Eduardo Chavez Romero
Expediente 607/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/10/2022
Partes del expediente
- Eduardo Chavez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Por ello, se ordena estampar en la carátula del juicio de amparo el sello con la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo otorgado en proveído de veinte de septiembre del año en curso, en la que se le dio vista con las constancias que remitió la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, como anexo a su informe justificado, ello tomando en consideración de que la parte quejosa y asesores jurídicos se notificaron en veintiuno de septiembre del año que transcurre. Ahora, de las actuaciones que obran en el presente asunto, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que Eduardo Chávez Romero, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución para el Estado de Baja California, con sede en Tecate, en la que reclamó lo siguiente: "[.] Omisión al no dictar acuerdo escrito a mi petición de solicitud de Beneficio pre-liberacional que presente y fue recibido el dia 25 de julio del año 2022 a las 11 de la mañana con 42 minutos, del cual tengo copia sellada por la Autoridad Responsable, con esto se a vulnerado mi derecho de petición de acceso a la Justicia pronta, expedita e imparcial." (sic) Que en veinte de septiembre del año en curso, se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, en el que anexó copias certificada del cuaderno de ejecución 861/2020, relativo al sentenciado Eduardo Chávez Romero, en las que se advierte en lo que aquí interesa que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, recibió entre otros el escrito del aquí quejoso y señaló las doce horas del catorce de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia en la que se realizarán los planteamientos que el sentenciado y su defensa estimen conducentes para resolver dicha petición. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y asesores jurídicos para que manifestaran lo que a su derecho corresponda sin que a la fecha hayan manifestación alguna al respecto, no obstante de estar debidamente notificados para ello en veintiuno de septiembre del año que transcurre. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, por tanto, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional ya que como se advierte la omisión reclamada a la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, ha dejado de afectar el derecho que el quejoso considero vulnerado, lo anterior al haber proveído lo conducente respecto a su petición de incidente preliberacional solicitado, ya que en doce de septiembre de dos mil veintidós, recibió entre otros el escrito del aquí quejoso y señaló las doce horas del catorce de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia en la que se realizarán los planteamientos que el sentenciado y su defensa estimen conducentes para resolver dicha petición, por ende, es evidente que por cuanto a la omisión de dar respuesta que les fue reclamada en este juicio ha desaparecido, con fecha posterior a la presentación de la demanda (dieciséis de junio de dos mil veintidós) actualizándose de esta manera la hipótesis contemplada en la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo la vista de ocho días otorgada en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las doce horas del veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las documentales remitidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En consecuencia y toda vez que con la información proporcionada en el informe de cuenta pudiera actualizarse una causa de improcedencia en este asunto, con fundamento en los artículos 62 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y córrase traslado con el mismo a la parte quejosa por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese personalmente.
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