Eduardo Daniel Chávez Álvarez
Expediente 1976/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1976/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Eduardo Daniel Chávez Álvarez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito atendiendo a su contenido, acusa de recibo del oficio con el cual se le remitió el juicio de amparo 1976/2022-III y anexo. Asimismo, informa que aceptó la competencia planteada, radicándolo como amparo directo 1279/2022. En atención a lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE ACTUAL POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO EL SIGUIENTE PROVEÍDO: """PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Cuarto Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1976/2022-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. INCOMPETENCIA Es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Al respecto, conviene mencionar que los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De la interpretación de estas disposiciones se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio y que lo decide en lo principal. Asimismo, prescriben que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como el trámite que se debe realizar a una demanda en materia de amparo directo. Pues bien, en el caso a estudio el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva dentro de la tercería excluyente de dominio promovida por Eduardo Daniel Chávez Álvarez, deducida del juicio ejecutivo mercantil 941/2019, promovida por los licenciados Othoniel Bonilla Pérez y Jorge Eduardo Galicia Cortez en sus carácter de Endosatarios en Procuración de Desarrollo y Progreso Familiar sociedad anónima de capital variable S.O.F.O.M. E.N.R. en contra de Virginia Ramírez Aguilar. Bajo ese contexto, dicha determinación constituye una resolución definitiva que pone fin al juicio de origen. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 126/2005 Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 952, Novena Época, Materias Laboral, Registro digital 176797, cuyo rubro es: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En consecuencia, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se declara legalmente incompetente por razón de grado para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo al TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMONOVENO CIRCUITO EN TURNO; a quien se considera competente en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, solicitándole atentamente que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo correspondiente y comunique su determinación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; asimismo, téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Efraín Alberto Duran Moctezuma, Alejandra Estrada Trejo y Claudia López Pedraza, al no acreditar contar con registro de cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente"""
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