Eduardo Castillo Cruz

Expediente 1411/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1411/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2015

Partes del expediente

  • Eduardo Castillo Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I A Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio 5870/2015, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 13588 del índice de este Juzgado, por el que se le envió el juicio de amparo 1411/2015 para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, e informa la admisión del referido recurso, el cual quedó radicado con el número 230/2015.

  2. Principal

    MESA I A Agréguese a los autos copia del escrito signado por Eduardo Castillo Cruz, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja promovido por la parte quejosa, contra el auto de veinticinco de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; proveído que fue notificado a la parte quejosa, el dos de octubre de dos mil quince. No pasa inadvertido que el recurrente no señaló constancia para el testimonio de revisión, como lo dispone el artículo 100 de la Ley de Amparo; sin embargo, en la especie tal aspecto deviene innecesario dado que el recurso interpuesto es contra el auto que desechó la demanda, supuesto en el cual deben remitirse al Tribunal de Alzada los autos originales. Así, dada la materia del presente asunto, remítase el original del escrito de cuenta, la copia para el fiscal Federal adscrito al Tribunal de Alzada y los autos del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Décimo Tercer Circuito, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del referido recurso, una vez que obre la constancia de notificación a la parte quejosa de este proveído. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA mesa IA Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo signada por Eduardo Castillo Cruz, contra actos de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1411/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Sexagésima Segunda Legislatura; Comisión Permanente Instructora de la Sexagésima Segunda Legislatura; Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura; Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura; Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura, todos del Congreso del Estado de Oaxaca, y Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, lo siguiente: a) La inconstitucionalidad del acuerdo de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del estado de Oaxaca, mediante el cual se aprobó la Convocatoria para el nombramiento de los tres Comisionados a integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personal de Oaxaca, en cumplimiento al artículo vigésimo tercero transitorio del decreto número1263, publicado en el extra del Periódico Oficial del estado de fecha 30 de junio de 2015. b) La convocatoria para el nombramiento de los tres Comisionados a integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, publicada los días 18 y 19 de agosto de 2015, en cumplimiento al artículo vigésimo tercero transitorio del decreto número 1263, publicado en el extra del Periódico Oficial del estado de fecha 30 de junio de 2015, cuya aplicación se actualizó el 1º de septiembre con el nombramiento de FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ FIGUEROA, JUAN GÓMEZ PÉREZ y ABRAHAM ISAAC SORIANO REYES, como comisionados de dicho Instituto, de las ternas propuestas por la Comisión Permanente Instructora de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de la cual formé parte de una pero no fui nombrado a pesar de haber acreditado mejor trayectoria profesional y mayor experiencia en la materia, ya que contravienen los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad establecidos en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) La falta de imparcialidad, objetividad, igualdad, certeza, legalidad y seguridad jurídica de los integrantes del Pleno del Congreso de Oaxaca, al nombrar Comisionados con quienes tiene interés personal, político y partidista. ´ d) La omisión de no haber observado imparcialidad, objetividad, igualdad, certeza, legalidad y seguridad jurídica, en el procedimiento de elección y nombramiento de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personalidad de Oaxaca. e) La nulidad de los nombramientos de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, en virtud de las violaciones a las garantías procesales de seguridad, legalidad jurídica y transparencia. f) La falta de publicidad y discusión del dictamen mediante el cual se determinaron las terna de donde se eligieron los nombramientos impugnados g) La falta de audiencia pública a favor del suscrito. h) La falta de transparencia, máxima publicidad, legalidad y segundad jurídica conforme a las BASES marcadas con los números SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO de la convocatoria emitida por la Comisión Permanente Instructora de la Sexagésima Segunda Legislatura del H Congreso del Estado do Oaxaca. i) Las consecuencias de los nombramientos llevados a cabo en forma irregular, y por lo tanto la nulidad de los mismos, para que el Congreso del Estado subsane dichas irregularidades a partir de la emisión de una nueva convocatoria, en la cual la Comisión Permanente Instructora que determine el Pleno del Congreso de Oaxaca, cumpla con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo transparencia y máxima publicidad, en la cual valore debidamente las propuestas y currículos de las y los participantes incluyendo al suscrito, en igualdad de circunstancias y excluyendo a quienes resulten inelegibles, motivando y fundamentando el por qué de esa propuesta. j) La violación de la autonomía y ciudadanización de la integración del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca. k) El Procedimiento de análisis, revisión, acuerdo, determinación, acta o dictamen que haya derivado sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en la BASE PRIMERA de la Convocatoria, en los que no se desestimó la propuesta para ser elegible al cargo de Comisionados, a FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ FIGUEROA, JUAN GÓMEZ PÉREZ, e ISAAC SORIANO REYES, a pesar de no reunir los requisitos Constitucionales, legales y de la Convocatoria, entre ellos el no haber desempeñado cargo de elección popular o dirigencia partidista alguna; no haber sido titular de dependencia de la administración pública centralizada o alguna entidad de la administración pública descentralizada, de la federación, del Estado o de los Ayuntamientos, en los dos últimos años anteriores a esa fecha, lo que les permitió realizar la entrevista a que se refiere la base SÉPTIMA de la referida convocatoria con violación a la