Eduardo Caro Canto
Expediente 2192/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2192/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Eduardo Caro Canto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese el oficio 281/2022-P.2, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca 273/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Eduardo Caro Canto, contra la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por este órgano de control constitucional; ejecutoria en cuyo primer punto resolutivo confirmó la resolución de mérito y, en su segundo punto resolutivo, sobreseyó el juicio de amparo contra el acto que se reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado. Por tanto, acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, glósese a estos autos el expedientillo provisional formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 214 de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, se insiste, debe archívese este asunto como totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el presente expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, devuélvase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado, la copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral 727/2018, mismas que remitió como justificación a su informe de ley; sin que resulte necesario que acuse el recibo correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido vía interconexión, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del original del expediente en que se actúa, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios, mismos que le fueran enviados por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso ********************contra la resolución de veintiséis de noviembre anterior, dictada en el juicio de amparo 2192/2021, del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 273/2021. De lo que este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito remitido vía electrónica por XXXXXX, apoderada del quejoso XXXXXXX, mediante el cual interpone recurso de revisión y exhibe el escrito con el que formula agravios, contra del acuerdo de veintiséis de noviembre de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del recurso y expresión de agravios a la autoridad responsable y a la parte tercera interesada. Hecho que sea, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Lo anterior, de conformidad con el criterio aplicado por la Superioridad en este Circuito, en términos de lo establecido en la jurisprudencia con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, y anexo que acompaña. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, lo constituye la omisión del Tribunal responsable, de emitir las determinaciones tendentes al dictado del laudo relativo al controvertido 727/2018. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión del Tribunal responsable, de emitir las determinaciones tendentes al dictado del laudo relativo al controvertido 727/2018. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el Tribunal responsable emitió un proveído en el que, con motivo de la solicitud planteada por la parte quejosa, otorgó a las partes en el controvertido de origen, el plazo de tres días para que formularan sus alegatos. Siendo que, una vez fenecido dicho plazo, se decretaría el cierre de instrucción y se turnarían los autos al Magistrado Presidente de dicho Tribunal, a fin de que dentro del término de treinta días dictara la resolución correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 150 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberse emitido la determinación antes ponderada, han cesado los efectos de la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la Junta responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
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