Eduardo Cruz González

Expediente 375/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
375/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Cruz González
  • Juez Primero de Primera Instancia, En San Andrés Tuxtla, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se ordenó dar vista a las partes con el contenido del oficio y anexo al que se le dio el número de registro 3199, por el término de tres días, para que realizaran las manifestaciones que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento efectuado por la autoridad responsable. Ahora bien, antes de resolver si está cumplida o no la sentencia de mérito, es importante destacar que mediante auto de once de marzo del dos mil veinte se dio vista del cumplimiento a las partes y a través del proveído del veintitrés de noviembre de dos mil veinte no se tuvo por cumplida la misma, ya que no fijó de manera concreta los hechos ilícitos imputados al peticionario de amparo, pues, sólo se limitó a establecer que los hechos ilícitos se llevaron a cabo con la "intervención" del quejoso, pero no señaló en qué consisten esos hechos, obtenidos de lo planteado por el Ministerio Público en el pliego de consignación, que constituyen la intervención del quejoso en ellos y con esto concretar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el quejoso participó en el ilícito imputado. Por lo anterior, se requirió nuevamente a la autoridad responsable el debido cumplimiento de la ejecutoria y mediante el acuerdo del dieciséis de diciembre del dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento en cita, por lo cual se le dio vista a las partes con dicho cumplimiento. No obstante, a través del proveído cuatro de marzo del presente, nuevamente se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que no cumplía a cabalidad con los efectos jurídicos ordenados en la ejecutoria de mérito, es decir, en ésta no se fijó de manera concreta los hechos ilícitos imputados al peticionario de amparo, pues como se indicó en la sentencia amparadora, del pliego de consignación realizado por el agente del Ministerio Público Investigador se pudo advertir claramente que dichos hechos, consistentes en proporcionar el vehículo para la realización de la privación de la libertad de la víctima directa, así como prestar auxilio vigilando en un lugar diverso a aquél en que se llevó materialmente esa conducta, con lo cual se afirma que el quejoso es partícipe material, no son hechos que hayan sido materia de la consignación efectuada por el Ministerio Público Investigador. Con motivo de lo anterior, es que nuevamente se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Una vez puntualizado lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. De acuerdo a los antecedentes de este expediente, por sentencia autorizada el quince de enero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa ********************el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos y para los efectos siguientes: En las anotadas circunstancias, en reparación a las aludidas violaciones formales, lo procedente es conceder al quejoso ********************el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en una nueva que dicte, con plenitud de jurisdicción, analice las omisiones advertidas en el pliego de consignación, y de ser el caso, fije en concreto los hechos ilícitos imputados al peticionario de amparo, así como la conducta en específico que dicho impetrante desplegó para obtener el resultado punible y así concretice las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el quejoso participó en el ilícito imputado por el representante social. De las constancias remitidas por el Juez responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa declaración de dejar insubsistente la resolución dictada el diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la diversa de seis de marzo de dos mil veinte y la del tres de diciembre de dos mil veinte, dictadas en los autos de la causa penal ********************de su índice, emitió la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, y de las cuales se advierte que se cumple con la sentencia de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que la autoridad responsable en el apartado VII. Probable responsabilidad penal", hizo constar lo siguiente: "La que el Ministerio Publico le atribuye a ********************, como probable responsable del delito de SECUESTRO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo . vigente en la fecha de los hechos ocurridos el veintitrés del mes de julio del año dos mil catorce, cometido en agravio, de la libertad de la persona que se resguarda su identidad con iniciales ******************** como se precisará este fallo, ésta no quedó justificada, con las pruebas que obran en autos, al ser valoradas en lo individual y de su índice lógico y natural en su conjunto conforme a los numerales 214, 215 y 277 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, al no desprenderse indicios