Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes

Expediente 447/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
447/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; el escrito de cuenta, signado por el quejoso Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes, mediante el cual solicita se le haga devolución de la documental consistente en el oficio DPSE/DPEP/0794/2020 de seis de febrero de dos mil veinte, emitido por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el cual obra en autos; en esa razón y atendiendo a que no existe inconveniente legal alguno, devuélvase al promovente de mérito la documental que requiere, previa copia cotejada que se deje en autos, así como constancia de recibido que otorgue. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio y en el segundo se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 3 Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 447/2020-3, promovido por Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorios de los artículos 1º, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 05 a 09), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, en dos de marzo siguiente, Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1.- Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS ".LA NEGATIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE TABASCO (ISSET) DE PERTENECER AL REGIMEN DE LA LEY DEL ISSET ABROGADA de 1984; de lo cual me entero a través de El oficio DPSE/DPEP/0794/2020 de fecha 06 de febrero de 2020 dictado por el instituto de seguridad social del estado de Tabasco (ISSET). Firmado por el Dr. Armando León Bernal Director Del Instituto De Seguridad Social Del Estado de Tabasco (ISSET).(Sic.) SEGUNDO. RADICACIÓN Y RETURNO DE LA DEMANDA. En tres de marzo de dos mil veinte (fojas 14 y 15), el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, radicó la demanda que fue registrada con el expediente 402/2020-V, y estimó que este órgano jurisdiccional, conoció previamente el diverso amparo 2124/2019-8, en el cual el oficio reclamado fue emitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictado en el citado juicio, por lo que ordenó remitir los autos para que éste juzgado determinara lo conducente. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por tanto, el cinco de marzo de dos mil veinte (fojas 17 a 21), este juzgado se avocó del conocimiento y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 447/2020-3; se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". QUINTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte (fojas 41 a 44), se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a trascurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. SEXTO. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. En proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veinte (fojas 47 y 48) se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación del referido acuerdo, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable respecto del acto reclamado, a la autoridad denominada Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, se entendería que no la designada como tal y se resolvería el presente asunto respecto del acto y autoridad reclamada en su escrito inicial de demanda. SÉPTIMO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA RESPECTO A UNA AUTORIDAD RESPONSABLE. En proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, en vía ampliación de demanda de amparo señalando como autoridad responsable al Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; por tanto, se pidió informe con justificación a la aludida autoridad responsable. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus CAVAD-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda y en su escrito de ampliación de la misma se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: El oficio DPSE/DPEP/0794/2020, de seis de febrero de dos mil veinte, mediante el cual el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco dio respuesta a su petición formulada mediante escritos de veintidós de enero y veintinueve de junio de dos mil dieciséis presentado ante la responsable el ocho de febrero y treinta de junio del citado año, en el cual le negó su permanencia al régimen de la Ley de dicho instituto abrogada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Titular de la Unidad de Apoyo Jurídicos en representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado (foja 26 a 31), negó la existencia del acto que se le reclama consistente en el oficio DPSE/DPEP/0794/2020, de seis de febrero de dos mil veinte, mediante el cual el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco dio respuesta a su petición formulada mediante escritos de veintidós de enero y veintinueve de junio de dos mil dieciséis presentado ante la responsable el ocho de febrero y treinta de junio del citado año, en el cual le negó su permanencia al régimen de la Ley de dicho instituto abrogada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no obstante que refiere que dicho acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado; sin embargo, de la lectura del propio acto reclamado se advierte que dicho acto fue emitido por el Director de Prestaciones Socioeconómicas de dicho instituto, lo cual no fue desvirtuado por el quejoso aun cuando se le dio vista en proveído de seis de agosto de dos mil veinte. En virtud de lo anterior, se considera que el acto atribuido a la referida autoridad responsable es inexistente, toda vez que la parte quejosa no desvirtúa la negativa de la referida autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO del referido acto reclamado a la autoridad responsable anteriormente señalada. