Eduardo Ceron Perfecto

Expediente 324/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
324/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Ceron Perfecto

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio 268/2021 signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el recurso de queja ********************, interpuesto por la parte quejosa. Ahora, y toda vez que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo promovida y que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado bajo el número 141/2021 de su índice, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de catorce de abril de dos mil veintiuno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 101, de la Ley de la Materia, con copia del escrito de agravios notifíquese a las demás partes la interposición del recurso; transcurrido el plazo de tres días, que refiere dicho precepto legal, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno, el aludido escrito, ríndase informe con justificación, adjuntando copia del auto impugnado, de las constancias de notificación respectivas y de las demás que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Haciéndose saber al Órgano Revisor que sí es cierto el acto que se atribuye; empero, el mismo fue dictado conforme a derecho. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos y otras autoridades; por tanto se provee lo siguiente. 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque contra los actos reclamados procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previsto en el artículo 1, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el artículo 18, inciso B), fracción II, subinciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el cual debe agotarse antes del juicio de amparo. En efecto, acorde a la normatividad citada, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; y el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer, entre otros casos, de los juicios que se promuevan contra cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal en perjuicio de los particulares. Es decir, en lo que interesa, el juicio contencioso administrativo de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es procedente contra actos y omisiones de las autoridades de la administración pública municipal en perjuicio de particulares. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado sustancialmente el acta de sesión extraordinaria del cabildo de Puente de Ixtla, Morelos, de fecha once de diciembre de dos mil veinte, publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5926, en la cual aduce que se revoca y/o abroga el acuerdo de pensión número CPSHAPI/74/2018, en el que se otorgó a favor del quejoso una pensión por jubilación; así como su ejecución. Sin inobservar, que el amparista también señala como actos destacados la sesión extraordinaria del cabildo del ayuntamiento responsable 02/2019, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que dio origen a la anterior acta, así como la omisión de pago de su pensión y el proyecto de revocación de acuerdo pensionatorio CPSHAPI/74/2018 que señala que resultan de la aplicación y/o ejecución de la mencionada acta, sin embargo, se advierte que tales actos los reclama en vía de consecuencia, pues los mismos los controvierte como violaciones que dieron origen al acuerdo revocatorio y/o abrogatorio ya precisado como acto reclamado o como producto de su ejecución, lo que se advierte de sus conceptos de violación, así como en su solicitud respecto a la suspensión del acto reclamado, conforme a los cuales pretende que se paralice y se declare ilegal tal acta, entre otras cuestiones por carecer de facultades el cabildo que la emitió, de allí que tales cuestiones se tratan de vicios intrínsecos que le atribuye a la referida acta, y por tanto, en todo caso se tratan de conceptos de violación que reclama de la misma. Por tanto, como se observa, el acto reclamado consiste en un acto administrativo, emitido por una autoridad perteneciente a la administración pública municipal de Puente de Ixtla, Morelos, por lo que en términos de la normativa al inicio citada, contra el mismo procede el juicio contencioso administrativo y en acatamiento del principio de definitividad antes aludido, la parte quejosa debió agotarlo y al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Sin que, en el caso, nos encontremos ante alguna excepción al principio de definitividad, de las que alude el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado lo siguiente: I).- El acto reclamado no carece de fundamentación y motivación, ya que en el acta de sesión reclamada se advierte que se citaron diversos preceptos, y se señalaron los motivos por lo que la autoridad consideró que debían revocarse diversas pensiones otorgadas previamente. II).- La parte quejosa no alegó violaciones exclusivas a la Constitución Federal, pues señala que el cabildo del ayuntamiento responsable revocó y/o abrogó el acuerdo de pensión que se le otorgó sin tener competencias y facultades para ello, cuestión que constituye un tema de legalidad. III).- El juicio contencioso administrativo del que se ha hablado no está previsto en un reglamento sino en una ley de carácter estatal como lo es la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. IV).