Eduardo Castillo Cardenas
Expediente 1156/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 36 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eduardo Castillo Cardenas
- Mildred Castillo Contreras
- Sandra Contreras Mejía
- MILDRED CASTILLO CONTRERAS y Otros.
- EDUARDO CASTILLO CARDENAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia engrosada el treinta de mayo de dos mil veintidós, dictada por este juzgado de Distrito, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1156/2021; y R E S U L T A N D O Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ******* y *******, en representación de su hija menor de edad de iniciales M.C.C., solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que anunciaron de la forma siguiente: "NOMBRE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. b) Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. c) Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México. d) Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. e) Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. f) Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General... g) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. h) Secretario de Salud del Estado de Morelos... i) Director General del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos. j) C. Subdirectora de Salud Pública de los Servicios de Salud en el Estado de Morelos. k) El C. Delegado de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Morelos. (.) ACTO RECLAMADO.- a) La omisión de aplicar de manera congruente con el mandatado presidencial de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee, a partir del pasado 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 17 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a la quejosa, con sus dos dosis, ante la entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inició el 30 de Agosto de 2021, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que queja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. b). La omisión de llamar, informar y/o notificar a la menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, a pesar de que ya iniciaron las clases presenciales y la propagación de contagios aumentaron a partir del treinta de agosto de este año en la Ciudad de Cuautla, Morelos. c). La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido aumentando éste con las clases presenciales, que en teoría debe ser independientemente de que haya o no clases presenciales. d). Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas, que se traducen materialmente, en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día, es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación, por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo y pidió a las autoridades responsables su informe justificado. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y, al no advertirse la existencia de un tercero interesado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Además, por auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo saber a las partes que, mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó, la adscripción de la Jueza Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. Una vez tramitado el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra determinaciones emitidas por organismos administrativos, las cuales tienen ejecución material en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud de México; Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; y Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General, todos con residencia en la Ciudad de México. 1) La norma general denominada "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México". Del Gobernador Constitucional, Director General y Subdirectora de Salud Pública de Servicios de Salud de Morelos, Secretaría de Salud y Delegado de la Secretaría de Bienestar Social, todos del estado de Morelos. 2) Como consecuencia de la referida norma general, la omisión de vacunar a la menor de edad de iniciales M.C.C., con la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis. III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, Gobernador Constitucional, Director General y Subdirectora de Salud Pública de Servicios de Salud de Morelos, Secretaría de Salud y Delegado de la Secretaría de Bienestar Social, todos del estado de Morelos, pues al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. Es así, pues ante la negativa del acto por parte de las autoridades responsables, es a la quejosa a quien corresponde la carga de la prueba de su existencia, lo que puede comprobar durante el juicio mediante el ofrecimiento de las pruebas conducentes y hasta la audiencia constitucional, lo cual no hizo, pues no ofreció medio de convicción alguno para acreditar ese acto. Además, porque las autoridades responsables antes precisadas, esencialmente refirieron en sus informes justificados que no tienen intervención en la norma reclamada Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México, ni facultades para aplicar la vacuna, toda vez que como se explicará en párrafos siguientes, dicha norma fue emitida por autoridades de salud federal y por cada entidad federativa se nombró un coordinador estatal designado por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y en el caso del Estado de Morelos, fue designado el doctor José Miguel Ángel Van Dick Puga, Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos y Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Morelos; de allí que no se acreditó el acto reclamado a las autoridades señaladas. De igual forma, no