Eduardo Brindis Muñoz
Expediente 206/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juez de Control del Juicio Oral de la Región Uno del Poder Judicial del Estado de Tabasco En Macuspana
- Eduardo Brindis Muñoz
Actuaciones
- Incidental
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA Villahermosa, Tabasco, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a EDUARDO BRINDIS MUÑOZ; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente por lo que en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Uno con sede en Macuspana, Tabasco, un disco en formato DVD de audio y video, que contienen las audiencias de quince de febrero de dos mil diecinueve y trece de enero de dos mil veinte, llevadas a cabo en la causa penal 60/2018, de su índice, el que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 En Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Raúl Gamboa Barradas, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 206/2020-5, promovido por Eduardo Brindis Muñoz por conducto de su defensor particular Aldrin Antonyo López de la Rosa Ascencio. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con un disco versátil digital DVD que contiene audio y video de las audiencias de quince de febrero de dos mil diecinueve y trece de enero de dos mil veinte. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 36 a 42), y los alegatos de la tercera interesada Guadalupe Guzmán Garcés (fojas 73 a 76), sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por perdido el derecho de las demás partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 206/2020-5, promovido por Eduardo Brindis Muñoz por conducto de su defensor particular Aldrin Antonyo López de la Rosa Ascencio, contra actos del Juez de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, Eduardo Brindis Muñoz por conducto de su defensor particular Aldrin Antonyo López de la Rosa Ascencio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 "Se reclama la ilegal FORMULACIÓN DE IMPUTACION y VINCULACIÓN A PROCESO emitida en contra de mi defendido EDUARDO BRINDIS MUÑOZ, en la AUDIENCIA INICIAL de fecha TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020), dentro de los autos de la CAUSA PENAL 060/2018, mediante la resolución verbalizada dictada por la C. JUEZ DE CONTROL DE JUICIO ORAL DE LA REGIÓN UNO (01), DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN MACUSPANA, TABASCO." AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El seis de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 206/2020-5; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante despacho 23/2020-5, del índice de este juzgado, de seis de febrero de dos mil veinte, se ordenó emplazar a la tercero interesada Guadalupe Guzmán Garcés, diligencia que se desahogó el dos de marzo de dos mil veinte (foja 69); asimismo mediante oficio 5625/2020, se emplazó al Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". QUINTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente asunto y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de vinculación a proceso de trece de enero de dos mil veinte, dictado en la causa penal 60/2018, por la Juez de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Primera Sala del Tribunal de Apelación en Sistema Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad (foja 35), pues así se advierte del contenido íntegro de su informe justificado; inclusive, a efecto de evidenciar su constitucionalidad, adjuntó copias certificadas del toca penal 79/2019-I-C, un disco versátil digital (DVD) que acompañó el Magistrado responsable a su informe justificado, y en el cual se observa la audiencia correspondiente, a los que se concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la tercera interesada Guadalupe Guzmán Garces, manifestó que se advierte la existencia de una causal de improcedencia, específicamente de la prevista por la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que amerita que el presente asunto se sobresea de conformidad con lo dispuesto por el diverso artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En efecto, el artículo 61, fracción XIII, de la invocada Ley de la Materia dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "...XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;...". Ello, según refiere dicha tercero interesada, porque el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el trece de enero de dos mil veinte, y presentó su demanda de amparo hasta el día cuatro de febrero del presente año, y por tanto dicha demanda de amparo resulta extemporánea. Debe decirse que no se actualiza la causa de improcedencia que invoca la tercera interesada, tomando en consideración que el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; esta figura se actualiza siempre que: El interesado exprese su anuencia con el acto que posteriormente pretende combatir en el amparo; Dicha manifestación de voluntad sea inequívoca, indudable y completa, dando cuenta de que la verdadera voluntad del interesado es efectivamente conformarse con ese acto de autoridad; y, Esa conformidad se actualice respecto del acto o la decisión en sí misma y de todas sus consecuencias jurídicas. Así, válidamente se infiere que no pueden que no se colman los requisitos señalados, ya que no puede tenerse por consentido, ya que ese consentimiento debe ser total respecto de la resolución en sí misma y de sus consecuencias legales; es decir, que se ha conformado con la decisión y consecuencias que