Eduardo Cepeda Rodríguez
Expediente 458/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Eduardo Cepeda Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por Eduardo Cepeda Rodríguez, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. -1
- Principal
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, a las diez horas con un minuto del nueve de noviembre de dos mil veintidós (foja 73), hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 458/2022-1, promovido por Eduardo Cepeda Rodríguez, ante la presencia judicial de Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, quien actúa con Patricia Arcos León, secretaria que autoriza y da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Relación de constancias Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda de amparo (fojas 1 a 3), e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El juez acuerda: téngase a la secretaria haciendo relación de las citadas constancias, para ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. A continuación, abierto el período probatorio, la secretaria CERTIFICA: que obran en autos las documentales que anexaron a su informe justificado las autoridades responsables (fojas 19 a 70). El juez acuerda: se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y por desahogadas las documentales descritas, concluyendo así dicha etapa. Enseguida, abierto el periodo de alegatos, la secretaria CERTIFICA: Que ninguna de las partes los formuló. A lo que el juez acuerda: al no haber alegatos que relacionar, se da concluida dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 458/2022-1, promovido por Eduardo Cepeda Rodríguez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad, por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, Eduardo Cepeda Rodrgíguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben (foja 1): "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son la JUNTA ESPECIAL No. 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, así como el ACTUARIO ADSCRITO [.]. IV.- ACTOS DE AUTORIDAD: Dentro del expediente 85/7/2020 llevado ante la JUNTA ESPECIAL No. 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO: a). De la JUNTA ESPECIAL No. 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE: La omisión de proveer el Acuerdo de Admisión de Pruebas. La falta de ordenar la notificación a las partes del acuerdo de admisión de pruebas, se desahoguen las mismas y continúe el procedimiento hasta el dictado del laudo. b). Del ACTUARIO ADSCRITO de la JUNTA ESPECIAL No. 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE: La omisión al no realizar la notificación a las partes del acuerdo de admisión de pruebas." La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se registró con el número 458/2022-1; se admitió a trámite la demanda; de igual manera, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, puesto que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, el cual carece de ejecución material, y la demanda se presentó en esta ciudad; por tanto, este juzgado de distrito es competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito de demanda de amparo, informe justificado rendido por la autoridad responsable, y en general de todas las constancias que obran en autos, se concluye que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La omisión de proveer lo atinente a las pruebas ofrecidas por las partes dentro del procedimiento laboral 85/7/2020. Del Actuario adscrito a la Junta. La omisión de notificar el acuerdo relativo a la admisión de pruebas. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario de su adscripción, ambas con residencia en esta ciudad, toda vez que, la primera de las autoridades mencionadas manifestó que el trece de septiembre de dos mil veintidós, proveyó sobre las pruebas que aportaron las partes en el juicio laboral 85/7/2020; y la segunda, admite que le fueron turnadas las actuaciones del juicio natural para realizar la notificación del auto en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes. CUARTO. Previo el estudio de fondo del asunto, debe analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de estudio preferente, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio se estima que respecto al acto reclamado que se hizo consistir en la omisión de acordar respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del procedimiento obrero 85/7/2020, del índice de la Junta responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo [cesación de efectos del acto reclamado], que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En principio, cabe señalar que las constancias certificadas remitidas por la responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, relativas al expediente 85/7/2020 de su estadística, merecen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones expedidas por autoridad legalmente facultada para ello. De las aludidas documentales se desprende, en lo que aquí interesa, lo siguiente: A las nueve horas del tres de junio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del procedimiento laboral en comento, en la que se tuvieron por ofrecidas las pruebas de la parte actora y demandada, dejándolas a la vista de los integrantes de la Junta para un mejor estudio (fojas 43 a 47). Posteriormente, el trece de septiembre actual, la Junta de conocimiento proveyó respecto de todas y cada una de las probanzas que ofrecieron las partes a través de sus escritos presentados el tres de junio de esta misma anualidad (foja 64 a 69). En ese tenor, si la demanda de amparo fue presentada el veinticinco de agosto del año en curso, y con posterioridad la autoridad responsable -dentro del ámbito de sus facultades-, emitió el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, relativo a las pruebas del actor y demandada; es inconcuso que han cesado los efectos del acto omisivo reclamado, pues se ha dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo. Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, respecto al diverso acto consistente en la omisión del Actuario adscrito a dicha Junta, de notificar el acuerdo relativo a la admisión de pruebas, se estima actualizada la causa de sobreseimiento contenida en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, al resultar inexistente a la fecha de presentación de la demanda. El referido dispositivo es del tenor literal siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la existencia del acto reclamado debe analizarse por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la aludida Segunda Sala, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En virtud de lo anterior, si a la fecha de presentación de la demanda, es decir, veinticinco de agosto de dos mil veintidós, aun no se había ordenado notificar a las partes, lo cual ocurrió el trece de septiembre del propio año; es inconcuso, que el acto reclamado - la omisión de notificar el acuerdo relativo a la admisión de pruebas-, se torna inexistente. En consecuencia, al estar probada la inexistencia del referido acto "I", con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio biinstancial. Sin que obste a lo anterior el hecho de que no se haya realizado pronunciamiento alguno en relación a la persona en quien recae el carácter de tercero interesado ni su emplazamiento a este juicio, habida cuenta que dado el sobreseimiento decretado, no le irroga perjuicio alguno a dicha parte procesal el dictado de esta sentencia. Lo anterior encuentra sustento en lo esencial y por identidad de razón, en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 575, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 211430, que dice: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." QUINTO. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Eduardo Cepeda Rodríguez. SEGUNDO. Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ante Patricia Arcos León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se admite en sus términos la demanda de derechos fundamentales. Sin que sea el caso tramitar el incidente de suspensión, dado que no fue solicitada su apertura. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con un minuto del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Se requiere a las autoridades responsables su informe justificado. Notifiquese.
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