Eduardo Andaon Cancino y Otros.

Expediente 58/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
58/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
24/09/2015

Partes del expediente

  • Eduardo Andaon Cancino y Otros.
  • Eduardo Andaon Cancino

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de cuatro de septiembre de dos mil quince, en el que se DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; en consecuencia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, causando estado con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 81 del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, dénse los avisos correspondientes de ley, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno, glósese únicamente el original del cuaderno incidental relativo al presente juicio de amparo y, archívese este expediente, como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace constar que el expediente del juicio de amparo en que se actúa es susceptible de destrucción, conforme al considerando vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el considerando vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de acuerdo al considerando vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo. El cual deberá mantenerse por separado en el archivo del presente juzgado, hasta en tanto transcurra el plazo de SEIS MESES previsto en tal considerando vigésimo, luego del cual se procederá a su destrucción. De igual forma, es de indicarse que este expediente no se considera de relevancia documental. Por otra parte, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes; ello conforme al Capítulo Primero, Disposición Segunda, fracción XVIII, del Acuerdo en cita. Finalmente, dado que por proveído de dieciséis de febrero del año en curso, se ordenó la formación de un tomo de pruebas con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, en el que se respetó el sello, folio y rúbrica de la autoridad responsable, mismo que ya no resulta necesario por lo que su destino legal sería depurarlo; sin embargo, en apoyo al principio de economía procesal, y a fin de que pueda ser de utilidad para la citada responsable, devuélvasele mediante oficio con transcripción de este auto.

  2. Principal

    Lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se logró la localización de la tercero interesada Esperanza Concepción Yamanaka Miranda, en los domicilios que obran en autos, ni en los proporcionados por las autoridades requeridas; asimismo, que la parte quejosa no atendió el requerimiento realizado a fin de que lo proporcionara. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en proveído de uno de julio pasado, y toda vez que ya se agotaron todos los medios posibles que este Juzgado Federal tiene a su alcance a fin de realizar tal diligencia, en tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b) párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, así como en el diverso artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2°, de la Ley de la materia, se ordena emplazar a la tercero interesada Esperanza Concepción Yamanaka Miranda, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, que contendrán una relación sucinta de la demanda de amparo, los cuales deberán ser publicados por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en el país, a través de los cuales se le hará saber que deberá presentarse ante este Juzgado Cuarto Distrito en Mexicali, Baja California, dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación. Tiene sustento a lo anterior, en la Tesis I.6o.C.47 K, consultable en la página novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, enero de dos mil, Novena Época, que, a la letra, dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA INVESTIGACIÓN PARA DAR CON EL DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO, SI NO HUBO RESULTADOS FAVORABLES. La autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, ante el desconocimiento del domicilio del tercero perjudicado en el juicio de garantías, deberá ordenar a las autoridades correspondientes la investigación de dicho domicilio para efectos del emplazamiento y esperar la contestación o en su defecto, requerir a las omisas con el apercibimiento respectivo para que den cumplimiento a lo señalado y sólo será hasta que se tengan los resultados de la referida investigación, si fueren negativos, cuando estará la responsable en aptitud de realizar el emplazamiento por medio de la publicación de edictos y no antes, toda vez que se contravendría lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo." Por otra parte, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, contados a partir del siguiente día al en que sea notificada del presente proveído comparezca ante este Juzgado Federal, a fin de que reciba los edictos ordenados en líneas que preceden para su publicación correspondiente y acredite haber hecho los trámites respectivos. Apoya lo anterior, la tesis de la Décima Época, registro: 2007168, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Tesis: XXVII.3o.33 K (10a.), página: 1740, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA DILIGENCIARLOS ES DE 20 DÍAS, POR LO QUE LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE FIJA UN PERIODO INFERIOR Y PERENTORIO PARA RECOGERLOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y 63, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso deberá acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición y, si no lo hace sin causa justificada, se sobreseerá en el amparo. Así pues, el legislador no pretendió imponer plazos perentorios sucesivos para recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega, sino que estableció un plazo general para ejecutar todas esas acciones. En consecuencia, la determinación del Juez de Distrito por la que previene al quejoso para que reciba los edictos dentro de un periodo inferior y perentorio constituye una violación procesal, por lo que si esa prevención conduce a sobreseer en el juicio, el órgano revisor deberá ordenar su reposición conforme al artículo 93, fracción IV, de la citada ley, a fin de que se otorgue al inconforme el plazo de 20 días para efectuar todas las acciones encaminadas a diligenciar los edictos". En la inteligencia de que el quejoso Eduardo Andalón Cancino, puede acreditar ante este juzgado la insolvencia económica para cubrir el costo de los edictos; es decir, demostrar con indicios suficientes que acrediten su incapacidad económica para sufragar dicho pago; entonces este juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a la tercero interesada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 108/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página cuatrocientos dieciséis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez. "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." (énfasis añadido) De igual forma, se cita por ser aplicable la tesis I.3o.C.973 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIV, julio de dos mil once. "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." (énfasis añadido) Asimismo, apoya lo anterior, la diversa tesis de la Décima Época, registro: 2006769, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Tesis: XVII.8 P (10a.), página: 1714, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE ORDENARLO A COSTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO PUEDA TENER COMO CONSECUENCIA PRIVAR DE LA LIBERTAD AL QUEJOSO Y ÉSTE MANIFIESTE SU IMPOSIBILIDAD ECONÓMICA PARA CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 84/2011). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", emitida bajo el régimen de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que, de resultar procedente el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado en un juicio de amparo directo en materia penal, era suficiente con que el quejoso expresara su insolvencia económica para pagar su publicación -derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria reclamada o de sus condiciones personales- para que se ordenara que el costo corriera a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, dicho criterio es aplicable en el amparo indirecto, cuando el acto reclamado puede tener como consecuencia la privación de la libertad del quejoso y éste manifieste su imposibilidad económica para cubrir dicho gasto, ello en atención a la naturaleza del citado derecho fundamental. De otra manera, esperar a que el procedimiento culmine con una sentencia condenatoria, a fin de que prospere llamar a la parte tercera interesada (en términos de la ley vigente), por edictos con cargo al erario público, dada la insolvencia del quejoso, atenta contra el principio de justicia pronta y expedita; máxime si el derecho que pretende salvaguardarse -libertad- posiblemente ya fue violentado. Sin que lo anterior pugne con la jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.), publicada en el citado medio de difusión oficial el viernes 25 de abril de 2014 y en su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 727, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS.", porque en ella se prevé la posibilidad de eximir al quejoso de pagar el gasto relativo a la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, cuando así proceda; lo que además se robustece con el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo vigente. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para esta fecha, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su celebración.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, en la cual se asienta el motivo por el cual no fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de uno de julio del año en curso, en el cual se le requirió para que proporcione el domicilio de la tercero interesada Esperanza Concepción Yamanaka Miranda, a fin de emplazarla al presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, notifíquesele por lista dicho auto, así como los subsecuentes. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo.

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