misma y la falta de fundamentación y motivación de dichos actos. I) La entrevista y su resultado, realizada a FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ FIGUEROA, JUAN GÓMEZ PÉREZ y ABRAHAM ISAAC SORIANO REYES, a pesar de no reunir los requisitos al cargo, con violación a la BASE VI de la Convocatoria tantas veces citada. m) El procedimiento seguido y su falta de fundamentación y motivación en la sesión de trabajo a que se refiere la BASE OCTAVA de la Convocatoria para participar en el procedimiento de elección de Comisionados por 3, 4 y 5 años del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales de Oaxaca, en el que se integraron las ternas, a pesar de que FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ FIGUEROA. JUAN GÓMEZ PÉREZ y ABRAHAM ISAAC SORIANO REYES no reunían los requisitos constitucionales y legales de la Convocatoria. n) La omisión del Dictamen a que se refiere la BASE OCTAVA de la Convocatoria para participar en el procedimiento de elección de Comisionados por 5, 4 y 3 años del Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, en el que se consideró como integrantes de las ternas que se propusieron para el cargo de Comisionados por cinco, cuatro y tres años a los FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ FIGUEROA. JUAN GÓMEZ PÉREZ y ABRAHAM ISAAC SORIANO REYES. ñ) La promulgación y publicación del Decreto por el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del H Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca designó a Francisco Javier Álvarez Figueroa por cinco años, Juan Gómez Pérez por cuatro años y Abraham Isaac Soriano Reyes como Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales contenida en el Periódico Oficial de Oaxaca. o) Las consecuencias jurídicas y materiales, debiendo incluir cualquier nombramiento que esté vigente con base en los actos impugnados, como lo son el que se haya tomado protesta para el ejercicio del cargo de Comisionados del Instituto de acceso a la información Pública y Protección de Datos personales, a quienes no reúnen los requisitos para ello, así como el posible ejercicio del cargo y que se me haya privado de mi derecho humano consistente en la posibilidad de ser designado como Comisionada de ese Instituto. p) La falta de una cláusula de multiculturalidad y de género en el Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprobó la convocatoria para nombrar Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales q) La no objeción de los nombramiento por parte del Titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca, en términos del artículo 114 de la Constitución de Oaxaca Con base en lo anterior, se establece que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. De lo anterior se aprecia que en el caso, el quejoso reclama sustancialmente el acuerdo por el que se aprobó la Convocatoria para el nombramiento de los tres Comisionados a integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, así como el trámite que se realizó para nombrar a los citados comisionados, y el nombramiento mismo de tales comisionados. Ahora, el apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece: C. EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es un órgano autónomo del Estado, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Su Pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y dos Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine (sic) las leyes en la materia. El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado, en un plazo de diez días hábiles. Si el Gobernador no objetare el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado, la persona nombrada por el Congreso del Estado. No podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado. Con base en todo lo anterior, es evidente que la designación de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, fue hecha con la facultad que confiere la Constitución Política del Estados Libre y Soberano de Oaxaca, pues ésta confiere al órgano legislativo la facultad de resolver sobre la elección de tales funcionarios. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la Jurisprudencia número 2a./J. 71/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 833, Tomo XXI, Mayo de 2010, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio. Asimismo, sirve de apoyo la tesis número VI.1o.A. 14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se lee en la página 2159, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL Y SU GRAN COMISIÓN EMITEN ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 71/2010, de rubro: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO.", la referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de alguna entidad federativa (o la General de la República, en su caso), confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la atribución conferida por el artículo 57, fracción X, de la Constitución Política del Estado de Puebla al Congreso de la entidad para nombrar y remover al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de acuerdo a lo previsto en esa Constitución, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno, se actualiza la mencionada hipótesis. No es óbice a lo anterior la circunstancia de que el artículo 119 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para ese Estado regula el procedimiento conducente para elegir al titular en mención, y si bien la elección se sujeta al voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que se derive de la convocatoria que emita para tal efecto la Gran Comisión, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento no menoscaban el carácter autónomo de la facultad de la legislatura, ya que no la vinculan para que adopte su decisión de forma determinada, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona u órgano ajeno al propio órgano legislativo, por lo que tal disposición no puede interpretarse en el sentido de que hayan privado de independencia a la facultad del Congreso, en tanto que no sujetan la decisión que éste debe adoptar a la determinación que vierta persona o institución alguna en respuesta a la convocatoria de mérito. Por tanto, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección del indicado funcionario, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, en contra de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su ocurso de demanda, y por autorizados sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de amparo, a las personas que señala, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, y ser el presente asunto en materia administrativa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA I NOTIFICACION PERSONALMENTE

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