Eduardo Contreras Alva y Otros.

Expediente 132/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
132/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Contreras Alva y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME AUTO DESECHAMIENTO

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que presenta EDUARDO CONTRERAS ALVA, contra actos de la autoridad DIRECTORA DE LA CONTRALORÍA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 132/2017. Ahora bien, con fundamento en el artículo 145, en relación con la parte final del diverso 73, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse la actualización de causa de improcedencia manifiesta e indudable, por los motivos que a continuación se exponen. Del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama de la autoridad señalada como responsable DIRECTORA DE CONTRALORÍA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Se reclama el citatorio emitido por la directora de Contraloría de la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, dentro del expediente de responsabilidad desconocido, mediante el cual se me solicita comparezca a la celebración de una diligencia administrativa que tendrá verificativo en las oficinas de la Contraloría, con el fin de que se realice aclaraciones pertinentes a los asuntos observados por el funcionario entrante, al contenido del Acta de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, de los antecedentes del acto reclamado, se colige que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que le acto reclamado lo constituye un citatorio emitido por la Contraloría de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, mediante el cual se solicita al quejoso comparezca a la celebración de una diligencia administrativa -con el fin de que realice aclaraciones pertinentes a los asuntos observados por el funcionario entrante, al contenido del acta de entrega y recepción de asuntos y recursos públicos-; es decir acto que no afectan de manera directa e inmediata un derecho sustantivo. Al respecto se transcriben los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los ciudadanos, por lo que no son de imposible reparación aquéllos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del ciudadano y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Asimismo, deben considerarse de manera excepcional, aquellas violaciones formales, adjetivas o procesales que afectan a las partes en grado predominante o superior y que obligan a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, lo anterior aun y cuando las mismas, por ser cuestiones formales, no se traduzcan en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dichas cuestiones son presupuestos procesales sin los cuales no queda debidamente integrada una litis. Sirven de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Materia(s): Común, de la Octava Época, con número de registro 205651, que a la letra dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De lo anterior se colige que el quejoso señala como acto reclamado el citatorio mediante el cual, la Directora de Contraloría de la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, solicita comparezca ante una diligencia administrativa; sin que ello pueda constituir un acto que tenga sobre las personas, los derechos o las cosas, una ejecución de imposible reparación, en tanto que esa resolución no tiene por efecto lesionar derecho sustantivo alguno de la quejosa, tales como la vida, la libertad, la propiedad o alguno de los tutelados por la Constitución General de la República, sino que -atendiendo a la naturaleza y efectos del citatorio-, éste sólo tiene como efecto sujetar al servidor público -según señala en su demanda- a la celebración de una diligencia administrativa para realizar las aclaraciones pertinentes a los asuntos observados por el funcionario entrante, al contenido del acta de entrega y recepción de los asuntos y recurso públicos. Lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior de la que dependa el sentido en que haya de emitirse la sentencia final. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época, Segunda Sala, localizable en la página 242 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006, materia administrativa, cuyo rubro y leyenda, son: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto. Entonces, es evidente que nos encontramos ante un acto que, de acuerdo a su naturaleza y el estado procesal, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; sino que únicamente afecta derechos adjetivos o procesales, que sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, y la afectación procesal que en todo caso pudiera sufrir puede subsanarse con la obtención de un fallo benéfico a sus intereses. Resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la de la Ley de Amparo; se desecha de plano la presente demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se le tiene a la parte quejosa por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Luis de Velasco 669, colonia Pro-hogar, entre Río Fuerte y Río Sinaloa de esta ciudad, y por autorizado en términos completos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado JUAN FERNANDO ESTRADA MÁRQUEZ. Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015.

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