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en representación del Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado (foja 66 a 71), admitió la existencia del acto que se le reclama y negó que sea ilegal al considerar que el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado. Sin embargo, la certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada del oficio DPSE/DPEP/0794/2020, de seis de febrero de dos mil veinte (fojas 33 y 34), que anexó a su informe justificado la diversa autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, el cual le fue notificado a la parte quejosa el diez de febrero del presente año. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. QUINTO. DESESTIMACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, hizo valer como causal de improcedencia la prevista en la fracción IV, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, pues refiere que la demanda de amparo intentada por el quejoso fue presentada en forma extemporánea al haber transcurrido el termino de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de la Materia; lo anterior, en razón de que el oficio impugnado le fue notificado el diez de febrero de dos mil veinte y el escrito de demanda fue presentado el dos de marzo siguiente, por lo que el referido término de quince días ya había trascurrido y apoya lo anterior, en lo considerado en la tesis aislada I.4o.A.20 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 477, Abril de 1996, Tomo III, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, y literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIEDSE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Sin embargo, el criterio que invoca la responsable además de no ser de observancia obligatoria, tampoco resulta orientadora en el presente asunto, en virtud de que en el caso, la demanda de garantías sí fue presentada dentro del término de quince días a que alude el artículo 17 de la ley de Amparo, como a continuación se expone. En el caso, la fracción XIV, primer párrafo, del numeral 61 de la ley de la materia, en relación con los artículos 17 y 18 de esa legislación, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.).". Del dispositivo transcrito se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquéllos contra los cuales el quejoso no promueva el medio de control constitucional dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos reproducidos se desprende que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará desde el día hábil siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado. b) El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. c) Se haya ostentado sabedor de los mismos. Hipótesis que son excluyentes entre sí, no guardan orden de prelación y deben aplicarse en función de su idoneidad al caso concreto, atendiendo a la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues aun cuando los tres supuestos constituyen el punto de partida para el cómputo de presentación de la demanda, es posible que se actualicen en forma simultánea. Tiene sustento lo anterior en la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con número de registro 165582, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En efecto, el inicio del cómputo para promover la demanda de amparo, es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las hipótesis en comento, por lo que no cabe duda que el creador de la norma distinguió entre una y otra, pues de lo contrario bastaría con que señalara que el cómputo del término empieza a partir del día siguiente al en que el quejoso se entere, por cualquier medio, del acto reclamado. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dichas hipótesis son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286 del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En ese contexto normativo y con base en las constancias que integran el presente juicio, podemos colegir que el presente caso encuadra en la primera hipótesis del precitado artículo 18, que establece que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo se contará a partir del día siguiente en que haya surtido efectos, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado, conforme a la ley del acto, al no encuadrar este asunto en ninguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el numeral 17 de la ley en cita. Ahora bien, como quedó precisado, la parte quejosa combate el contenido del oficio DPSE/DPEP/0794/2020, de seis de febrero de dos mil veinte, mediante el cual el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco dio respuesta a su petición formulada mediante escritos de veintidós de enero y veintinueve de junio de dos mil dieciséis presentado ante la responsable el ocho de febrero y treinta de junio del citado año, en el cual le negó su permanencia al régimen de la Ley de dicho instituto abrogada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince; lo cual fue notificado el diez de febrero de dos mil veinte, como se advierte de las fojas 33 y 34 del presente juicio de amparo, por lo que conforme con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dicha notificación surte sus efectos al día hábil siguiente al en que se practicó, ya que así lo establecen dichas normas: "Arti´culo 27.