implican el acto reclamado, lo cual no acontece en el presente caso. Por otra parte, de manera textual refiere la tercera interesada que la demanda de amparo presentada por el quejoso es extemporánea, entonces sería la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Los preceptos antes citados por su orden disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)." En efecto, los ordinales 17 y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada." Causa de improcedencia que tampoco se actualiza tomando en consideración que la resolución de trece de enero de dos mil veinte, le fue notificada a la parte quejosa el mismo día en que se desahogó la diligencia de vinculación a proceso; esto es, el trece de enero de dos mil veinte, la cual surtió efectos el catorce de enero de dos mil veinte; por lo que, el quejoso tenía un término de quince días para interponer su demanda de amparo. Ese término transcurrió del quince de enero al seis de febrero de dos mil veinte, tomando en consideración que deben descontarse los días dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de enero, uno y dos de febrero de dos mil veinte, que correspondieron a sábados y domingos, así como el cinco de febrero, como días inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el tres de febrero de dos mil veinte, el cual es considerado inhábil de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo Primero del Acuerdo 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, no se actualizan las causas de improcedencia invocadas por la tercera interesada, sin que este juzgador advierta de oficio alguna otra que deba estudiarse, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado que la omisión de su trascripción no impide al suscrito cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Para una mejor comprensión, resulta necesario para este juzgador hacer una síntesis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, los cuales se plasman a continuación: a). Que la resolución que se combate resulta violatoria a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, porque la Juez responsable quebrantó las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que no valoró los antecedentes de investigación y datos de pruebas que fueron verbalizados en la audiencia, es decir, hizo un estudio incorrecto, en virtud de que no le fue demostrado en ningún momento su probable participación o posible grado de participación en el delito que se le pretende atribuir. b). Que esta autoridad debe decretar deficientes los antecedentes de investigación, verbalizados por el fiscal del ministerio público de la Fiscalía General del Estado, porque al ser deficiente en su acusación, la Juez no se encontraba facultada para subsanarla, toda vez que el principio de presunción de inocencia implica que el ministerio público (como contraparte en el proceso) es el único órgano del estado que tiene la carga de probar la culpabilidad de la persona sujeta a proceso, para lo cual debe precisar eficazmente los hechos que serán materia del mismo. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, que revela no sólo la modificación en la denominación del auto de formal prisión, ahora llamado auto de vinculación a proceso, sino un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. Por lo que de la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [artículo 20 constitucional]). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del artículo 20 constitucional (reformado), para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Situación diversa a la que acontece en el sistema mixto o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal, se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control debe analizar y resolver, únicamente sobre la base de los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Para explicar tal calificación, deben establecerse las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Conviene destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Luego, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De tales preceptos se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. A. REQUISITOS FORMALES: 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3. Que se haya formulado imputación. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B. REQUISITOS DE FONDO: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 87/2016, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, registro 2014800, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Establecido lo anterior, procede examinar si el auto de vinculación a proceso de trece de enero de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, en la causa penal 60/2018, en contra de Eduardo Brindis Muñoz, por su probable participación en la comisión del delito por el delito de retención de menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada con iniciales E. J. B. G., representado por su madre Guadalupe Guzmán Garcés. En primer orden, es de indicar que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las formalidades esenciales requeridas para ello; lo que es así porque, en cuanto a los: A. Requisitos formales. 