Eduardo Delfín Pérez
Expediente 172/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eduardo Delfín Pérez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de siete de marzo del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de marzo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. AMH/cpg*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que surta los efectos legales procedentes. En atención a su contenido, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto ********************/2023, orden ********************, de veintiuno de febrero del año en curso, mediante el cual se encomendó notificar los oficios 348-VI y 349-VI, dirigidos al Director General de Nuevos Centros de Población del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, ambos con residencia en Ciudad de México, mediante los cuales se les notifica el proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo a ********************, interponiendo recurso de queja contra el auto de quince de abril de mil novecientos noventa y uno; diligencias que se llevaron a cabo, el veintisiete de febrero pasado, como se advierte de las constancias que integran la comunicación que se recibe, por lo que téngasele por legalmente notificados de los citados oficios. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dese de baja la citada comunicación oficial como diligenciada; sin que sea necesario acusar el recibo de estilo toda vez que el mismo se genera al momento de su devolución. Finalmente, hágase del conocimiento del Ministerio Público de la Federación adscrito, el referido recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, corriéndole traslado con el escrito de agravios; por tanto, una vez integrado el citado medio de impugnación, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en ciudad. Notifíquese, y vía correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 07/03/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ******************** y dieciocho copias; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 172/2023-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En ese contexto, del libelo constitucional presentado por ********************, se desprende que carece de firma autógrafa, lo cual se afirma, toda vez que la que aparece al calce de la demanda no es original, sino una copia que no genera certeza de que hubiese sido estampada del puño y letra del promovente; lo que se robustece con la inscripción del sello de presentación de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de este Distrito de la que se lee "al parecer en copia" y la certificación secretarial de cuenta, aunado a que este Juzgador advierte la falta de dicha manifestación de la voluntad. Por tanto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XXIII y 6° de la Ley de Amparo, por lo que se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En ese contexto, si la demanda de amparo carece de firma autógrafa, como en el caso acontece, no se puede considerar que ******************** esté ejerciendo la acción constitucional, pues conforme al referido numeral 6 de la Ley de Amparo, la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover el juicio de amparo, mismo que se rige por el principio de instancia de parte agraviada establecido en el citado numeral, que preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, o través de su representante legal o de su defensor. Por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ende, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado en original, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante; por tanto, cuando se considere que no se reúne ese requisito, la demanda deberá desecharse, tomando en consideración que la firma es un requisito insubsanable de la demanda, puesto que expresa la voluntad de quien la suscribe, avalando a través de ella su contenido. Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando la parte quejosa no se encuentra identificada, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Entonces, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el diverso 108 de la aludida ley. Además, tomando en consideración que el juicio de amparo es un procedimiento escrito, y por ende, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma, o bien en su defecto, mediante la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, para el dado caso que no sepa firmar o se encuentre impedido para hacerlo, de ahí que, ante la falta de dicho requisito, no hay forma de saber si es voluntad de la persona hacer valer su derecho de promover el juicio de amparo. Robustece lo anterior, la tesis número VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página trescientos tres, Tomo XV-2, Febrero de 1995, registro 208351, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Así como la sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos trece, Tomo VII, Enero de 1991, registro 223817, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." Máxime que la demanda de amparo no fue presentada vía electrónica como lo contempla el artículo 3 de la ley de la materia, pues se efectúo por medio del buzón judicial en el que no obra intervención alguna por el personal adscrito a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, por tanto, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén integrados y dirigidos recae en los usuarios. Apoya lo anterior la tesis número XVII.7 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página dos mil ciento cincuenta y cuatro, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, registro 2009142, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Sin que con lo anterior, el que suscribe esté contraviniendo el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional, pero esa garantía no es absoluta ni irrestricta a favor del gobernado, porque el constituyente otorgó a los órganos legislativos el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, sino que incluye además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador previó para cada clase de procedimiento. Exacta aplicación tiene la jurisprudencia 113/2001 del Pleno del más alto tribunal constitucional del país, consultable en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, septiembre de 2001, Novena Época, de título y contenido siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Además. lo aquí sustentado es acorde con la jurisprudencia número 2a./J. 32/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página tres mil seiscientos treinta y dos, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, registro 2000130, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." la cual es carácter obligatoria en términos del artículo 217 de la ley de la materia, pues como ya se dejó asentado en párrafos que preceden la demanda de cuenta fue presentada en el buzón judicial y la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito asentó la razón correspondiente, en el sentido de que la demanda fue presentada sin firma autógrafa en original del promovente sino en copia, circunstancia por la cual no es válido presumir que se exhibió en original. Consecuentemente, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio, procede DESECHAR la demanda de amparo referida, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Téngase por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas mencionadas, por no encontrarse registrados en el mencionado sistema ni proporcionar su número de cédula profesional para su localización en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes.
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