- Para el co´mputo de los plazos se sujetara´ a las reglas siguientes: Las notificaciones surtira´n sus efectos al di´a ha´bil siguiente a aque´l en que fueron practicadas; y Los plazos sera´n improrrogables, se computara´n por di´as ha´biles y comenzara´n a correr al di´a siguiente al en que surta sus efectos la notificacio´n, incluye´ndose en ellos el di´a del vencimiento." En consecuencia, si el acto reclamado se notificó el diez de febrero de dos mil veinte, dicha actuación surtió efectos al día siguiente, de conformidad con el numeral 27 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del doce de febrero al cuatro de marzo de dos mil veinte, sin contar el quince, dieciséis , veintidós, veintitrés, veintisiete, veintinueve de febrero y uno de marzo de dos mil veinte, por haber sido inhábiles en términos del ordinal 19 de la Ley de Amparo. Por escrito recibido el veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 05 a 09), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco En ese sentido, si la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de febrero de dos mil veinte (fojas 05 a 09),como se advierte de la impresión correspondiente al sello de recepción, es evidente que en esa fecha aún se encontraba transcurriendo el plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo para reclamar el contenido del oficio DPSE/DPEP/0794/2020, de seis de febrero de dos mil veinte, mediante el cual el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco dio respuesta a su petición formulada mediante escritos de veintidós de enero y veintinueve de junio de dos mil dieciséis presentado ante la responsable el ocho de febrero y treinta de junio del citado año, en el cual le negó su permanencia al régimen de la Ley de dicho instituto abrogada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. De ahi, que se concluye que la demanda de amparo fue presentada dentro del término legal de quince días establecidos en los preceptos legales antes citados y por tanto no se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, del aludido ordenamiento jurídico. De ahí que resulte infundada la causal de improcedencia invocada por la responsable. Por otra parte, la referida autoridad hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, ya que aduce que la parte quejosa tenía la obligación de agotar el principio de definitividad a través del juicio contencioso administrativo que contempla la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad administrativa, de conformidad con los numerales 1 y 157, fracción VII del citado ordenamiento legal y apoya lo anterior, en lo considerado en la tesis aislada 2a. X/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 336, Febrero de 2003, Tomo VII, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, y literalmente dice: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados." Al respecto, resulta infundada la causa de improcedencia invocada por la responsable e inaplicable la tesis aislada antes referida por no ser de observancia obligatoria conforme a lo establecido en el artículo 215 de la Ley de Amparo, en razón de que el juicio contencioso administrativo mediante el cual pueda ser impugnado el acto reclamado, no prevé la suspensión de los actos con iguales o menores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo; y por tanto, no está obligado a agotar el principio de definitividad. En efecto, la causa de improcedencia que la responsable considera actualizada consistente en la fraccio´n XX del arti´culo 61, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algu´n juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposicio´n del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que preve´ esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensio´n definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensio´n provisional, independientemente de que el acto en si´ mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". De la fraccio´n del arti´culo preinserto, se obtiene la hipo´tesis normativa reguladora de la causa de improcedencia derivada de actos de autoridades distintas a tribunales (judiciales, administrativos o de trabajo), esto es, de actos emanados de otros o´rganos del Estado, como pudieran ser entidades o dependencias de la administracio´n pu´blica, en el caso especi´fico, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, respecto del cual, para que se actualice, es necesario que en la propia ley que prevea el medio ordinario de defensa, tambie´n regule la suspensio´n de los efectos de tales actos, sea de oficio o mediante la interposicio´n del juicio, con los mismos alcances que preve´ la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensio´n provisional, todo ello, con independencia de que el acto en si´ mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la legislacio´n en cita. En ese sentido, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, respecto del cual se considera que procede el juicio contencioso administrativo, en sus artículos 47, 70 y 71 preve´ para la admisión de la demanda y la suspensión, en los términos siguientes: "Arti´culo 47. Recibida la demanda en la Oficiali´a de Partes, se turnara´ dentro del plazo de veinticuatro horas posteriores a su recepcio´n a la Sala Unitaria que corresponda, para que