suficientes para tener por acreditada su responsabilidad a título de probabilidad. . En el caso a estudio se hace necesario en cabal cumplimiento a lo establecido por la autoridad Federal señalar de manera concreta los hechos ilícitos imputados al peticionario de amparo, esto es, en qué consisten esos hechos obtenidos de lo planteado por el Ministerio Público en el pliego de consignación, que constituyen la intervención del aquí inculpado en ellos y con esto estar en posibilidad a título de probable concretar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el citado ********************, participó en el ilícito imputado, para lo cual del escrutinio de la Consignación número 077 de fecha veinticinco del mes de julio del año dos mil catorce (foja 1), estableció en el punto SEGUNDO ".Se ejercita acción penal y reparadora del daño; solicitando C. Juez, libre la correspondiente ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de ******************** quien se encuentran sustraído de la acción penal; en la comisión del delito de SECUESTRO en agravio de en agravio de ********************" no obstante, no se advierte que el fiscal haya establecido cual es el hecho en concreto imputado al peticionario de amparo, sin embargo de la determinación, en el apartado de la PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL, estableció: . De lo anterior, se tiene que el fiscal en la parte última del apartado de la PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL, estableció de manera concreta cual es la participación que le imputa a ********************, y otros, consistente en ser quien en unión de diversos coacusados "habían planeado privar de la libertad al ********************" Sin embargo, contrario a la imputación que hace el fiscal investigador a ********************, del estudio de las pruebas que relacionó para tener por acreditada a título de probable, la responsabilidad penal en la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO, cometido en agravio de la libertad de la persona que se resguarda su identidad con iniciales ********************, no se advierte prueba idónea, pertinente, y suficiente, para acreditarlo. Conclusión a la que se arriba toda vez que si bien, el Fiscal Investigador transcribió las declaraciones de PEDRO FISCAL RODRÍGUEZ, ÁLVARO HERÁNDEZ FLORES, PEDRO GALINDO CHAGALA, ANTONIO GALINDO CHAGALA, SANTA ROSALINA GALINDO CHAGALA, JOSÉ CARLOS CORTEZ ROMERO, no se puede establecer la PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS del citado ********************, en los términos imputados, así como la conducta en específico que dicho impetrante desplegó, para obtener el resultado punible y así concretizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el quejoso participó en el ilícito imputado por la representación social. Ello, como se dijo para establecer la probable responsabilidad en la comisión del delito que le imputa el fiscal investigador al quejoso, a pesar de que transcribió las declaraciones de ********************, al respecto el primero de las declaraciones de los antes nombrados dijo: . . Por lo que al justipreciar las pruebas en lo individual, y de su enlace lógico y natural, no permiten acreditar que conforme a lo señalado por el Fiscal Investigador dentro de la determinación ministerial y consignación, conforme a lo establecido por la autoridad federal, que los hechos que la fiscalía le imputa al aquí inculpado ********************, quien en unión de diversos coimputados "habían planeado privar de la libertad al ********************", así como la conducta en específico que dicho impetrante desplegó para obtener el resultado punible y así concretizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el quejoso participó en el ilícito imputado por la representación social. . Tomando en consideración que en la especie la insuficiencia de pruebas, que acrediten la probable responsabilidad que le imputa el fiscal investigador a ********************, en razón de que no se advierte en autos probanza idónea, pertinente y suficiente que vincule al acusado con la comisión del delito analizado en los apartados anteriores, ya que si bien********************, señalan el primero que el día viernes dieciocho de julio del año dos mil catorce cuando eran como a las cinco de la tarde, llegó EL COPIAS DE CALERIA y otro sujeto a su casa, y le dijeron de esa "chamba", le dijeron que iban a secuestrar a un chavo de tres años y que lo iban a secuestrar el día domingo con el morro pero no llegaron, lo cual no es suficiente. Y por su parte ********************en lo que interesa señaló que el día veintidós de julio del año dos mil catorce, cuando eran como a las once de la noche, fueron a su domicilio dos jóvenes en un coche rojo mentado COPIA, y agregó que los que secuestraron al señor ******************** y la señora fueron ******************** que no sabe su apellido, y otro amigo que se apellida ********************, que eso lo planeo ******************** dio