Eduardo Álvarez Martínez
Expediente 1977/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1977/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Eduardo Álvarez Martínez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Pachuca, Hidalgo. REGISTRO DE DEMANDA Fórmese expediente y regístrese con el número 1977/2023-3-A, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. PROCEDENCIA Lo anterior, atendiendo a que la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable para girar atento exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para que nombre perito tercero en discordia en materia de sonido y ambiente laboral; lo que hasta este momento podría actualizar la hipótesis de procedencia prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que al momento de resolver el presente asunto sean precisados, en términos del artículo 74, fracción I, del ordenamiento legal invocado en último término. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III y X Constitucionales, 37, 107, fracción VI, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo vigente a partir del día tres de abril de dos mil trece, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se forme por separado el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. FECHA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. PETICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS Y APERCIBIMIENTOS Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a lo dispuesto en los artículos 26, fracción II, inciso a) y 117, ambos de la Ley de Amparo, pídanse informes justificados a las autoridades responsables, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días, en el cual, las autoridades expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Haciendo del conocimiento de las autoridades responsables que el correo oficial de este órgano de control constitucional es 3jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que en caso de ser necesario, informen sus determinaciones mediante esta vía. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A su vez, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su respectivo informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al resolver el fondo del asunto (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización). De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que al rendir sus informes justificados expresando un hecho falso o negando la verdad de los hechos, es constitutivo de delito en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, y se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 y 251 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado federal y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidos que en caso de ser omisos, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a alguna de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informe que no existe otra de las autoridades, o en caso que el Servicio Postal Mexicano devuelva el sobre del oficio de transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, sin mayor trámite, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación procesal con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en la fracción IV del artículo 5o. y 124 de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la participación que por ley le corresponde, cuya notificación deberá realizarse por lista que se fije en este juzgado federal, en términos del artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado; poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, esto por contar con registro de su cedula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito y a los demás citados en términos restringidos en virtud de no tener el registro correspondiente. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, sin perjuicio de hacer relación de las misma durante el desarrollo de la audiencia constitucional y tomadas en consideración al momento de resolver lo que conforme a derecho proceda. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFICACIONES DE DIFERIMIENTOS POR MEDIO DE LISTA En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se publica en internet y en el exterior del edificio que alberga este Juzgado de Distrito, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario enviar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, materia común, página 1253, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese
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