1. Debe ser emitido por escrito y por autoridad judicial competente. Lo que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas, por virtud de los cuales ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, al afectar de manera provisional o preventiva el derecho fundamental de la libertad personal del imputado al constreñirlo a continuar un proceso, el auto de vinculación reclamado dictado por el Juez responsable, constituye un acto de molestia que además de cumplir los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe satisfacer las exigencias de constar por escrito, proceder de una autoridad judicial competente, y encontrarse debidamente fundado y motivado. Lo que se sustenta, además, en lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que, si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. De ese modo, se destaca que dentro de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte la copia certificada de la resolución reclamada, en la cual la autoridad responsable dictó en contra del aquí quejoso auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión del hecho denominado por la ley como delito de retención de menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada con iniciales E. J. B. G., representado por su madre Guadalupe Guzmán Garcés. 2. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el indiciado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Luego, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el impetrante fue presentado ante el juez responsable, el trece de enero de dos mil veinte, para resolver su situación jurídica y la audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo en esa propia audiencia, tomando en consideración que previa consulta con sus abogados (13:56:12 horas). 3. Que se haya formulado imputación. Conforme lo dispuesto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Por tanto, de la reproducción del audio video respectivo, se desprende que al quejoso se le formuló imputación en la audiencia de trece de enero de dos mil veinte, en la que, en uso de la palabra el Fiscal del Ministerio Público Miguel Ángel Quevedo Zurita formuló imputación en contra del hoy quejoso Eduardo Brindis Muñoz, por su probable intervención en los hechos determinados por la ley como delito de retención de menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada con iniciales E. J. B. G., representado por su madre Guadalupe Guzmán Garcés. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En relación con ello, el arábigo 312 del citado Código Nacional dispone que, formulada la imputación, el Juez de Control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, y en caso de que manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el propio Código. Lo que fue observado según se aprecia de la reproducción del audio video relativo a la audiencia de trece de enero de dos mil veinte, específicamente a las 13:41:10 horas de esa fecha, quien después de consultar con su abogado decidió guardar silencio. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por la fiscal del Ministerio Público al momento de formular imputación, sin variarlos. 6. Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En la resolución reclamada, a través de la cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, se especificó que los hechos materia de la carpeta de investigación se suscitaron en el domicilio ubicado en calle Limbano Blandín sin número de Macuspana, Tabasco, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, aproximadamente siendo las once horas, le fue entregado el menor de identidad reservada de iniciales E. J. B. G., por su madre y representante legal para que convivieran, sin embargo desde esa fecha no lo ha regresado a su madre quien tiene la guarda y custodia de dicho menor, pues se lo llevó a la ciudad de Mérida, Yucatán, y cambió de domicilio. Lo que llevó a la Juez responsable a emitir la resolución de trece de enero de dos mil veinte, en la que vinculó a proceso a Eduardo Brindis Muñoz, por el delito de retención de menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal del Estado de Tabasco. Por tanto, se colige que se cumple con el requisito que nos ocupa. B. Requisitos de fondo. En este fallo únicamente se procederá a analizar si en el dictado del auto de vinculación a proceso, se encuentran colmados los requisitos de fondo, consistentes en: 1. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En esa tesitura, resulta necesario examinar si los datos de prueba valorados por la juez responsable, fueron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de la posible participación en el hecho que la ley señala como delictuoso, imputado al impetrante del juicio; datos de prueba que el Ministerio Público citó al momento de formular imputación contra el quejoso. En ese orden de ideas, del análisis del auto de vinculación tildado de inconstitucional se advierte que acertadamente, la Juez de control estableció que los datos de prueba reseñados por el fiscal, son suficientes para tener por demostrado el delito de retención de menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio del menor de identidad reservada con iniciales E.J.B.G., representado por su madre Guadalupe Guzmán Garcés, tomando en consideración al valorar los datos verbalizados por la fiscalía, en forma libre y bajo la máxima de la experiencia de conformidad con lo establecido en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyó que existen datos suficientes para tener por acreditado el hecho con carácter de delito que exige el artículo 316 del Código Nacional multicitado, así como el 19 constitucional, y que se hace consistir en que en el hecho que la ley señala como delito de retención de menores, previsto y sancionado por el artículo 209 bis del Código