- Porque para la concesión de la suspensión del acto reclamado, los artículos 109 a 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exigen al demandante mayores requisitos que la Ley de Amparo, ni plazo mayor al que ésta última establece para otorgar la suspensión provisional; asimismo, tiene los mismos alcances que la establecida en la ley de la materia. Sin que se inadvierta que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, establece que para la concesión de la suspensión deben ser de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, no obstante, a nivel federal, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también establece dicho requisito en su artículo 121, fracción I, inciso b), y al respecto existe la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011289, de rubro "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", en la que estableció que tanto la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley de Amparo vigente, establecen esencialmente los mismos requisitos para otorgar la suspensión, además del análisis de la contradicción de tesis 222/2015 que le dio origen, se advierte que para arribar a tal criterio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mención, de un análisis comparativo entre ambas legislaciones, concluyó que en las mismas se exigían requisitos esencialmente iguales que para que procediera la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado; por lo que resulta aplicable dicho criterio de forma analógica al caso en estudio. No se inobserva que el anterior criterio fue materia de la diversa contradicción de tesis 146/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual derivó la diversa jurisprudencia P./J. 19/2020 (10a.), con registro 2022619, de rubro "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO", no obstante la materia de análisis de dicha contradicción consistió en dar respuesta a la interrogante relativa a si "¿conforme a la Ley de Amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico, la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito para que se otorgue la suspensión?", de allí que el pronunciamiento respecto a dicha jurisprudencia es exclusivamente sobre tal cuestión -respecto a que no constituye un requisito establecido en la Ley de Amparo vigente la acreditación de daños y/o perjuicios de difícil reparación para conceder la suspensión del acto reclamado- por lo que en la misma no se determinó si el requisito de acreditar daños y/o perjuicios de difícil reparación para conceder la suspensión del acto reclamado, constituía un requisito esencial que fuera mayor al establecido a la Ley de Amparo vigente, así como, si existía o no la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo, previo a la promoción del juicio de amparo a fin de agotar el principio de definitividad. Y al contrario, sobre el tema en específico, existe el criterio 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya previamente citado, en donde sobre el tema establece que si debe agotarse el juicio contencioso administrativo federal previo a la promoción del juicio de amparo, ya que los requisitos establecidos en ambas legislaciones eran esencialmente iguales, el cual aplica por analogía, al continuar manteniendo un pronunciamiento al menos respecto a éstos temas, respecto de los cuales no fue superado. Además, debe de tenerse en cuenta que en el caso, conforme a lo narrado en el acta de sesión de la que derivaron diversos acuerdos abrogatorios, se tiene que en sus puntos se expuso que entre otros artículos, el mismo se fundaba en el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el cual consideró la responsable que la facultaba para revocar sus acuerdos, en ciertos supuestos siguiendo el procedimiento y las formalidades que fueron necesarios para adoptarlos; además se especificaron en el cuerpo del mismo los diferentes preceptos que establecen las etapas que deben observarse respeto del procedimiento para que se otorgue una pensión mediante acuerdo del ayuntamiento; asimismo se puntualizó que derivada de la denuncia de hechos efectuada por una particular, en sesión extraordinaria del cabildo en cita 2/2019, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve se determinó "la conformación de la comisión permanente dictaminadora de pensiones de este ayuntamiento para conocer y analizar las solicitudes de trabajadores del mismo y para que motivaran fundamentaran y se entregara la respectiva documentación para en su caso -actuar en consecuencia- siempre en el marco del derecho y dar certeza y legalidad al dictamen que emita la misma", y que dicha comisión dictaminadora "inicio los procedimientos administrativos respectivos y necesarios, respetando el derecho de audiencia de los aún pensionados sujetos a los procedimientos de referencia. Luego, se advierte que se inició un procedimiento administrativo para la emisión de los acuerdos revocatorios y/o abrogatorios, el cual se encuentra en etapa de ejecución, por lo que en este caso en particular, la Ley de Amparo establece como requisito para conceder la suspensión con objeto de paralizar un procedimiento, el que los daños que se puedan producir sean