todos los informes sobre los movimientos del señor y ********************, no obstante, el señalamiento resulta impreciso, no establece con claridad cual fue la forma en la que a su decir el quejoso planeó el delito, por ello se llega a la firme conclusión, que no existe diversa prueba que lo corroboré, dado la insuficiencia probatoria, no resultan idóneas para acreditar este extremo. Amén de que, quien se dijo inculpado ********************, al declarar en preparatoria se reservó su derecho a declarar. . Por lo que al no poder considerar que obran en autos pruebas de cargos suficientes para enervar el principio de la presunción de inocencia del imputado, tomando en consideración que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que de los artículos. deriva el principio de presunción de inocencia y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional, y tomando en consideración que el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la justicia que imparte el Estado debe ser completa.En este orden, al momento de resolver la situación jurídica de ******************** no se logra demostrar la probable responsabilidad criminal en los términos que fue imputado por el fiscal investigador, es por lo que el suscrito está obligado a dictar resolución en la que se ocupe de todas las cuestiones planteadas (artículo 17, segundo párrafo), y en esta tesitura, hay que tomar en cuenta los principios LEGALIDAD, CULPABILIDAD, atento a lo que previene el diversos 3º del mismo ordenamiento legal; y 5º del Código Adjetivo Penal,. De lo que se colige, procedente resulta concluir que en el presente asunto si bien existen datos que acrediten el cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO, previsto por el artículo 9, fracción I, inciso a), y sancionado en el numeral 10 fracción I, incisos a), b), y c) ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, los mismos resultan insuficientes, para acreditar la probable responsable penal, en los términos que la representación social imputa a ********************, por lo que en consecuencia lo que procede es dictar el CORRESPONDIENTE AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR A FAVOR DE ********************, AL NO ACREDITARSE LA PROBABLE RESPONDABLIDAD EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO, CONFORME A LA IMPUTACIÓN QUE REALIZÓ EL, FISCAL INVESTIGADOR, cometido en agravio de la libertad del agraviado de nombre protegido identificado con las iniciales ********************" Como se puede observar, la autoridad responsable en su resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria aquí dictada procedió a analizar las omisiones advertidas en el pliego de consignación y concluyó que en el asunto puesto a su consideración, si bien existen datos que acrediten el cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO, previsto por el artículo 9, fracción I, inciso a), y sancionado en el numeral 10 fracción I, incisos a), b), y c) ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cierto es también que los mismos resultan insuficientes, para acreditar la probable responsable penal, en los términos que la representación social imputa a ********************, por lo que decretó en su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar. En relación con lo anterior, el juez responsable indicó llegar a esa conclusión, pues si bien el Fiscal Investigador transcribió las declaraciones de los********************, no se puede establecer la participación en los hechos al citado quejoso, en los términos imputados, así como la conducta en específico que dicho impetrante desplegó, para obtener el resultado punible y así concretizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el quejoso participó en el ilícito imputado por la representación social. Además, también consideró la autoridad responsable que de las pruebas en lo individual y de su enlace lógico y natural, no permiten acreditar que conforme a lo señalado por el Fiscal Investigador dentro de la determinación ministerial y consignación, que los hechos que la Fiscalía le imputa al aquí quejoso participó en el ilícito imputado. Agregó, que acorde al principio de la presunción de inocencia sobre el quejoso, no puede considerar que obran en autos pruebas de cargos suficientes y que al momento de resolver la situación jurídica del quejoso no se logra demostrar la probable responsabilidad criminal en los términos que fue imputado por el fiscal investigador Con lo anterior, se constata que la autoridad responsable cumple a cabalidad con los efectos jurídicos ordenados en la ejecutoria de mérito, esto es, pues emitió una diversa resolución, con plenitud de jurisdicción, en la cual decretó auto de libertad a favor del quejoso al indicar la imposibilidad de establecer la participación en los hechos al citado quejoso, en los términos imputados. Ahora, debe quedar patente para los efectos legales procedentes que el cumplimiento de la ejecutoria no involucraba necesaria