez que se perfeccionara el embargo; misma que causó ejecutoria el dos de mayo del mismo año. Diligencia practicada el seis de enero de dos mil seis, en la que se fincó el embargo del inmueble señalado por la parte demandada como el ubicado en el número nueve "A", lote ciento ochenta y ocho, manzana cincuenta y siete del fraccionamiento Loma Suave, ubicado en Ciudad Satélite, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, inmueble registrado a nombre del demandado y de María Amparo Casanova González, ante el registro Público de la Propiedad de Tlalnepantla, Estado de México, identificado bajo los los datos registrales: partida 674 (seiscientos setenta y cuatro, volumen 1533 (mil quinientos treinta y tres), Libro Primero, Sección Primera. Oficio de veintinueve de septiembre de dos mil seis, signado por el Registrador de la Propiedad y del Comercio adscrito a los Municipio de Naucalpan y Huixquilucan, por el que se hace constar la inscripción del embargo antes precisado, datos registrales, partida 674 (seiscientos setenta y cuatro, Volumen 1533 (mil quinientos treinta y tres), Libo Primero, Sección Primera. En vía de ejecución forzosa de sentencia, por resolución de nueve de diciembre de dos mil quince, se adjudicó a favor de la parte actora el bien inmueble embargado y rematado en primera almoneda, ubicado en la casa en condominio con número interior nueve "A", manzana cincuenta y siete, lote ochenta y ocho, colonia Loma Suave (Ciudad satélite), Municipio de Naucalpan de Juárez. Auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por el que se precisa la ubicación correcta del inmueble rematado a favor de la parte actora, siendo el señalado como calle Roberto Gayol, casa en condominio número nueve "A", manzana cincuenta y siete, lote ciento ochenta y ocho, fraccionamiento Loma Suave, ubicado en Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México y, del que se ordena poner en posesión de la parte actora. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el artículo 2°. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte SCJN, quinta época, con el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, conforme a la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el ocho de febrero de dos mil cinco, en la que se condenó al trance y remate de los bienes embargados del deudor, así como en ejecución de la misma, el seis de enero de dos mil seis, tuvo verificativo el embargo del inmueble señalado por la parte demandada como el ubicado en el número nueve "A", lote ciento ochenta y ocho, manzana cincuenta y siete del fraccionamiento Loma Suave, ubicado en Ciudad Satélite, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; actuación esta última que, mediante oficio de veintinueve de septiembre de dos mil seis, signado por el Registrador de la Propiedad y del Comercio adscrito a los Municipio de Naucalpan y Huixquilucan, hizo constar su inscripción, bajo los siguientes datos registrales, Partida seiscientos setenta y cuatro, Volumen mil quinientos treinta y tres, Libro Primero, Sección Primera; la parte quejosa, carece de interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional. Lo anterior, ya que la copia certificada del contrato de comodato por tiempo definido (uno de enero de dos mil tres, al uno de enero de dos mil trece) y contrato de arrendamiento (dos de enero de dos mil trece, al dos de enero de dos mil veintiocho), celebrado entre Luis Arturo Solórzano Pardo y José Antonio Huerta Peña (aquí quejoso), de uno de enero de dos mil tres, respecto del inmueble calle Roberto Gayol 9-A, Circuito Ingenieros del Municipio de Naucalpan, Estado de México, es un documento que adquirió fecha cierta, hasta el doce de febrero de dos mil trece, ante la fe del Notario Público número Ochenta y Dos del Estado de México. Lo anterior, se afirma dado que, si bien es cierto el contrato es de fecha cierta, también lo es, que la certificación del citado contrato, la cual le da validez, es posterior a la sentencia dictada en el juicio natural, así como de la diligencia (seis de enero de dos mil seis), en que se perfeccionó el embargo del inmueble ordenado en la sentencia en cita; por lo que, no acredita para efectos del presente juicio de amparo, ser poseedor del inmueble descrito en párrafos que anteceden. Sobre ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, que contiene un contrato en el que se consignó un acto, es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes, dado que la esencia de tal requisito estriba en que no puede prefabricarse el pacto de voluntades con posterioridad a la muerte de cualquiera de las personas que intervinieron en él, entre, lo que da certeza de que antes del fallecimiento, el contrato ya se había elaborado; de ahí que si bien es cierto, el quejoso exhibe un contrato de comodato y arrendamiento, suscrito el uno de enero de dos mil tres, éste fue cotejado ante el Notario Público número Ochenta y Dos del Estado de México, hasta el doce de febrero de dos mil trece, con el cual el aquí quejoso pretende acreditar la posesión que dice detentar sobre el inmueble adjudicado a la parte actora en el juicio natural. Por lo expuesto, se llega a la conclusión de que el contrato de comodato y arrendamiento respecto del inmueble materia de ejecución del juicio, que exhibió el quejoso con su demanda amparo, carecía de fecha cierta al momento en el que se emitió sentencia y materializó el embargo en el juicio de origen (seis de enero de dos mil seis), ya que dicho documento adquirió fecha cierta a partir de la certificación; por tanto, dicho contrato no es oponible a terceros ni suficiente para acreditar la causa que genera la detentación del inmueble en controversia. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 1a/J 33/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 314, Tomo XXXII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2010, Novena Época, Materia Común, con número de registro 164080, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, con fundamento en lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo. El sobreseimiento decretado en el presente juicio se hace extensivo, respecto de los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, debido a que el acto que se les atribuye no se reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, con registro 239008, página 339, que establece: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN. NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del Tomo VI, Octava Época, página setecientos ocho, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por último, conviene precisar que los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y quinto, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y al tercero interesado ********; así como por lista electrónica a los diversos terceros interesados *********, por conducto de su albacea, ************* y demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
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