Penal Vigente para el Estado de Tabasco.. Puesto que, el hecho se hizo consistir en que el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, aproximadamente a las once de la mañana, cuando la señora Guadalupe Guzmán Garces, llevo al domicilio de Eduardo Brindis Muñoz, ubicado en Limbano Blandin sin número de la colonia Centro de Macuspana, Tabasco, y le hizo entrega del menor de identidad reservada E.J. B.G. Asimismo, dicha entrega se hizo por un mensaje que recibiera Guadalupe Garcés Guzmán, un día antes por parte del inculpado en donde el señor Eduardo Brindis Muñoz, le decía que le llevara al niño para los efectos de que conviviera con él, quien después del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho no lo regreso a la madre de dicho menor. Lo anterior en razón de que obran, los siguientes datos de prueba verbalizados por la fiscalía: Querella presentada por la señora Guadalupe Guzmán Garcés, en la que relata que ella acudió al domicilio del imputado en compañía de dos personas más a entregar al menor, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, aproximadamente a las once de la mañana, para dejar al niño de identidad reservada de iniciales E.J.B.G., para los efectos de que tuviera convivencia con su padre. Que Guadalupe Guzmán Garcés, cuando no puede localizar al imputado, se comunica con la hermana de éste, y empieza a hacer la persecución legal para los efectos de la devolución de su menor hijo. Testimonio de la señora Alma Delia Garcés Carmona, quien es abuela materna del menor. Acta de nacimiento del menor en donde se establece que es la 4108015, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en donde se especifica el parentesco entre el menor y el imputado. Convenio judicial de once de septiembre de dos mil quince, recaído en el expediente civil 446/2015, que fue realizado ante la Juez Primero Civil de Macuspana, Tabasco, en donde se establecen las convivencias con el menor. Comparecencia de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en donde acude Eduardo Brindis Muñoz, ante el Fiscal del Ministerio Público, en donde se le solicita que haga la entrega del menor de identidad reservada, y en donde el manifiesta que no le es posible entregarlo porque el menor esta fuera del estado con su madre (del imputado) 2. Que ese hecho la ley lo señale como delito; Lo anterior, se encuentra acreditado el delito de retención de menores, en términos del artículo 209 bis del código penal vigente en el estado de Tabasco, esto es así porque el propio artículo señala que cuando el ascendiente o pariente consanguíneo colateral, sin limitación de grado o por afinidad, hasta el cuarto grado, de un menor, lo sustraiga del domicilio donde actualmente reside o de algún otro lugar, en el que por razón de su educación, atención médica, psicológica o equivalente, se encuentre, lo retenga o impida que regrese a su domicilio, o lo cambie de éste injustificadamente, sin la autorización de quienes ejercen la patria potestad o la guardia y custodia, o en desacato de una resolución de autoridad competente, no permitiendo a la madre o al padre o a quien legalmente le corresponda convivir con el menor, se le aplicará una pena de uno a tres años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa. En ese tenor, la juez advirtió el hecho con apariencia de delito que se tiene por justificado, hasta esa incipiente etapa procedimental, porque existen datos suficientes para tener por acreditado dicho hecho en términos que la fiscalía ha precisado, es decir, la calificación jurídica que establece el artículo 209 bis del Código Penal en vigor en el estado, que es el delito de retención de menores. Ello es así, tomando en consideración que el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde, de acuerdo al convenio judicial de convivencias, no regresó al menor al domicilio a donde debía estar, que con antelación habían realizado el imputado y la víctima del hecho, esto es, el señor Eduardo Brindis Muñoz, desde ese día veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, hasta el día dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, retuvo al menor de identidad reservada con iniciales E.J.B.G., sin que éste tuviera de manera legal, porque ya había cedido los derechos del menor, no tenía de manera legal el derecho de tener al menor con él en tanto tiempo, esto es porque en ese convenio judicial que ha relatado el fiscal de once de septiembre de dos mil quince, que obra en el expediente civil 446/2015 ante el juez civil de Macuspana, Tabasco, en el que quedó señalado que únicamente podía tenerlo para las convivencias. Con todo esto, como ya se dijo tiene existencia el hecho que la ley señala como delito en términos que la fiscalía ha precisado y que exige el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Así como, la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, en cuanto al tema de la probabilidad de que Eduardo Brindis Muñoz haya participado en estos hechos, correctamente consideró la Juez responsable que hay datos suficientes hasta ese momento para tener por acreditado así el delito que se le imputa de retención de menores, puesto que el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, Guadalupe Guzmán Garcés, le entregó al menor de identidad reservada en el domicilio de éste ubicado en calle Limbano Blandin sin número de la Coloinia Centro de Macuspana, Tabasco. Que dicho menor debió ser regresado por el imputado a las dieciocho horas de ese