y forzosamente el resolver dictando auto de libertad por falta de elementos para procesar, por el juez responsable, lo que en todo caso recae en la responsabilidad de la propia autoridad y, por el propio efecto de la sentencia de amparo, la resolución dictada en su cumplimiento por la responsable jurídicamente puede combatirse por los medios ordinarios. Sirve de apoyo por la idea que contiene, la jurisprudencia I.1º.P. J/1 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Tomo IV, Septiembre de 1996, página 467, registro 201568, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: FORMAL PRISION, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la ley de amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, de conformidad con lo establecido por el citado artículo 196, párrafo cuarto, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Devuélvase al Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, Veracruz, el tomo de pruebas que se formó con las copias certificadas del expediente de la causa penal ********************de su índice y que adjuntó a su informe justificado contenido en el oficio 2846 de trece de junio de dos mil diecinueve, ya que en párrafos precedentes se ha ordenado el archivo de este asunto como totalmente concluido. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada y por lista de acuerdos a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente la Juez Marisol Barajas Cruz, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Adrián Andrade Paredes, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe.AAP/maad

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos sin mayor proveer el oficio y anexo remitido por el Juez Primero de Primera Instancia Interino, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, ya que mediante acuerdo de veintitrés de marzo de este año, se acordó lo conducente a su contenido y se ordenó dar vista a las partes. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirva proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte se ordenó dar vista a las partes con el contenido del oficio y anexo al que se le dio el número de registro 11839, por el término de tres días, para que realizaran las manifestaciones que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento efectuado por la autoridad responsable. Mediante auto de catorce de enero de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, en el que se le tuvo desahogando la vista concedida mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte y por hechas sus manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto por parte del Juez responsable. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si está o no cumplida la ejecutoria de amparo. De acuerdo a los antecedentes de este expediente, por sentencia autorizada el quince de enero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa ********************el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos y para los efectos siguientes: En las anotadas circunstancias, en reparación a las aludidas violaciones formales, lo procedente es conceder al quejoso ********************el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada y en una nueva que dicte, con plenitud de jurisdicción, analice las omisiones advertidas en el pliego de consignación, y de ser el caso, fije en concreto los hechos ilícitos imputados al peticionario de amparo, así como la conducta en específico que dicho impetrante desplegó para obtener el resultado punible y así concretice las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el quejoso participó en el ilícito imputado por el representante social. De las constancias remitidas por el Juez responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa declaración de dejar insubsistente la resolución dictada el diecisiete de abril de dos mil diecinueve y la diversa de seis de marzo de do mil veinte, dictadas en los autos de la causa penal ********************de su índice, emitió la resolución de tres de diciembre de dos mil veinte, y de las cuales se advierte que cumple parciamente con la sentencia de amparo. Ello es así, pues si bien dejó insubsistente la resolución dictada el diecisiete de abril de dos mil diecinueve que constituye el acto reclamado y la diversa de seis de marzo de dos mil veinte, respecto de la cual se emitió pronunciamiento en el sentido de no tenerse por cumplida con ésta la ejecutoria de amparo, en la que se dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso ********************; lo cierto es que no cumplió con lo establecido en el considerando quinto de la sentencia de mérito, en lo relativo a que dicha autoridad debe analizar las omisiones advertidas en el pliego de consignación, y que de ser el caso, fije en concreto los hechos ilícitos imputados al peticionario de amparo, así como la conducta en específico que dicho impetrante desplegó para obtener el resultado punible y así concretice las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el