Eduardo Celso Perez Bucio

Expediente 1385/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1385/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Celso Perez Bucio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó en sentencia, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1385/2021, promovido por ****, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio del quejoso, señala como autoridades responsables al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al actuario llevador del expediente 67/2019 del aludido órgano jurisdiccional, al presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y al registrador o encargado del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, de quienes reclama: La negativa a su derecho de petición, contestación y cumplimiento del escrito de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que presentó en la Oficialía de Partes del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, entre otros. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el mismo día a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. Señaló como responsables a las autoridades referidas con anterioridad. El quejoso denunció la violación del artículo 8, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 1385/2021; por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, previo cumplimiento de la prevención; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. También, en el auto admisorio se determinó que el registrador o encargado del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio de amparo, motivo por el cual, no se hará mención del mismo en el estudio de esta resolución. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reprocha del Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, del actuario llevador del expediente 67/2019 del aludido órgano jurisdiccional y del presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, como acto reclamado destacado: La negativa a su derecho de petición, contestación y cumplimiento del escrito de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que presentó en la Oficialía de Partes del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, dirigido al expediente 67/2019; pues de aquel derivan los siguientes: La negativa de dar contestación al escrito y cumplimiento de las etapas procesales de su expediente, dejándolo con ello sin impartición de justicia pronta y expedita. La indebida prolongación de su expediente y que el dejar pasar tanto tiempo sin dale contestación le restringe su derecho de propiedad con todas sus acciones. Todos y cada uno de los actos negativos en su contra que violen sus garantías constitucionales. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables que a continuación se muestran negaron la existencia de los actos reclamados. No. Autoridad responsable Sentido del informe 1 Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca Niega 2 Juez Mixto Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca rendido por la Secretaria encargada por ministerio de ley del despacho del Juzgado Niega Sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna con el propósito de desvirtuar dicha negativa; lo que evidente encuadra en la hipótesis del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...] Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Sin embargo, de las constancias a anexas a la demanda de amparo, así como, de las que la responsable secretaria encargada por ministerio de ley del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistentes en copias certificadas del expediente 67/2019 de su índice (reposición de autos), adjuntó al informe justificado; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: El acuse de recibo del escrito de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, origen de este expediente, por el que solicitó fecha y hora para la audiencia de alegatos, con el que únicamente se tiene la certeza de que hizo esa solicitud al Juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, pues, es a quien dirigió el citado escrito y no exhibió ninguna otra documental de la que observe que presentó una promoción al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Respecto del aludido ocurso dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, tal autoridad al rendir su informe justificado indicó que en acuerdo el veintiséis de febrero de dos mi veintiuno, dictado en el expediente 67/2019 de su índice, dio respuesta a la petición del quejoso de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que aparentemente le notificó a este último el ocho de marzo de dos mil veintiuno. En relación al último inciso, en este propio juicio de amparo, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el proveído de veintiséis de febrero de dos mi veintiuno, que fue emitido con antelación a la presentación de la demanda de amparo -diez de diciembre de dos mil veintiuno- dictado en el expediente 67/2019, a efecto que en caso de ser su deseo, la parte quejosa, ampliara la demanda origen de este asunto, lo que no hizo, pues como se advierte de la segunda certificación realizada en la audiencia constitucional, el citado plazo transcurrió sin que el quejoso hiciera alguna manifestación, por lo que se ordenó la prosecución del juicio. Con motivo de lo anterior, se observa que la parte quejosa de ningún modo prueba la existencia de los actos reclamados o la afectación directa en su esfera jurídica con motivo de aquéllos. Asimismo, si bien, la autoridad responsable actuario llevador del expediente 67/2019, Primera Secretaria del Juzgado Mixto de primera instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, no rindió su informe justificado, a pesar de haber quedado notificado de la solicitud del mismo desde el seis de enero de dos mil veintidós, y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, debería presumirse cierta la existencia del acto que se le atribuye, se torna notoria, manifiesta e indudable la inexistencia de aquéllos, debido a que las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, negaron la existencia de las conductas reprochadas; por tanto, menos puede existir el acto de ejecución; razón por la cual el resultado del no podría ser en sentido distinto al sobreseimiento. Independientemente de lo anterior, aun cuando se intentara el análisis del acto reclamado destacado en el apartado IV de esta resolución, respecto del mismo se actualizaría la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Numeral que debe ser interpretado, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan [.]" Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de ejecución irreparable cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. En ese sentido, tenemos que la parte quejosa como acto reclamado destacado se duele de la negativa a su derecho de petición, contestación y cumplimiento del escrito de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dirigido al expediente 67/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; y refirió que con ese acto se viola en su perjuicio esencialmente la garantía individual consagrada en el artículo 8° Constitucional. En efecto, se considera que lo aquí combatido tiene el carácter de una violación procesal, pues la negativa de respuesta a una petición expresa sobre la prosecución del trámite, no es de imposible reparación, al no tratarse de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o la parte quejosa hubiese quedado sin defensa legal alguna y, en el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental, y el cual no lo deja sin medios de impugnación. Asimismo, dicho acto reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente (Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca) para el efecto de obligar a la autoridad a que cumpla con lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 478 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Administrativa, registro 2008883, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)". Así como la diversa 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, registro 2011580, de epígrafe siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en apoyo, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." De igual manera, a efecto de entender el sentido de la presente determinación, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, registro 2004823 que establece: ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. VII. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los sucesos reprochados, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que hace a las autoridades responsables y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. El sentido del presente fallo, comprende también el acto reclamado a la autoridad ejecutora, en virtud que el que se le atribuye, no se combate por vicios propios, sino, su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto reclamado destacado. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el apartado IV de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo origen de este juicio y, dicho plazo aun no transcurre. En ese orden, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA IV-B. an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 1119 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados rendidos por la secretaria encargada por ministerio de ley del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, mediante los cuales, niegan la existencia de los actos reclamados y ténganse como prueba de su parte, las documentales que aporta; con lo anterior, dése vista a las partes. Asimismo, para un mejor manejo de este expediente, fórmese el tomo uno de pruebas por separado con las constancias remitidas por la autoridad ocursante y guárdese en la Secretaría de este Juzgado a disposición de las partes para su consulta; lo anterior, con base en la certificación secretarial de cuenta, que hace constar la imposibilidad material de la digitalización de las copias certificadas del expediente en cuestión, para su integración al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, se ordena que el quejoso o su autorizado, acuda al presente órgano jurisdiccional y previa cita, que deberá agendar desde la modalidad del programa "Agenda OJ", a que se refiere el artículo 6 del propio Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a la consulta del presente asunto y su tomo de pruebas. Por otra parte, vistas las manifestaciones de la secretaria encargada por ministerio de ley del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, así como de las constancias que adjunta al informe de cuenta, con apoyo en el artículo 111 de la Ley de Amparo, considerando que la autoridad responsable dictó un acuerdo el veintiséis de febrero de dos mi veintiuno, dictado en el expediente 67/2019, en respuesta a la petición de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, de la parte promovente del amparo, aparentemente notificada a esta última el ocho de marzo siguiente. Se ordena dar vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de quince días manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del acuerdo de veintiséis de febrero del año pasado. En el entendido que, de ampliar la demanda, la parte quejosa deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna en el referido plazo, se entenderá que no es su deseo ampliarla, y se seguirá la secuela del juicio respecto a las autoridades responsables y actos que originalmente señaló como reclamados. Asimismo, la procedencia o no de la ampliación de demanda que en su caso realice la parte quejosa, será objeto del análisis jurídico respectivo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". En ese orden, a fin de dar oportunidad a las partes de imponerse de los autos y alegar lo que a su derecho convenga, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las catorce horas con veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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