el Magistrado titular de la misma la admita, prevenga o deseche, dentro del plazo de tres di´as ha´biles a su recepcio´n. Arti´culo 70. La suspensio´n de la ejecucio´n de los actos que se impugnan so´lo podra´ ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien de inmediato lo hara´ del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Trata´ndose de juicios de lesividad, se hara´ del conocimiento de las dema´s partes. [...] Arti´culo 71. [...] No se otorgara´ la suspensio´n si con ello se causa perjuicio al intere´s social o se contravienen disposiciones de orden pu´blico. Arti´culo 71. La suspensio´n podra´ solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes del cierre de la instruccio´n y tendra´ por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continu´e con la ejecucio´n del mismo." (...) Al respecto, la Ley de Amparo, en sus artículos 112, 115, 125,128, 139 y 130 preve´ para la admisio´n de la demanda y la suspensio´n, lo siguiente: [.] "Arti´culo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el o´rgano jurisdiccional debera´ resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los arti´culos 15 y 20 de esta Ley debera´ proveerse de inmediato. Arti´culo 115. De no existir prevencio´n, o cumplida e´sta, el o´rgano jurisdiccional admitira´ la demanda; [...] y, en su caso, tramitara´ el incidente de suspensio´n. Arti´culo 125. La suspensio´n del acto reclamado se decretara´ de oficio o a peticio´n del quejoso. Arti´culo 128. Con excepcio´n de los casos en que proceda de oficio, la suspensio´n se decretara´, en todas las materias salvo las sen~aladas en el u´ltimo pa´rrafo de este arti´culo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al intere´s social ni se contravengan disposiciones de orden pu´blico. La suspensio´n se tramitara´ en incidente por separado y por duplicado. (...) Arti´culo 139. En los casos en que proceda la suspensio´n conforme a los arti´culos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difi´cil reparacio´n para el quejoso, el órgano jurisdiccional, presentacio´n de la demanda, debera´ ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolucio´n que se dicte sobre la suspensio´n definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. [...] Arti´culo 130. La suspensio´n se podra´ pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. [.] De la comparación de los preceptos legales antes transcritos, se puede advertir que contrario a lo considerado por la responsable, si bien, el procedimiento contencioso administrativo regula la figura de la suspensio´n del acto reclamado, no la preve´ con iguales requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo. Es así, que partiendo de la premisa de que la suspensio´n de los actos reclamados constituye una cuestio´n incidental que no es auto´noma sino que guarda dependencia del juicio principal, lo que implica que, para proveer sobre la suspensio´n de la ejecucio´n de los actos reclamados, presupone la admisio´n de una demanda. Esto es, si no se provee sobre la admisio´n de la demanda, tampoco podri´a decidirse sobre la procedencia o improcedencia de la suspensio´n; ma´xime, que es en el propio acuerdo en el que se determina respecto de que´ autoridades responsables y actos reclamados sera´ admitida la demanda y otorgada la suspensio´n, disponiendo la formacio´n simulta´nea del incidente relativo. En ese tenor, se tiene que el artículo 112 de la Ley de Amparo establece un plazo de veinticuatro horas, contadas desde la presentación de la demanda o en su caso turnada, para que el o´rgano jurisdiccional resuelva si desecha, previene o admite. Por otra parte, el artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa establece que una vez turnada la demanda a la Sala Unitaria que corresponda, cuenta, hasta con tres di´as ha´biles a su recepcio´n para que admita, prevenga o deseche. Entonces, partiendo de la premisa de que la demanda fuera admitida, para efectos de la suspensio´n que constituye la materia que nos ocupa, el artículo 139 de la Ley de Amparo establece te´rmino para que la suspensio´n sea acordada; esto es, con la sola presentacio´n de la demanda debera´ ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolucio´n que se dicte sobre la suspensio´n definitiva (veinticuatro horas); mientras que en el procedimiento contencioso administrativo tendri´a que esperar el justiciable para que dentro de tres di´as que se provea sobre la admisio´n, y partiendo de la base, de que e´sta haya sido admitida pudiera entenderse que debera´ proveerse sobre la suspensio´n. Ello es asi´, habida cuenta que la Ley de Justicia Administrativa no establece te´rmino para que la autoridad deba proveer al efecto, como si´ lo hace la Ley de Amparo en el arti´culo 139, como quedo´ visto en el pa´rrafo que antecede, esto es, con la sola presentacio´n de la demanda el o´rgano jurisdiccio´n dictara´ lo que corresponda respecto de la medida suspensional. Sin que pase desapercibido que el arti´culo 70 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece, una vez acordada la solicitud de la suspensio´n "de inmediato se hara´ del conocimiento de las autoridades responsables para su cumplimiento"; dado que tal presupuesto se refiere a la prontitud con la que debera´ comunicar a las autoridades implicadas que respecto del acto a ellas atribuidas, que se ha concedido la suspensio´n, empero, no se refiere a que "inmediatamente" presentada