quejoso participó en el ilícito imputado por el representante social. Al respecto, la autoridad responsable en su resolución de tres de diciembre de dos mil veinte, al analizar la probable responsabilidad del quejoso en este asunto, se advierte que transcribió el apartado denominado "LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL", del pliego de consignación en que se ejerció acción penal, a más de otros, en contra de ********************y posteriormente señaló textualmente: De lo anterior, se tiene que si bien el fiscal en la parte última del apartado de la PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL omitió establecer de manera concreta cual fue la participación del aquí inculpado ********************, al inicio de su (sic) del apartado es claro en establecer que "(.) está acreditada en actuaciones con el material de prueba recabado durante la investigación, valorado como lo establece el artículo 277 en relación con el numeral (sic) ambos del Código Procesal penal en Vigor de la entidad, ya que contamos con la confesión realizada por los sujetos activos, de este delito de secuestro agravado (.)", para lo cual transcribió las declaraciones de ********************, de donde se desprende la participación en los hechos, del citado ********************ALIAS "EL COPIA", dado que de la declaración de ********************, ********************, ********************, lo señalan como el que consiguió la camioneta Cherokee, que fue utilizada para privar de la libertad al agraviado de nombre protegido e identificado como ******************** así también participo como autor material, esperando en Cabada con el taxi para darles protección mientras privaban de la libertad al pasivo, y así poder llevar al secuestrado hasta Sihuapan, Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a la casa de ********************, lugar donde estuvo privado de su libertad, puesto que no debemos perder de vista que conforme a la prueba circunstancial, la cual está sustentada en el valor incriminatorio de los indicios y de la cual se trata de desprender su relación con el hecho indagado, ejercicio que realizó la autoridad ministerial, en el apartado de la probable responsabilidad penal que nos ocupa, donde al final describe de acuerdo a su razonamiento la conducta desplegada sólo por algunos de las personas sobre las cuales ejercita la acción penal, como son ******************** (A) "EL MICHOACANO", ISAID, PEDRO Y ANTONIO DE PAELLIDOS GALINDO CHAGALA, ********************, omisión del órgano técnico que no constituyen un impedimento para constatar el acreditamiento del cuerpo del delito y la demostración de la probable responsabilidad, que son presupuestos jurídicos para el dictado de la formal prisión, dado que de las constancias de autos y sobre todo del apartado de la probable responsabilidad penal de la determinación, se desprende su probable participación en los hechos que nos ocupan, ello, sin que este Juzgado se ponga en una posición de franca violación al principio de imparcialidad judicial. Puesto que ordenar la devolución de la consignación al Ministerio Público para que la subsanara, a fin de que con posterioridad estuviera en condiciones de ejercer nuevamente la acción penal, sufriendo prisión preventiva el aquí quejoso, se estarían violando más derechos humanos, pues esa deficiencia en particular se ve subsanada con lo establecido al inicio del apartado de la consignación penal, al señalar que la conducta desplegada entre otros por ********************, se desprende de lo que declaran los coinculpados ********************, ********************, PEDRO GALINDO CHAGALA, ********************, SANTA ROSALINA GALINDO CHAGALA Y JOSÉ CARLOS CORTEZ ROMERO. Ahora bien, si el juzgado federal concedió el amparo, ordenando a este juzgador, dicte, con plenitud de jurisdicción, analizando las omisiones en el pliego de consignación, y de ser el caso, fije en concreto los hechos ilícitos imputados al peticionario de amparo, así como la conducta en específico que dicho impetrante desplegó, para obtener el resultado punible y así concretice las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el quejoso participó en el ilícito imputado. Lo anterior, da pauta para que este órgano jurisdiccional fije en concreto los hechos imputados al quejoso, y la conducta específico (sic) que desplegó para así obtener las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para lo cual se tiene que veintiuno de julio de dos mil catorce, ********************consiguió la camioneta Grand Chrokee de color oro, así también el veintitrés de julio del año dos mil catorce, participó como autor material, esperando en Cabada con el taxi para darlos protección mientras privaban de la libertad al pasivo, y así poder llevar al secuestrado hasta Sihuapan, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a casa de ********************, a donde llegaron el veintitrés de julio de dos mil catorce, alrededor de las once de la mañana, lugar