es cierto el acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pues con independencia de que haya sido omiso en rendir su informe justificado, es un hecho notorio que no participó en la elaboración de la política nacional reclamada, por lo que no se le puede atribuir que, con base en la misma, haya omitido vacunar a la menor M.C.C. Lo anterior, ya que como se dijo, la política de vacunación impugnada fue emitida por las autoridades Federales especializadas en materia de salud, por lo que no tuvo injerencia en su elaboración, y de los documentos normativos aplicables, no se advierte que cuente con atribuciones para vacunar al infante en cuestión, de allí que no le sea imputable tal acto. Ello además, porque conforme al artículo segundo, del ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido por el Consejo de Salubridad General, es a esa autoridad y no a otras, a quien le corresponde determinar las acciones para atender la emergencia sanitaria producida por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID- 19), de allí que sea la mencionada quien cuenta con facultades para la emisión del mismo, y que por ello, sólo a ella le sea imputable su dictado. Luego, es que no le compete al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la aplicación de la vacuna en cuestión, en consecuencia, al no contar con facultades para llevar a cabo la actividad cuya omisión se reclama, es que la misma resulta inexistente, resultando aplicable la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196080, del contenido siguiente: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. En consecuencia, ya que como se evidenció no compete a las autoridades responsables citadas, la emisión de la política de vacunación ni la aplicación de la vacuna, por lo que no se acredita la existencia del acto reclamado y, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente asunto respecto de dicho acto y autoridades responsables precisadas. IV. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables pertenecientes a la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México, pues con independencia de que no rindió informe, por lo que se presume cierto en términos de lo previsto por el cuarto párrafo del artículo 1173 de la Ley de Amparo, como se dijo, dicha política nacional de vacunación estuvo a cargo de las autoridades de Salud en materia Federal, quienes tuvieron intervención en la misma y al tratarse de una norma general, no está sujeta a prueba, aunado a que se encuentra disponible para su consulta en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, lo que constituye un hecho notorio, resultando aplicable al respecto la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, cuyo rubro es: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. V. Improcedencia del juicio de amparo indirecto. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia por falta de integración de la relación jurídica procesal, por omitir señalar como autoridad responsable al encargado de la aplicación de la vacuna en el Estado de Morelos -José Ángel Van-Dick Puga, Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos y Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Morelos-, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo1. En efecto, en términos de las disposiciones antes transcritas, es obligación de la parte quejosa señalar como autoridad responsable a la encargada de la aplicación del acto reclamado, pues de lo contrario, no se estaría en posibilidad de analizar sus actos, ya que de hacerlo se le dejaría inaudita en el juicio y se le coartaría su derecho que tiene a defender su actuar. Así, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de aplicar a la menor de edad M.C.C., la vacuna contra el 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". virus covid-19, al no aparecer habilitado el registro para el grupo etario al que pertenece la infante -trece años de edad-. De ahí que, como se dijo, la autoridad que emitió la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", es la Secretaría de Salud Federal con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, y en el Estado de Morelos, corresponde la aplicación de la vacuna a José Ángel Van-Dick Puga, Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos y Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Morelos. Sin embargo, el citado Coordinador de las Brigadas Especiales en el Estado de Morelos, no fue emplazado al presente sumario dado que la parte quejosa no lo señaló como autoridad responsable, no obstante que, mediante proveídos de veintiuno y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se le dio vista con los informes rendidos por el Gobernador Constitucional, Director General y Subdirectora de Salud Pública de Servicios de Salud de Morelos, todos del Estado de Morelos, en los cuales esas autoridades señalaron que dicha autoridad era la encargada de la aplicación de la vacuna. De ahí que, ante la falta de señalamiento como autoridad responsable a la encargada de la aplicación de la vacuna en el Estado de Morelos, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia VI.2o. J/205, de la Novena Época, con registro digital 208065, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal. Así como la tesis XX.31 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con registro digital 204208, de la Novena Época, de rubro: ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS SI EN LA DEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL. Si el quejoso interpone una demanda de amparo, señalando como autoridad