irreparables, conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2021264, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral". Nótese que dicho criterio surgió respecto de actuaciones del ministerio público en la etapa de investigación dentro de un proceso penal, el cual si bien forma parte de dicho procedimiento, no es parte de la etapa de juicio oral, de donde se desprende precisamente que dicha disposición también aplica tratándose de procedimiento administrativos, tal como robustece por las consideraciones que la informan la jurisprudencia PC.I.A. J/70 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Décima Época, con registro 2011792, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo III, página 2389, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE IMPUGNE LA ORDEN DE VISITA DE UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES, PARA EL EFECTO DE QUE NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN EN DICHO PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación del artículo citado se infiere que el aspecto primordial a dilucidarse para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de suspender el procedimiento del que deriva el acto reclamado, es la irreparabilidad del daño que pueda ocasionarse al quejoso; por tanto, cuando éste solicite la suspensión definitiva en un juicio de amparo indirecto, para el efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo de verificación relacionado con el cumplimiento de normas que regulan la construcción de inmuebles, iniciado con la orden de visita ejecutada en su propiedad, no se actualiza la irreparabilidad prevista en el artículo 150 de la Ley de Amparo y, por ende, no procede conceder la suspensión, ya que conforme a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 2/2012 (10a.), la orden de visita domiciliaria puede impugnarse de inmediato a través del juicio de amparo indirecto o, posteriormente, ya que sus efectos no se consuman irreparablemente al prolongarse durante el desarrollo de la diligencia respectiva y al trascender a la resolución que derive del procedimiento, de ahí que al impugnarse la resolución definitiva, también pueden hacerse valer los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la orden, lo que el Juzgador analizará a la luz de la resolución definitiva emitida en el procedimiento administrativo respectivo." Por tanto, tampoco puede sostenerse que en este caso en particular, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional. Atento a lo expuesto, es que se concluye que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, y en consecuencia, se desecha la demanda de amparo en estudio. Cabe señalar que el criterio aquí sostenido guarda identidad con el resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa 40/2020, donde confirmó el sobreseimiento de un juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia aquí sostenida -falta de cumplimiento al principio de definitividad, por no haber agotado el juicio contencioso administrativo local en el Estado de Morelos-respecto de un acuerdo derogatorio de pensión emitido por un ayuntamiento. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiarían que el quejoso no agotó el juicio contencioso administrativo local previo a promover el juicio de amparo. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y del acto reclamado se aprecia que el quejoso acudió al juicio de amparo sin haber demostrado haber agotado previamente el juicio contencioso de referencia. Lo anterior aunado a que en el caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, referente a la falta de interés jurídico y/o legítimo, ya que del análisis del acta de asamblea impugnada, se advierte que los decretos revocatorios y/o abrogatorios de pensión se dictaron respecto de personas distintas al aquí quejoso, de lo que se deduce pues, que no le causa ninguna afectación, en tanto que no se determinó nada respecto a su decreto pensionario. 3).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sandra Amairani Parra Dorantes, no así a las demás personas que menciona, toda vez que no acredita se encuentren facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, como lo exige el numeral invocado en materia administrativa, ni se encuentra registrada cédula profesional a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, por tanto, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia. Asimismo, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico y notificaciones vía electrónica a la parte quejosa, siempre y cuando se realice con los usuarios que menciona y se encuentren registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Y de forma alternativa, o bien, en caso de que no exista el usuario de referencia para efectuar las notificaciones vía electrónica, se autoriza como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, en el entendido de que bastara con una notificación hecha por alguno de dichos medios -electrónica o de forma física- para tenerla como válida. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se autoriza los correos electrónicos y los números telefónicos que refiere únicamente para entablar comunicaciones no procesales. 4).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.

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