donde estuvo privado de su libertad. De lo que se tiene que al justipreciar las pruebas en lo individual, y de su enlace lógico y natural, permiten acreditar que conforme a lo señalado por el Fiscal Investigador dentro de la determinación ministerial y consignación y conforme a lo establecido por la autoridad federal, que los hechos que la fiscalía le imputa al aquí inculpado, junto con los coinculpados, planeó la privación de la libertad de ******************** describiendo las conductas que realizaron para llevar a cabo dicho antisocial, tal como puede verse de la declaración de ********************, quien al declarar señala que. (se transcribe); y lo señalado por ******************** señaló que. (se transcribe); que fue ******************** ALIAS "EL COPIA", quien consiguió la camioneta Cherokee y que, en unión de otros sujetos, el veintitrés de julio del año dos mil catorce, alrededor de las once de la mañana (circunstancia de tiempo), cuando se encontraba la víctima directa del delito de nombre protegido de iniciales ********************, acompañado de la C. ********************salían del rancho denominado Piedra Hincada ubicado en Lerdo de Tejada, Veracruz, abordo de la camioneta marca Ford, Ranger, modelo 2002 y (sic) iban por donde estaban unos cañales, vieron una camioneta tipo Cherokee, parada tapando el camino (circunstancias de lugar), siendo precisamente ********************, junto con ********************intervinieron al señor ********************, y ********************y ********************de apellidos ********************, intervinieron a la acompañante del señor ********************, llevando a estos señores a una casa en la comunidad de Sihuapan y el aquí inculpado ******************** (a) "EL COPIA" esperó en Cabada con el taxi para que (sic) darles protección mientras privaban de la libertad al pasivo, y así poder llevar al secuestrado hasta Sihuapan, Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a la casa de ******************** lugar donde estuvo privado de su libertad y en donde tiene participación quien responde al nombre de ********************Fiscal Rodríguez (circunstancias de modo), lugar donde a la postre al otro día en la madrugada fueron rescatados por militares -el veinticuatro de junio de dos mil catorce, a la una de la mañana- con lo cual quedó debidamente comprobados todos y cada uno de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del cuerpo del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo artículo (sic) 9 fracción I, inciso a) en relación al diverso 10 fracción I, incisos a) b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro vigente en el momento de los hechos, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la probable responsabilidad en su comisión de ******************** ALIAS "EL COPIA", en su calidad de autor material del delito conforme al numeral 37 del Código Penal. De lo antes transcrito se advierte que el Juez responsable afirma que si bien el fiscal que ejerció acción penal en contra del quejoso omitió establecer de manera concreta cuál fue la participación de éste, lo cierto es que al inicio de su apartado estableció que ello está acreditado con el material de prueba recabado durante la investigación para lo cual transcribió diversas declaraciones, de las cuales se obtiene que el quejoso fue quien consiguió la camioneta Cherokee, que fue utilizada para privar de la libertad al agraviado y que también participó como autor material, esperando en Cabada con el taxi para darles protección mientras privaban de la libertad al pasivo y así poder llevar al secuestrado hasta Sihuapan, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Sin embargo, contrario a las aseveraciones realizadas por el juez responsable y como se dejó establecido en la ejecutoria de amparo, la labor del órgano jurisdiccional se ciñe a fijar la materia del proceso, con base, única y exclusivamente en la imputación hecha por el Ministerio Público. Con ello, el Juez depura la acusación, lo que bajo ninguna circunstancia puede significar que ante la deficiencia de la misma, aquél deba suplir ya sea la argumentación y, en especial, la fijación de los hechos, con base en las probanzas que obren en la indagatoria pues, como ya se dijo, esa es labor exclusiva del órgano acusador. Sin que sea válido indicar que en la consignación respectiva el fiscal haya establecido que la probable responsabilidad penal, o la fijación de los hechos de la imputación, se encuentre acreditada en actuaciones con el material de prueba recabado durante la investigación, pues ello equivale a permitir precisamente que sea el juez, quien fije los hechos imputados a partir del análisis de las pruebas recabadas en la indagatoria, lo que como se indicó en la ejecutoria de amparo, se encuentra prohibido, pues así lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que el Juez no puede variar los hechos materia de la consignación y considerar las actuaciones de la indagatoria y