mismo día veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, sin embargo no lo hizo así; ello, debido a que la madre del menor y el aquí quejoso habían celebrado un convenio judicial el once de septiembre de dos mil quince, en el expediente civil 446/2015 ante la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco, en donde había quedado establecido que la guarda y custodia del menor la tendría la señora Guadalupe Guzmán Garcés. Que desde ese entonces (veintisiete de febrero de dos mil dieciocho), se inició la persecución del imputado, por lo que compareció el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, ante el Fiscal del Ministerio Público de Macuspana, Tabasco, en donde se le solicitó que hiciera entrega del menor de identidad reservada a la madre, y el imputado manifestó que no le era posible entregarlo porque el menor estaba fuera del estado con su madre quien radicaba en Mérida, Yucatán (del imputado). Que fue hasta el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, que entregó al menor de identidad reservada, esto al cumplimentarse la orden de aprehensión en su contra, la cual se ejecutó en la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que quedaba acreditado que la retención del menor la tenía sin la autorización de la persona que tenía la guarda y custodia definitiva. Por lo que hace a su forma de participación es dolosa, pues el aquí quejoso tenía conocimiento, pues no se advierte que tenga alguna afectación motriz o psicológica, que no conociera que con su conducta estaba transgrediendo una norma penal, que el libre desarrollo de la personalidad que se encuentra debidamente tutelado en la norma penal, por lo que se afirma que esa conducta es dolosa al querer y aceptar esa realización Además, los mencionados datos de prueba también hacen presumir fuertemente, al menos hasta el estado procesal en que se encuentra la causa penal 60/2018, que el impetrante del amparo participó en la comisión del hecho delictivo investigado. Apoya a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia VI.1o. J/49, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Asimismo, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 3323, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De igual manera, cobra aplicación la tesis XVII.1o.P.A.52 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, el doce de enero del año en curso, pendiente de integración, registro 2015954, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógica, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar que puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." Por otra parte, atendiendo a motivos de disenso hechos valer por el quejoso Eduardo Brindis Muñoz, en los que refiere: a). Que la resolución que se combate resulta violatoria a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, porque la Juez responsable quebrantó las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que no valoró los antecedentes de investigación y datos de pruebas que fueron verbalizados en la audiencia, es decir, hizo un estudio incorrecto, en virtud de que no le fue demostrado en ningún momento su probable participación o posible grado de participación en el delito que se le pretende atribuir. b). Que esta autoridad debe decretar deficientes los antecedentes de investigación, verbalizados por el fiscal del ministerio público de la Fiscalía General del Estado, porque al ser deficiente en su acusación, la Juez no se encontraba facultada para subsanarla, toda vez que el principio de presunción de inocencia implica que el ministerio público (como contraparte en el proceso) es el único órgano del estado que tiene la carga de probar la culpabilidad de la persona sujeta a proceso, para lo cual debe precisar eficazmente los hechos que serán materia del mismo. Dichos motivos de inconformidad son infundados, lo que a continuación se justifica. Para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el juez debe atender el hecho ilícito que se plantea y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él, sin ser requisito, al menos en ese momento procesal, acreditar el hecho delictivo ni justificar la probable responsabilidad de que el indiciado intervino en su comisión, pues el auto de vinculación a proceso constituye una determinación en fase investigadora inconclusa bajo el control de la autoridad judicial; es decir, no es precedida por la acusación ni el ejercicio de la acción penal, pues ello acontecerá cuando se cierre la investigación judicializada. De modo que, al analizar el acto debe atenderse únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Es decir, al analizar el acto debe evitarse una anticipación de la etapa de juicio sobre el estudio de los elementos del delito y atender únicamente a si los hechos expuestos son considerados por la ley como delitos y si existen datos de prueba (no pruebas) que sustenten los hechos, ponderando la versión del órgano investigador y la defensa, siendo proporcionales con la información que se cuenta, esto es, si de la misma obtiene mayor credibilidad la teoría de una u otra de las partes. Por tanto, la resolución de trece de enero de dos mil veinte, dictada en la causa penal 60/2018, se encuentra debidamente fundada y motivada, tomando en consideración que la juez de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, fundó y motivó correctamente su resolución, pues estableció como fundamento el artículo 19 Constitucional y 316 del Código de