Eduardo Centurion Novelo

Expediente 2383/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2383/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Centurion Novelo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiséis de enero de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, ni se tramitó incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del Acuerdo General antes mencionado, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos únicamente para que obre como corresponda, oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con un anexo que adjunta; lo anterior, en virtud que por proveído de veintiséis anterior, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y en consecuencia, se dejó sin efectos la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con anexos que adjunta, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en proveído de diecisiete de enero el año en curso, y remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el Juicio Laboral 769/2019, de su índice, de los que se advierte que el veinte de enero de dos mil veintidós, el actuario de la Junta responsable notificó a la parte actora el juicio de origen, el auto cuatro de enero de dos mil veintidós, en el cual regularizó la prueba documental ofrecida bajo el número 4, inciso b), consistente en el presupuesto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, y señaló fecha y hora para que se lleve a cabo el cotejo y compulsa de la misma, en el juicio laboral de origen. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclamó de la Junta responsable la falta de notificación de la regularización de la audiencia correspondiente al cotejo y compulsa de la prueba documental ofrecida bajo el número 4, inciso b), consistente en el presupuesto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, exhibido en copia simple por la parte actora, en el juicio laboral 769/2019, de su índice. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la falta de notificación atribuida a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la regularización de la audiencia correspondiente al cotejo y compulsa de la prueba documental ofrecida bajo el número 4, inciso b), consistente en el presupuesto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, exhibido en copia simple por la parte actora, en el juicio laboral 769/2019, de su índice. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la Presidenta Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a su oficio de cuenta, se advierte que el veinte de enero de dos mil veintidós, el actuario de la Junta responsable notificó a la parte actora, el auto cuatro de enero de dos mil veintidós, en el cual, la citada Junta regularizó la prueba documental ofrecida bajo el número 4, inciso b), consistente en el presupuesto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, y señaló fecha y hora para que se lleve a cabo el cotejo y compulsa de la misma, en el juicio laboral 769/2019, de su índice. Dichas documentales por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el veinte de enero de dos mil veintidós, el actuario de la Junta responsable notificó a la parte actora, el auto cuatro de enero de dos mil veintidós, en el cual se regularizó la citada prueba documental, y señaló fecha y hora para que se lleve a cabo el cotejo y compulsa de la misma, en el juicio laboral 769/2019, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó de la Junta responsable la falta de notificación atribuida a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la regularización de la audiencia correspondiente al cotejo y compulsa de la prueba documental ofrecida bajo el número 4, inciso b), consistente en el presupuesto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, exhibido en copia simple por la parte actora, en el juicio laboral 769/2019, de su índice; lo que se subsana con la constancia de notificación de veinte de enero de dos mil veintidós, realizada por el actuario adscrito a la Junta responsable. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no hubiere sido llamado a juicio quienes pudieren tener el carácter de terceros interesados; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con anexos que adjunta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, toda vez que de las constancias adjuntadas al informe de cuenta, no se advierte la notificación del acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, al hoy quejoso, la cual resulta necesaria para resolver el presente asunto, en tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a fin de que en el término de tres días, remita copia certificada de la constancia relativa a la notificación del citado acuerdo, dictado en autos del juicio laboral 769/2019, de su índice; apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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