los hechos que de ellas se deriven, cuando no los hubiera señalado el Ministerio Público en el pliego de consignación, a fin de determinar la situación jurídica del inculpado; lo que evidentemente se realiza cuando se pretende subsanar la omisión del fiscal de precisar los hechos de la imputación, bajo el argumento de que éste señaló que los mismos se encuentran acreditados con las pruebas recabadas en la indagatoria. Además, la referida Sala determinó que las funciones que desempeñan el Ministerio Público como órgano acusador, y el Juez como rector del proceso, no pueden concurrir, ya que la función del Juez es determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, fijando la materia del proceso con base única y exclusivamente, en la imputación realizada por el Ministerio Público, sin que pueda asumir el papel de acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público, pues ello tornaría al proceso penal en un proceso inquisitivo. Asimismo, a juicio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. Indica que esa prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos probados, mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta probado el hecho presunto. De ahí que, contrario a lo afirmado por la autoridad responsable, la prueba circunstancial no tiene por objeto el precisar los hechos de la imputación, como se pretende realizar en la resolución que ahora se analiza, pues ello era obligación de la representación social al realizar el ejercicio de la acción penal. Con lo anterior, se constata que la autoridad responsable no cumple a cabalidad con los efectos jurídicos ordenados en la ejecutoria de mérito, es decir, en ésta no se fija de manera concreta los hechos ilícitos imputados al peticionario de amparo, pues como se indicó en la ejecutoria de amparo, del pliego de consignación realizado por el agente del Ministerio Público Investigador se puede advertir claramente que dichos hechos, consistentes en proporcionar el vehículo para la realización de la privación de la libertad de la víctima directa, así como prestar auxilio vigilando en un lugar diverso a aquél en que se llevó materialmente esa conducta, con lo cual se afirma que el quejoso es partícipe material, no son hechos que hayan sido materia de la consignación efectuada por el Ministerio Público Investigador. En ese tenor, ante el defecto en el cumplimiento de la sentencia, el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz deberá dejar insubsistente la resolución de tres de diciembre de dos mil veinte emitida en la causa penal ********************de su índice, a fin de que cumpla con los lineamientos trazados en la ejecutoria de mérito. En consecuencia, se requiere nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cabal cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, subsanando los puntos antes detallados, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del término que se le señala se le impondrá una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, con fundamento en el artículo 258 de la actual Ley de Amparo, y se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la misma ley. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    ...Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que las labores de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación se suspendieron del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, debido a la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); en ese tenor, se dictaron medidas preventivas en relación a materia de salubridad general para combatir dicho virus, determinadas por la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, entre las que determinó suspender labores con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del referido virus en la comunidad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y muertes en la población residente en el territorio nacional, por lo que no corrieron términos, de manera que se privilegió el trabajo a distancia y únicamente presencial en los órganos jurisdiccionales de guardia con la finalidad de que asistiera al personal correspondiente a realizar el trámite de urgente a los asuntos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ahora, en la Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de este año, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus Covid-19 a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, por tanto, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, al levantarse el doce de enero de dos mil veintiuno la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes el escrito signado por Ángel Cobix Antele, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista concedida mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, y por hechas sus manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto por parte del Juez responsable, lo que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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