Edith Navarrete Peña

Expediente 379/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
379/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Edith Navarrete Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa, ha transcurrido sin que se haya interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Primero. Se declara que ha causado estado el proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Edith Navarrete Peña, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Tercero. Se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese.(3)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Edith Navarrete Peña, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número 379/2018-3, que es el que cronológicamente le corresponde. Desechamiento de demanda Ahora bien, visto el escrito de demanda, a efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, en el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que la quejosa en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, reclama de las autoridades que señala como responsables, el emplazamiento que le fue practicado dentro de los autos del expediente civil 298/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como todo lo actuado dentro de dicho procedimiento. Actos, que de conformidad con el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad la quejosa expresó que tuvo conocimiento de estos, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de que por la razón que expuso, acudió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y se impuso de los autos relativos al expediente 298/2016, en donde se percató que existe el emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, acto que aquí reclama; lo cual también se corrobora pues en los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa refiere datos concretos del asunto de origen pues indica como la fecha y hora en que tuvo conocimiento de dicho emplazamiento. Así entonces, los artículos 17, 18, 20 y 22 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento." Asimismo, artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que como regla general el juicio constitucional, deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir de día siguiente a aquél en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostentó sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como lo establece el artículo 18 ya transcrito; el plazo antes señalado se contará por días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la mencionada ley. Con las excepciones contenidas en las fracciones de la uno a la cuatro del artículo 17, que se refieren a los plazos para promoción del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales de carácter autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, que será de treinta días, (fracción I); cuando se reclame una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga una pena de prisión será de ocho años (fracción III); cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar parcial o totalmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal que será de siete años (fracción III) y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo, caso este último en que la demanda de amparo podrá de conformidad con el artículo 20, de la ley en comento por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora. Como se puede observar, en la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo rige la regla general establecida en el artículo 17 en comento, esto es, de quince días; luego, si la parte quejosa, aduce bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados que hace consistir en el emplazamiento que le fue practicado dentro de los autos del expediente 298/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, así como todo lo actuado dentro de dicho procedimiento, al acudir al citado órgano jurisdiccional en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, e imponerse de los autos relativos al citado expediente, en donde se percató que existe el emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, acto que aquí reclama, así como sus consecuencias. De acuerdo a lo expuesto, la demanda de amparo que se analiza, se debió presentar dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de dichos actos, esto es, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del treinta de agosto al veinte de septiembre de dos mil dieciocho, con excepción de los días uno, dos, ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, por ser inhábiles; por lo que, si la demanda que se analiza, se presentó hasta el tres de octubre del año en curso, es evidente que resulta notoriamente extemporánea, actualizándose con ello la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber consentido tácitamente el acto aquí reclamado, entendiendo por el consentimiento tácito, la no promoción del juicio de amparo en los términos establecidos en el artículo 17 de la citada ley. Máxime que las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, tienen valor pleno como CONFESIÓN EXPRESA, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia notoria y manifiesta prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Edith Navarrete Peña, por su propio derecho. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo: VII, Mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Domicilio y autorizados Se tiene como autorizada de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica en su escrito de demanda, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente. (3)

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTA VÍA A LA PARTE QUEJOSA: Acuerdo: Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Edith Navarrete Peña, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número 379/2018-3, que es el que cronológicamente le corresponde. Desechamiento de demanda Ahora bien, visto el escrito de demanda, a efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, en el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que la quejosa en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, reclama de las autoridades que señala como responsables, el emplazamiento que le fue practicado dentro de los autos del expediente civil 298/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como todo lo actuado dentro de dicho procedimiento. Actos, que de conformidad con el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad la quejosa expresó que tuvo conocimiento de estos, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en virtud de que por la razón que expuso, acudió al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y se impuso de los autos relativos al expediente 298/2016, en donde se percató que existe el emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, acto que aquí reclama; lo cual también se corrobora pues en los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa refiere datos concretos del asunto de origen pues indica como la fecha y hora en que tuvo conocimiento de dicho emplazamiento. Así entonces, los artículos 17, 18, 20 y 22 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento." Asimismo, artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que como regla general el juicio constitucional, deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir de día siguiente a aquél en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o de aquél en que haya tenido conocimiento o se ostentó sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como lo establece el artículo 18 ya transcrito; el plazo antes señalado se contará por días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la mencionada ley. Con las excepciones contenidas en las fracciones de la uno a la cuatro del artículo 17, que se refieren a los plazos para promoción del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales de carácter autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, que será de treinta días, (fracción I); cuando se reclame una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga una pena de prisión será de ocho años (fracción III); cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar parcial o totalmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal que será de siete años (fracción III) y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo, caso este último en que la demanda de amparo podrá de conformidad con el artículo 20, de la ley en comento por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora. Como se puede observar, en la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo rige la regla general establecida en el artículo 17 en comento, esto es, de quince días; luego, si la parte quejosa, aduce bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados que hace consistir en el emplazamiento que le fue practicado dentro de los autos del expediente 298/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, así como todo lo actuado dentro de dicho procedimiento, al acudir al citado órgano jurisdiccional en fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, e imponerse de los autos relativos al citado expediente, en donde se percató que existe el emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, acto que aquí reclama, así como sus consecuencias. De acuerdo a lo expuesto, la demanda de amparo que se analiza, se debió presentar dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de dichos actos, esto es, el plazo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del treinta de agosto al veinte de septiembre de dos mil dieciocho, con excepción de los días uno, dos, ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, por ser inhábiles; por lo que, si la demanda que se analiza, se presentó hasta el tres de octubre del año en curso, es evidente que resulta notoriamente extemporánea, actualizándose con ello la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber consentido tácitamente el acto aquí reclamado, entendiendo por el consentimiento tácito, la no promoción del juicio de amparo en los términos establecidos en el artículo 17 de la citada ley. Máxime que las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, tienen valor pleno como CONFESIÓN EXPRESA, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia notoria y manifiesta prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Edith Navarrete Peña, por su propio derecho. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890, Tomo: VII, Mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Domicilio y autorizados Se tiene como autorizada de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica en su escrito de demanda, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Atendiendo al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente. (3)(3)

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