Eduardo Carranza Gómez
Expediente 1078/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eduardo Carranza Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpongan recurso de revisión contra el auto del veintinueve de septiembre de esta anualidad; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio, ha quedado firme. Infórmese a las partes la presente determinación, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y glósese el cuaderno incidental a este juicio de amparo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase a la Juez Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con él dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. En términos del artículo 119 de la legislación en mención, se tiene como prueba de la autoridad responsable las documentales que adjuntó al informe de cuenta. Por lo que respecta al correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución incidental del treinta y uno de julio del año en curso, en la cual el Juez responsable en el expediente 106/2023 de su índice, resolvió declarar infundado, improcedente e inoperante el recurso de revocación interpuesto por la parte aquí quejosa contra el auto del veintiocho de junio de la presente anualidad, por el que deja sin efectos el embargo practicado en el juicio, ante la falta de garantía otorgada ante el propio Juzgado, por el depositario designado al realizarse la diligencia de embargo, en cumplimiento al auto admisorio del ocho de febrero del año en curso. En ese sentido, de las documentales de cuenta se advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en las fracciones XIII y XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, deviene de uno diverso que consintió tácitamente durante la substanciación del juicio, por lo que, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, atento a las consideraciones siguientes. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Los preceptos invocados, prevén la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, ya sea expreso o tácito, los que establece, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la anterior transcripción se desprende que como se ha establecido la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, previene que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresamente o tácitamente, respectivamente, y la fracción XXIII, del precepto antes indicado, se refiere a los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley; por otra parte, el numeral 217 del ordenamiento legal en cita, se refiere a que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la creada por los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito y otras autoridades. Aceptado lo anterior, los tribunales federales han establecido jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de actos consentidos, como se observa en la jurisprudencia II.3º.J/69, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 45, Tomo 75, Marzo 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA". Los supuestos o elementos que hacen operante esta causa de improcedencia, son: a) La existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; b) Que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, y c) La situación jurídica del quejoso sea la misma frente al acto anterior, que frente al posterior. Apoya el criterio anterior, la tesis 3, publicada en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228 Primera Parte, Séptima Época, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, de contenido: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Esto es, el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido; es decir, que entre el acto reclamado y el anterior que se consintió, exista una relación de causa y efecto; o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover algún medio de defensa en contra del acto de autoridad; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, los que sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. La justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el gobernado mediante el juicio de amparo, o de hacerlo, se consintió su terminación, que no constituyó la concesión o negativa del amparo, ya que suponer lo contrario, implicaría dejar a la quejosa ante la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma frente al primer acto del procedimiento. Lo anterior, cobra vigencia, puesto que de las constancias remitidas por la Juez Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2o. de este ordenamiento legal, se tiene que, al emitir el acuerdo del ocho de febrero de este año, por medio del cual admitió a trámite la demanda, ordenó el requerimiento de pago, emplazamiento y embargo a la parte demandada, haciendo saber a la parte aquí quejosa que para la diligencia de embargo tenía que reunir los siguientes requisitos: "(.) Y para el caso de que no sea la propia demandada, o bien la interpósita persona, con quien a nombre de aquella se entienda la diligencia, el depositario designado por la parte actora, el designado por esta deberá previamente acreditar ante este Juzgado tener bienes inmuebles suficientes para responder del secuestro, o en su defecto exhibir fianza por el equivalente al DIEZ POR CIENTO del importe que reclama en concepto de suerte principal; esto con fundamento en el artículo 483 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia. Es aplicable a lo antes considerado la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª /J 152/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abra visible en la página 78 tomo XXVI, diciembre de 2007 del Semanario Judicial de laFederación y su Gaceta, que dice: (.)". Asimismo, se advierte que se realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento respectivo el catorce de junio de dos mil veintitrés. Por lo que la