la demanda deba proveerse sobre la suspensio´n de los actos impugnados. Asimismo, respecto del momento hasta el cual pueden solicitar la suspensio´n de los actos reclamados, la Ley de Amparo establece que esta medida suspensional podra´ solicitarse hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoriada, en tanto que la ley administrativa en cita, establece que el actor podra´ solicitarlo hasta antes del cierre de instruccio´n. De lo hasta aqui´ considerado, resulta inconcuso que al promovente del amparo no le resulta la obligacio´n de agotar medio ordinario de defensa a efecto de cumplir con el principio de definitividad, previo a instar el juicio de amparo indirecto; pues, como quedo´ visto de un estudio preliminar, la suspensio´n prevista en la Ley de Justicia Administrativa del Estado, exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para proveer sobre la suspensio´n. Resulta orientadora la jurisprudencia 2a./J. 73/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, consultable en la pa´gina 362, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Materia Comu´n, Administrativa, De´cima E´poca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIO´N A ESE PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIO´N PROVISIONAL. El arti´culo 107, fraccio´n IV, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos establece como excepcio´n al principio de definitividad, la relativa a que no es necesario agotar el juicio, recurso o medio de defensa legalmente previsto cuando en e´ste se establezca un plazo mayor al contenido en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensio´n provisional, independientemente de que el acto en si´ mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. Ahora bien, de los arti´culos 112 y 139 de la ley de la materia, se advierte que en el juicio de amparo se fija el plazo de 24 horas para que el Juez de Distrito se pronuncie sobre la suspensio´n provisional; en contraste, de los arti´culos 41, 42 y 113, fraccio´n I, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, y 89 del Co´digo de Procedimientos Civiles para esa entidad, de aplicacio´n supletoria a aque´lla, deriva que el plazo para el otorgamiento de la suspensio´n en el juicio contencioso administrativo es de 3 di´as, contados a partir de la fecha en que la demanda o el escrito relativo hubiera sido presentado. Consecuentemente, como la ley local establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensio´n de los actos reclamados que el contenido en la Ley de Amparo, se actualiza una excepcio´n al principio de definitividad que permite al particular acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo.". Por lo anteriormente considerado resulta infundada la causal de improcedencia invocada por la responsable. Ahora, al no advertirse que la autoridad responsable haya hecho valer una diversa causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio que se pueda actualizar alguna otra, lo procedente es abordar el estudio de fondo del asunto. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es infundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, como se expone a continuación. La quejosa alega, en esencia, el acto reclamado no está debidamente fundado ni motivado el realizar una indebida interpretación y aplicación del artículo noveno transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco publicada en el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante decreto 294, en virtud de que en la fecha en que solicitó su permanencia en la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada, ya contaba con derechos de jubilación como lo establece el artículo 38 del citado ordenamiento legal. Como se adelantó, es infundado el motivo de disenso sintetizado, por las razones que a continuación se exponen. Pues bien, de las constancias que acompañó la responsable a su informe justificado, se obtiene que el oficio DPSE/DPEP/0794/2020, de seis de febrero de dos mil veinte, mediante el cual el Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al contestar la petición del quejoso formulada mediante escritos de veintidós de enero y veintinueve de junio de dos mil dieciséis presentado ante la responsable el ocho de febrero y treinta de junio del citado año, le negó su petición de permanencia al régimen de la Ley de dicho instituto abrogada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en los términos siguientes: [.] "Villahermosa, Tabasco; a 06 de febrero de 2020 Oficio: DPSE/DPEP/0794/2020 Asunto: Cumplimiento de ejecutoria de amparo No. 2124/2019-8. C. Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes Cuenta ISSET: 122193 Presente En cumplimiento a sentencia de amparo de fecha 24 de enero de 2020, dictada dentro de los autos del juicio de garantías No. 2124/2019, por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, así como en observancia al oficio numero UAJyT/GGM/0668/2020, recepcionado por esta Dirección el 30 del citado mes y año, signado por el Lic. Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de este Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (I.S.S.E.T.), por el cual en esencia instruye el acatamiento a la referida resolución de garantías, para el efecto de realizar lo siguiente: ".proceda emitir de manera congruente, fundada y motivada la respuesta que corresponda a dichas peticiones, y se lo dé a conocer en breve término." Consecuentemente esta Dirección acatadora, con fundamento en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción IV, del artículo 7, de la Constitución Política del Estado de Tabasco; y de su ley Reglamentaria; procede a otorgar respuesta congruente, debidamente fundada y motivada, a sus solicitudes escritas de fechas 22 de enero y 29 de junio del año 2016, recibidas por la Dirección General de esta Institución los días 08 de febrero y 30 de junio de la citada anualidad, en los términos que se precisan a continuación: En primer término, resulta importante hacer de su apreciable conocimiento lo que previó el Noveno Transitorio de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (LSSET), en su párrafo primero, que a la letra dice: "NOVENO.- A partir del día siguiente a la publicación de esta Ley en el Periódico oficial del Gobierno del Estado, los asegurados del régimen de la ley abrogada que tengan derecho a pensión, tendrán seis meses para solicitar por escrito al ISSET su permanencia en el régimen establecido es esta Ley." De donde se obtiene que únicamente los trabajadores del Estado sujetos al régimen del isset, que al 31 de diciembre del año 2015, fecha en que fue derogada la enterior Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (Ley del ISSET), hubieran contado con derecho adquirido a algún tipo de pensión de las que preveía la mencionada legislación, tenían derecho a realizar dicho protocolo de permanencia. En tal sentido, toda vez que Usted al 31 de diciembre de 2015, NO cumplió con los requisitos que condicionaba la entonces Ley del ISSET en sus artículos 52 y 54, para la obtención de una jubilación -en el caso de hombres, 30 años de cotización- o bien, a una pensión por vejez, 15 años o más de cotización y una edad mínima de 55 años-; tal y como podrá observar: "Artículo 52.- Ley del ISSET Abrogada.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos, con 30 años de servicio, si son hombres y 25 a más años de servicio si son mujeres, siempre que hayan contribuido normalmente a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, y continuen aportando al instituto, en los términos de la Ley, cualquiera que sea su edad." "Artículo 54.- Ley del isset Abrogada.- Tienen derecho a pensión por vejez los servidores públicos que habiendo cumplido 55 años de edad, tengan 15 o más años de servicio, e igual tiempo de contribuir al Instituto. Es claro que resulta a todas luces IMPROCEDENTE su solicitud de permanencia en el régimen anterior. Pues, a la referida data no contaba con los requisitos de tiempo de cotización y edad que le otorgaran el derecho adquirido a pensión alguna bajo el régimen de la citada ley, a su vez se encontrara en condiciones de realizar el protocolo de permanencia al que hace alusión el invocado Noveno Transitorio de la LSSET. Máxime que de conformidad al Transitorio octavo de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en vigor a partir del 01 de enero de 2016, señala: "Transitorio Octavo.- LSSET.- Aquellos asegurados que no tengan derecho a pensión alguna de las amparadas por la ley abrogada, deberán de apegarse a las nuevas dispocisiones de la presente Ley" Todos los servidores públicos del Estado que NO contaran con derechos adquiridos a pensión en términos de la anterior Ley del ISSET, deben sujetarse a las dispocisiones de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, vigente. Lo anterior, para los efectos que haya lugar. Atentamente Dr. Armando León Bernal." [.] Ahora bien, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su orden, establecen: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De los preceptos constitucionales transcritos, se advierte lo que se conoce como garantía de seguridad jurídica y legalidad, misma que todo acto de autoridad debe respetar. El derecho de seguridad jurídica, radica en que el Estado, en ejercicio del poder de imperio de que es titular, como entidad jurídica y política suprema con sustantividad propia, desempeña dicho poder sobre y frente a los gobernados por conducto de sus autoridades. El Estado, al desplegar su actividad de imperio, al asumir su conducta autoritaria, imperativa y coercitiva, necesariamente afecta la esfera o ámbito jurídico que se atribuye a cada sujeto como gobernado, bien sea en su aspecto de persona física o de entidad moral. Todo acto de autoridad emanado por esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos autoritarios estatales creados por el orden de derecho, tiene como finalidad inherente imponerse a alguien de diversas maneras y por distintas causas; es decir, todo acto de autoridad recae en alguna persona moral o física en sus múltiples derechos. Así pues, esa afectación de diferente índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera en el estatus de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de vista del derecho. Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir válidamente, desde un punto de vista jurídico, la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, y que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etcétera, constituye la garantía de seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica, en consecuencia, el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por sus derechos subjetivos. Por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no será válido a la luz del derecho. Ahora bien, el derecho de seguridad jurídica se encuentra íntimamente ligada a la garantía de legalidad contenida en la expresión "fundamentación y motivación", y su eficacia reside en el hecho de que a través de ella se protege todo el sistema de derecho de la Nación, desde la misma constitución, hasta el reglamento administrativo más minucioso, que pudiera parecer de poco interés para el orden jurídico nacional. Resulta aplicable en este punto, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, 97-102 tercera parte, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Asimismo, se estima aplicable la tesis XXI. 1o. 90 K, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XIV, Septiembre de 1994, página 334, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido, pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." Cabe destacar que en materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables; y, b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI. 2o. J/248 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 64, Abril de 1993, Octava Época, página 43, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.". Se insiste en que es infundado el argumento hecho valer, dado que la autoridad señalada como responsable señaló como fundamento para emitir el acto administrativo, los artículos octavo y noveno transitorio de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 52 y 54 de la citada ley (abrogada), al contestar la petición del quejoso formulada mediante escritos de veintidós de enero y veintinueve de junio de dos mil dieciséis presentado ante la responsable el ocho de febrero y treinta de junio del citado año, le negó su petición de permanencia al regimen de la Ley de dicho instituto abrogada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Para llegar a la anterior conclusión la autoridad responsable consideró en esencia que era improcedente la solicitud del quejoso en permanecer al régimen anterior, pues a la fecha no contaba con los requisitos de tiempo de cotización y edad que le otorgaran el derecho adquirido de alguna pensión bajo el régimen de la citada Ley. Así pues, de los preceptos legales invocados resultan suficientes para fundar las circunstancias por las que determinó declarar improcedente la solicitud del quejoso en permanecer al régimen de jubilación establecido en la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada. Por lo anterior, en los actos reclamados, se reúnen los requisitos de fundamentación y motivación que al efecto el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige. Además, resulta infundado el argumento del quejoso en el que alega que la determinación reclamada no se encuentra debidamente fundado ni motivado ya que realizó una indebida interpretación y aplicación del artículo noveno transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco publicada en el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante decreto 294, en virtud de que en la fecha en que solicitó su permanencia en la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada, ya contaba con derechos de jubilación como lo establece el artículo 38 del citado ordenamiento legal; sin embargo, contrariamente a lo alegado por el accionante éste no exhibió prueba idónea con la cual acreditara que reunía los requisitos establecidos para tener derechos a permanecer en el régimen de la ley abrogada. En efecto, para establecer lo anterior a continuación se toma en consideración lo establecido en el artículo noveno transitorio de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco publicada en el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante decreto 294, en lo conducente establece: "NOVENO.- A partir del día siguiente a la publicación de esta Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los asegurados del régimen de la ley abrogada que tengan derecho a pensión, tendrán seis meses para solicitar por escrito al ISSET su permanencia en el régimen establecido en esta Ley." De igual forma, los artículos 38, 52 y 54 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada, establecen: "Artículo 38.- El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el servidor público, o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos consignados en esta Ley y satisfacen los requisitos que la misma señala. "Artículo 52.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos, con 30 años de servicio, si son hombres y 25 a más años de servicio si son mujeres, siempre que hayan contribuido normalmente a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, y continuen aportando al instituto, en los términos de la Ley, cualquiera que sea su edad." "Artículo 54.