Eduardo Ariel Pinell Arauz
Expediente 984/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/02/2023
Partes del expediente
- Eduardo Ariel Pinell Arauz
- EDUARDO ARIEL PINELL ARAUZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta, que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el trece de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que hace a los quejosos Natahly Yahoska Mena Altamirano y Anthony Alexander Mendoza Espinoza; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, a pesar de haberse desechado de plano la demanda por unos quejosos, y haberse sobreseído fuera de audiencia por otros, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, ello conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ello toda vez que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, las leyendas "no relevancia documental" y "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta, que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. MBV/GCR/ilde.*.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que el Actuario de la adscripción dio fe de tener a la vista el original el oficio de salida del quejoso Eduardo Ariel Pinell Arauz, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, del que se advierte que fue puesto en libertad de la Estación Migratoria en esta ciudad. Desechamiento. Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, y en atención a la causa de pedir, se obtiene que la parte promovente hace consistir los actos reclamados, esencialmente, en lo siguiente: ? La orden de deportación, expulsión o repatriación; y, ? La incomunicación, violación a la libertad de tránsito y arbitraria detención. En ese sentido, de la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el Actuario de la adscripción dio fe de tener a la vista el original del oficio de salida del quejoso Eduardo Ariel Pinell Arauz, de veintiocho de noviembre dos mil veintidós, del que se advierte que fue puesto en libertad de la Estación Migratoria de esta ciudad. Motivo por el cual, se advierte han cesado los efectos de los actos reclamados, toda vez que se dejaron sin efecto, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del directamente agraviado Eduardo Ariel Pinell Arauz; por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio y cuyos preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso Eduardo Ariel Pinell Arauz, han cesado en sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional, de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor del directo quejoso. Lo anterior, guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el directamente agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del proveído ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el directamente agraviado esté en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del quejoso Eduardo Ariel Pinell Arauz; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida del licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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