Juez responsable al proveer sobre la contestación de demanda el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ordenó levantar el embargo trabado en diligencia de emplazamiento de catorce de junio de dos mil veintitrés, dado que la depositaria designada no garantizó el encargo tal como se había ordenado en el auto admisorio, lo que a su vez reiteró en la resolución interlocutoria del treinta y uno de julio del año en curso, que reclama la parte quejosa. Asimismo, cabe precisar que el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictó sentencia definitiva y, de las constancias que remite, misma que causó ejecutoria el veinticinco de septiembre del año en curso; y, de cuya sentencia ejecutoriada, se advierte que condeno en el resolutivo "Cuarto", para el ".caso de que la parte demandada no realice el pago de las prestaciones a que ha sido condenada dentro del término concedido, embárguesele bienes de su propiedad, hágase trance y remate de ello..". En ese contexto, en principio se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que, de las constancias que remitió la autoridad responsable se tiene que la parte quejosa no interpuso medio de impugnación alguno en contra del auto del ocho de febrero de este año, por medio del cual se admitió a trámite la demanda, ordenó el requerimiento de pago, emplazamiento y embargo a la parte demandada, haciendo saber a la parte aquí quejosa que para la diligencia de embargo el depositaria designado debería garantizar previamente el encargo; de ahí que si el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por el que se ordenó levantar el embargo trabado en diligencia de emplazamiento de catorce de junio de dos mil veintitrés, por incumplir con los lineamientos previamente fijados y que fuera confirmado en la resolución que reclama de treinta y uno de julio del año en curso, resulta inconcuso que tal pronunciamiento deriva de lo consentido y establecido en el auto admisorio (ocho de febrero de este año), mismo que no fuera recurrido en tal aspecto, como lo es, que el depositario tenía la obligación de ".acreditar ante este Juzgado tener bienes inmuebles suficientes para responder del secuestro, o en su defecto exhibir fianza por el equivalente al DIEZ POR CIENTO del importe que reclama en concepto de suerte principal; esto con fundamento en el artículo 483 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia.". Siendo que, al no haberse inconformado con los requisitos establecidos plenamente para realizar el embargo, la actuación posterior como lo es, el levantamiento del embargo -al no haberse reunido lo requerido- y determinación que confirma dejar sin efectos el embargo, devienen del consentimiento tácito respecto de los requisitos impuestos al depositario que en su caso designara la parte actora en el juicio al pretender realizar el embargo; de lo que resulta que tal acto reclamado en la presente instancia, deriva de actuaciones que fueron consentidas por el promovente del amparo. Por tanto, la ulterior determinación que por esta vía reclama, deriva de actuaciones previamente consentidas, en contra de las que en su momento se encontraba en condición de promover oportunamente los recursos ordinarios que se encuentran a su alcance, lo que no aconteció en la especie. De ahí que el acto que ahora reclama sea una consecuencia directa del pronunciamiento decretado por la autoridad responsable vertido en el auto del ocho de febrero de este año, en el sentido que, para la diligencia de embargo la depositaria que designara la parte actora -aquí quejosa- debería garantizar previamente el encargo, ya que deriva del consentimiento del auto que proveyó sobre los lineamientos establecidos para practicar el embargo en juicio. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 961, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192238, que establece: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. LA SIMPLE EXPRESIÓN DE INCONFORMIDAD NO DESVIRTÚA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA. Si el quejoso alega no haber consentido el acto antecedente del que reclama en amparo, porque a través de diversos escritos expuso ante la autoridad responsable su inconformidad, debe decirse que una simple manifestación de inconformidad no tiene el carácter de medio de impugnación de los actos procesales, que permita estimar no consentido el acto respectivo. El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover la revisión del acto, es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de garantías, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento". Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte, Enero-Junio de 1988, visible en la página 52, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." Por otra parte, este Juzgado también advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por ende, inexiste necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. De la hipótesis invocada, se tiene que, resulta improcedente el juicio de amparo, no obstante que, aun cuando subsista el acto combatido, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, atento al cambio en el entorno en el que fue emitido y por tanto procedente sobreseer el juicio. Este Juzgado advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que de las constancias que se agregan en el presente auto, se tiene que el acto reclamado (de treinta y uno de julio del año en curso), fue emitido el previo al dictado de la sentencia la responsable, ya que de las constancias del juicio, se tiene que: En el expediente 106/2023, del índice del Juzgado Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, el veintiocho de agosto último, la Juez responsable emitió sentencia definitiva, en la que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones y, en su