Eduardo Carmelo Ruiz
Expediente 771/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo Carmelo Ruiz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguense las documentales señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte, en lo que interesa, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por un lado acusa recibo de todas las actuaciones del juicio de amparo 771/2022 que fueron remitidas, entre las que obran la boleta de turno, la demanda de amparo con firma autógrafa de Eduardo Carmelo Ruiz y un ejemplar de ese libelo y, por otro, aceptó la competencia legal que este Juzgado Federal declinó a su favor para conocer del escrito inicial, por lo que se avocó al conocimiento de tal asunto registrándolo con el progresivo 481/2022 y previno al justiciable para que aclarara su demanda de amparo. Al respecto, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de las determinaciones anteriores. En otro punto, toda vez que el referido órgano de control constitucional aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo que *** presentó y se avocó a su conocimiento, de conformidad con lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, que se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En diverso aspecto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno este Juzgado Federal declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del escrito inicial de acuerdo y se avocó a su conocimiento, por lo que acorde con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo de observancia general, el presente expediente encuadra en la hipótesis prevista por el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 771/2022. Incompetencia. Enseguida es necesario señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, por lo que debe considerarse si en el caso la demanda de amparo que Eduardo Carmelo Ruiz presentó da pauta para que este órgano jurisdiccional se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, esté en aptitud de analizar la regularidad constitucional de los actos atacados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo en perjuicio de las partes. En esa línea, se tiene en cuenta que el dispositivo 38 de la Ley de Amparo dispone que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por otra parte, el numeral 48 de la ley de la materia dispone, en lo que interesa, que cuando se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito y estime que carece de competencia la remitirá de plano con sus anexos al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En aludido precepto legal también estatuye que una vez que el órgano jurisdiccional requerido reciba la demanda y sus anexos decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En el caso de que acepte la competencia comunicará su resolución al Tribunal requirente, previa notificación de las partes. En el caso contrario, devolverá el escrito inicial a la autoridad judicial requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Ahora, la lectura de la demanda de amparo da pauta a sostener que el justiciable Eduardo Carmelo Ruiz reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, así como de este Juzgado Quinto de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esta ciudad, del Delegado de la Fiscalía General de la República en Oaxaca y de la Agencia Federal de Investigaciones, las órdenes de aprehensión y/o reaprehensión dictadas en su contra y la ejecución de esos mandamientos. En ese contexto, dado que este Juzgado Federal fue señalado con el carácter de responsable se advierte la existencia de una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, porque no es factible que este órgano jurisdiccional en el proceso deba rendir informe justificado en su carácter de ente responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue apegada a la ley o no, por lo que esa situación revela una condición de incompetencia para que conozca de la demanda de amparo, dado que no se puede ser Juez y parte en el presente juicio constitucional; de ahí que este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el medio extraordinario de defensa que el justiciable promovió. Se sostiene lo anterior, porque conforme con la finalidad del juicio constitucional, a partir de lo previsto por los arábigos 38 y 48 de la ley de la materia que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los Juzgados de Distrito se tiene que será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, por lo que el primero de esos dispositivos hace especial énfasis que quien tiene que conocer del asunto debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Luego, si la demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional y en dicho escrito este Tribunal fue señalado con el carácter de autoridad responsable, es inconcuso que no cuenta con las facultades para conocer y resolver el asunto sometido a su consideración, lo cual da pauta a declarar que este Juzgado Federal carece de competencia legal, dado que se actualiza un supuesto de incompetencia funcional conforme a lo establecidos por los dispositivos examinados. Por otra parte, si en el caso concreto, los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, son los únicos órganos jurisdiccionales que no están señalados como autoridades responsables de los que pertenecen al Decimotercer Circuito, entonces es a alguno de esos Tribunales de amparo a quienes compete legalmente conocer del presente asunto, porque son los más cercanos dentro de la jurisdicción del Decimotercer Circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en términos de lo estatuido por el normativo 38 de la Ley de Amparo. En otro punto, debe destacarse que los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, al Delegado de la Fiscalía General de la República en Oaxaca y a la Agencia Federal de Investigaciones, incluido a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, consistentes en las órdenes de aprehensión y/o reaprehensión dictadas en contra del inconforme y la ejecución de esos mandamientos no constituyen alguna de las actuaciones que se enuncian en el ordinal 48 de la ley que rige al juicio de amparo, porque no se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en ese sentido, no es factible emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y tampoco respecto de la suspensión de los actos atacados que el inconforme solicita. En ese contexto, con fundamento en lo estatuido por los arábigos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, declara que carece de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Eduardo Carmelo Ruiz; por tanto, declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en esta entidad federativa, con residencia en Salina Cruz, en turno, dado que estima que ese presupuesto procesal se surte a su favor, porque no fueron señalados como autoridades responsables en el escrito inicial y son los más cercanos dentro de la competencia territorial del Decimotercer Circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en esta localidad. En razón de lo anterior, sin proveer sobre el escrito inicial ni la suspensión de los actos reclamados, a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA", remítanse la demanda de amparo con firma autógrafa de Eduardo Carmelo Ruiz y su copia de traslado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que a su vez los remita al Juzgado de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esa localidad, en turno, a fin de que el Titular de ese órgano jurisdiccional decida si acepta o no el conocimiento del presente asunto e informe a este Juzgado Federal el sentido de su determinación, conforme a lo establecido por el arábigo 48 de la Ley de Amparo; también se solicita a ese órgano de control constitucional el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, con fundamento en lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional, para que una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito que acepte la competencia declinada realice la vinculación del expediente electrónico correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que revelen la historia procesal del expediente que se envía. Domicilio y autorizados del quejoso. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Téngase como autorizado del promovente en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que designa, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese.
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