responsable ordenadora a una que no emitió el acto reclamado y sin que conste que ésta tuviese jurisdicción alguna en el asunto por impedimento, excusa o cualquier otra causa, es evidente que ante tal circunstancia opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio constitucional, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Máxime que, aún en caso de que se hubiera llamado a juicio a la referida autoridad, lo cierto es que tampoco hubiera sido posible entrar al análisis de fondo del asunto, pues también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo2, relativa a cuando subsiste el acto reclamado, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, por las siguientes razones. Esto es así, ya que, si bien al momento de presentación de la demanda -veinte de septiembre de dos mil veintiuno- la quejosa contaba con trece años de edad (ya que nació el siete de agosto de dos mil ocho), y con base en esos datos sustentó su reclamo, puesto que en ese momento no se encontraba permitida tal inoculación, ya que la política de vacunación aludida no contemplaba el grupo etario al que pertenece la infante -trece años de edad-. Ahora bien, constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad al numeral 2º de esta última, y conforme a la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 2 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR, que el Gobierno Federal, desde el veintiséis de abril de este año, aperturó el registro de menores de 12 a 14 años sin comorbilidades, para su vacunación contra el virus SARS-COV-2 y/o la enfermedad COVID-19, como se puede consultar en el portal web "https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php", en la que se visualiza el siguiente formulario de registro: De lo anterior, se tiene que, si bien los actos reclamados subsisten -"Política Nacional de Vacunación contra el virus SarsCov2, para la Prevención de la Covid-19 en México" y la omisión de vacunar a la menor quejosa-, los mismos ya no surten efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia de ellos -el impedimento para que una menor de trece años de edad, sin comorbilidades, solicite la vacuna en cuestión-. Precisamente, el reclamo de la parte quejosa se perfila a cuestionar que la política de vacunación aludida, y la omisión de vacunar a la menor quejosa con base en ella, resultan inconstitucionales, ya que con ellos, en sustancia, se le impidió, por contar con trece años de edad, acceder a dicho insumo; y que se le está obligando a acudir a clases presenciales, lo que le origina un mayor riesgo de contagio. Empero, bajo el contexto vigente, es que puede concluirse que el objeto o materia de esos actos dejaron de surtir efectos, pues CARLOS ROBERTO SAENZ RAMOS actualmente los menores con doce a diecisiete años sin comorbilidades, tienen acceso a la referida vacuna; tan es así que esa política de vacunación ya no implica un impedimento para que personas con dicha edad soliciten la aplicación de la vacuna y, por lo mismo, la omisión reclamada por la parte quejosa también dejó de carecer de sustento, al dejar de existir el fundamento que le impedía acceder al insumo en cuestión. En esos términos, es que un eventual fallo protector carecería de efectos, pues la concesión de amparo que podría darse en este juicio, sería para el efecto de que se desaplicara la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; y en ese sentido, se le permitiera a la menor quejosa solicitar la vacuna, siendo que actualmente, se insiste, la misma ya puede ser peticionada por la quejosa al contar con trece años de edad. De ahí que también se actualice la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 173858 y de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, debe sobreseerse en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***** y ****, en representación de la menor de iniciales M.C.C., respecto de los actos precisados en el considerando II de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el último de ellos. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Carlos Roberto Sáenz Ramos, Secretario que autoriza y da fe, hoy treinta de mayo de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota....Vistos los autos se advierte que mediante auto de doce de abril de presente año se tuvo por recibido el informe rendido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de la Comisión y del Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, por lo que ordenó dar vista a las partes con su contenido, advirtiéndose que se encuentra transcurriendo la vista ordenada. Por otra parte, de autos se advierte que en auto de diez de marzo del presente año se tuvo a la apoderada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, informando que carece de competencia para rendir el informe requerido en el presente juicio y se ordenó requerir de nueva cuenta a fin de que informará lo solicitado, sin embargo, no obra constancia del oficio correspondiente a dicha autoridad, por tanto, envíese el oficio correspondiente a la autoridad en mención a fin de que rinda el informe requerido en auto de veintitrés de febrero y diez de marzo, ambos de este año. En tales condiciones, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de la Comisión y del Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual rinde el informe de autoridad solicitado en proveído de ocho de marzo del año en curso. Al respecto, dese vista a las partes con el contenido de dicho informe, para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
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