- Tienen derecho a pensión por vejez los servidores públicos que habiendo cumplido 55 años de edad, tengan 15 o más años de servicio, e igual tiempo de contribuir al Instituto." De los preceptos legales trascritos se advierte que para tener derecho a un pensión nace cuando el servidor público, o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos consignados en la Ley abrogada y satisficieran los requisitos establecidos en la misma. Así, los asegurados del régimen de la ley abrogada que tengan derecho a pensión, tendrán seis meses a partir del día siguiente de la publicación de la nueva Ley de Seguridad Social para solicitar por escrito al ISSET su permanencia en el régimen establecido en la citada Ley. Ahora bien, para tener derecho una pensión por jubilación se requieren los siguientes requisitos: En el caso de los hombres, contar con treinta años de servicio, siempre que hayan contribuido normalmente a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, y continúen aportando al instituto, cualquiera que sea su edad. En el caso de las mujeres, contar con veinticinco años de servicio, siempre que hayan contribuido normalmente a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, y continúen aportando al instituto, cualquiera que sea su edad. Así, para tener derecho una pensión por vejez se requieren los siguientes requisitos: Haber cumplido cincuenta y cinco años de edad. Tener quince o más años de servicio. Tener igual tiempo de contribuir al Instituto. Al respecto, la autoridad responsable determinó improcedente la petición del quejoso de permanecer en el régimen de la ley abrogada para efectos de su jubilación, al considerar que al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en que fue abrogada la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el ahora quejoso no contaba con los requisitos de tiempo de cotización y edad que le otorgasen el derecho adquirido alguna pensión bajo el régimen de la citada Ley. Por su parte, el quejoso en el capítulo de hechos de su demanda de amparo señala que el uno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro ingresó a laborar a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, como inspector de telesecundaria, por lo que fue dado de alta en esa misma fecha ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por lo anterior, cuenta con más de veinticinco años continuos laborando en ese cargo y dependencia; por tanto, le asiste el derecho de permanecer en el régimen que solicita. Sin embargo, el quejoso no acreditó con prueba alguna que reúne los requisitos para tener derecho a alguna pensión por jubilación o por vejez, ya que en el primero de los supuestos, debió acreditar que contaba con treinta años de servicio, que haya contribuido normalmente a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, y continuara aportando al instituto, independientemente de su edad, siendo que el propio quejoso en su demanda de amparo manifestó que contaba con más de veinticinco años; sin que manifestara contar con los treinta o más años de servicio requerido en el presente supuesto, de ahí que conforme a este supuesto no le asiste el derecho que reclama. Por otra parte, conforme al segundo supuesto el quejoso debió acreditar que contaba con cincuenta y cinco años de edad, tener quince o más años de servicio e igual tiempo de contribuir al Instituto, siendo que al respecto el quejoso no acreditó que conforme a lo establecido en el artículo noveno transitorio que a la fecha de la publicación de la ley de seguridad social local en vigor (treinta y uno de dos mil quince) contara con cincuenta y cinco años de edad. Además que la autoridad responsable en su informe justificado anexó copia certificada del reporte de contribuciones a cuenta individual y 5% a nombre del quejoso en el cual contiene el dato de la curp GOFE6510081U1, la cual corresponde al quejoso, de la cual se advierte que la fecha de nacimiento del impetrante es el ocho de octubre de mil novecientos sesenta y cinco, por lo cual a la fecha en que se abrogó la anterior Ley de Seguridad Social Estatal (treinta y uno de diciembre de dos mil quince) el quejoso contaba con cincuenta años, entonces, si la ley requiere como uno de los requisitos que el trabajador contase con cincuenta y cinco años, de ahí que reúne el primer requisito establecido en la norma aplicable para que tenga el derecho adquirido de tener algún derecho a pensión por jubilación o por vejez. Siendo que al respecto, el quejoso en su escrito de demanda de amparo ofreció como prueba de su parte la documental consistente en el oficio DPSE/DPEP/0794/2020, signado el seis de febrero de dos mil veinte, signado por el doctor Armando León Bernal Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, dirigido al citado quejoso, con el cual acreditó la existencia del acto reclamado, sin que resulte prueba idónea para acreditar la edad del quejoso como en el caso lo sería el acta de nacimiento correspondiente. Asimismo, respecto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, estas se les otorga valor indiciario, en virtud de no encontrarse adminiculada con alguna otra prueba con el que se acredite de manera fehaciente la edad del impetrante del amparo. Al haber resultado infundado el concepto de violación, sin que exista motivo para suplir la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN al quejoso Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes, contra el acto que reclamó del Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes, contra los actos reclamados a la autoridad responsable denominada Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eduardo de Jesús Gordillo Fuentes, contra el acto que reclamó al Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por las razones y fundamentos contenidos en el considerando tercero, de la presente resolución. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en representación del Director de Prestaciones Socioeconómicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, cuyo plazo transcurre del diecinueve de noviembre al uno de diciembre de dos mil veinte, con excepción de los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

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