resolutivo "Cuarto", se estableció que "En caso de que la parte demandada no realice el pago de las prestaciones a que ha sido condenada dentro del término concedido, embárguesele bienes de su propiedad, hágase trance y remate de ello..". En veinticinco de septiembre del año en curso, se dictó auto por el cual causó ejecutoria la sentencia definitiva de mérito. En tales condiciones, si ya se emitió la sentencia definitiva dentro del juicio de origen, y ésta causó ejecutoria, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, derivado del cambio en el entorno jurídico en que se emitió el acto reclamado y la nueva resolución; ello, ya que si bien formalmente subsiste el acto reclamado, atento al estado procesal del juicio, mismo que ya cuenta con sentencia ejecutoriada, no pueden modificarse pronunciamiento emitido durante la secuela procesal del juicio, puesto que, al no haberse fincado en juicio embargo alguno de la demandada, conforme al mandamiento (embargo) ordenado en el auto por el que se admitió la demanda y con lo decretado en el considerando "Cuarto" de la sentencia, se modifica (sustituye) tal mandamiento de embargo por el emitido mediante sentencia ejecutoriada; por lo que, a nada practico conllevaría analizar la legalidad de un acto que ya no puede surtir efecto legal alguno, al haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, como lo es, al haberse emitido en el auto admisoiro, sin que al efecto se hubiera tenido por debidamente trabado formal embargo y por otra parte, el embargo, en su caso constituye materia de ejecución de la sentencia elevada a categoría de cosa juzgada, en la que se condenó al pago de diversas prestaciones y al efecto se ordenó el embargo de bienes, propiedad de la parte demandada. Lo anterior, hace evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que aun cuando subsista el acto combatido emitido durante la substanciación del juicio, no puede surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, atento al cambio en el entorno en el que fue emitido, como lo es, el dictado de sentencia condenatoria, misma que causó ejecutoria el veinticinco de septiembre del año en curso, y en la que se ordenó el embargo de bienes de la parte demandada Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con registro 173858, del siguiente rubro "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". En relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer el presente juicio, en términos de lo previsto en el las fracciones XIII, XXII y XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 63, fracción V y 217, todos de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, se dejan sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento de las partes, comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1078/2023-III; y, R E S U L T A N D O. I. **********, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. II. En auto de siete de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda y se ordenó formar el incidente de suspensión, en el cual solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y fijó día y hora para la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O. Único. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión en el juicio de amparo, se requiere lo siguiente: 1. Que expresamente la solicite el quejoso, 2. Que haya certidumbre de los actos cuya suspensión se solicita, 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión, 4. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto último en atención a lo previsto en el artículo 129 de la ley de la materia, 5. La realización de un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. De los puntos señalados se obtiene que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de los actos reclamados y de la violación alegada, así como a los daños y perjuicios que con la suspensión se originan al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público. Con relación al primer punto, se encuentra acreditado ya que el quejoso ********** solicitó la suspensión de los actos reclamados. El segundo punto se actualiza dado que la Juez Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución incidental del treinta y uno de julio del año en curso, en la cual el Juez responsable dentro de la fase de ejecución de sentencia dictada en el expediente 106/2023 de su índice, resolvió declarar infundado, improcedente e inoperante el recurso de revocación interpuesto por la parte aquí quejosa contra el auto del veintiocho de junio de la presente anualidad, y confirmó este último. En ese sentido, con fundamento en los artículos 128 y 138, fracción I, de la legislación de la materia, se niega la suspensión definitiva respecto de dicho acto reclamado, en virtud de que tiene el carácter de consumado, pues se consumó desde el momento mismo de su emisión, por lo que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva, por carecer dicha medida cautelar de efectos restitutorios, lo que es propio del fondo del juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número doce, publicada en la página 13, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del texto literal siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a **********, en términos de lo expuesto en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para notificar personalmente y emplazar a la tercera interesada **********, conforme lo ordenado en proveído del siete de septiembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos; atento a lo anterior, así como de las constancias que obran en autos, resérvese a proveer lo conducente, hasta que se cuente con las constancias donde emana el acto que se reclama en este asunto. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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