Procedimientos Penales, así como las jurisprudencias AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Y AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL; con números de registro 2014800 y 2013695, con las cuales sustentaba su actuar. Puesto que existían hasta ese momento procesal datos de prueba que sustentaban que el quejoso Eduardo Brindis Muñiz, había cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, la sustracción del menor de identidad reservada de iniciales E.J. B. G., el cual es representado por su madre Guadalupe Guzmán Garcés, toda vez que el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, le fue entregado el menor para que conviviera con el imputado, debiendo devolverlo a su madre a las dieciocho horas de ese mismo día. Sin embargo no lo hizo así, pues como se advierte de los medios de prueba valorados por al juez de Control responsable, el quejoso fue citado a comparecer por el Fiscal del Ministerio Público de Macuspana, Tabasco, en donde declaró que el menor se encontraba fuera del estado de Tabasco, y fue hasta el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, que hizo entrega del menor a Guadalupe Guzmán Garcés, por haber sido aprehendido en la ciudad de Mérida, Yucatán, y precisamente en cumplimiento a dicha orden de aprehensión fue presentado ante el Juez de Control de Macuspana, Tabasco. Por lo que, se puede advertir que retuvo al menor de identidad reservada de la persona que tenía la guarda y custodia, siendo la madre del menor Guadalupe Guzmán Garcés. Así entonces, deviene infundado el segundo concepto de violación, pues es claro que los antecedentes de investigación no resultan deficientes, pues el fiscal expuso los datos que establecían que se había cometido un hecho; que la ley señalaba como delito ese hecho; y, existía la probabilidad de que el indiciado lo había cometido o participado en su comisión. Motivos por los cuales la Juez de Control responsable, identificó las razones que la llevaron a determinar el tipo penal aplicable. En ese sentido, como ya se ha establecido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Página 360, Registro 2014800, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Finalmente, se deja en claro que se respeta el principio de presunción de inocencia conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial dela Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, Página 1283, Registro 2021559, Décima Época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL DICTARLO, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO EFECTUADA POR EL ÓRGANO MINISTERIAL, AUN CUANDO NO BENEFICIE AL IMPUTADO. Conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación; además, si el imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del juicio de amparo indirecto." En esas condiciones, al ser jurídicamente infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del normativo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Así, con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que, contrario a lo expuesto por el quejoso, no existe violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mucho menos existe violación al procedimiento acorde a lo establecido en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, como se adelantó son infundados sus conceptos de violación, debiéndose negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por último, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 36 a 42), y los alegatos de la tercera interesada Guadalupe Guzmán Garcés (fojas 73 a 76), porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de seis de febrero de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eduardo Brindis Muñoz, por conducto de su defensor particular Aldrin Antonyo López de la Rosa Ascencio, en contra de los actos que reclama de la Juez de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tienen protegidos los datos personales de las partes de acuerdo a lo determinado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Uno con sede en Macuspana, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de ocho de septiembre del presente año, remite un disco en formato DVD de audio y video, que contienen las audiencias de quince de febrero de dos mil diecinueve y trece de enero de dos mil veinte, dictadas en la carpeta administrativa 60/2018, que le instruye al aquí quejoso Eduardo Brindis Muñoz, por lo que resguárdese la constancia en disco compacto en la mesa de trámite de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente; quedando a disposición de las partes por el término de tres días para su consulta, en el entendido de que, si es su deseo imponerse del mismo, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental publica de actuaciones al tratarse de una simple fijación o registro, por los medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y publica contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental publica lato sensu, tendiente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embrago, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que se, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, tomando en consideración que la audiencia constitucional está prevista para el día de hoy, y las partes no han sido enteradas con la debida oportunidad de las constancias que se acuerdan (las cuales obran en audio y video), como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
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