Eduardo Castellanos Celaya
Expediente 731/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo Castellanos Celaya
Actuaciones
- Principal
MESA I-A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA IIIB San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se sobreseyó el juicio. Inconforme con tal resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra dicha sentencia, mismo que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. Al resolver el mencionado recurso de revisión, mediante ejecutoria de veintiuno de septiembre del año en curso, por una parte, modificó, por otra, sobreseyó y finalmente, amparó a la parte quejosa, en los siguientes términos: La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra la autoridad responsable y actos reclamados consistentes en la omisión y/o falta de restitución del saldo, así como la omisión y/o falta de liberación, en relación con la cuenta bancaria **** en HSBC México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC, el amparo se concede en los términos precisados en la parte final de esta ejecutoria" Por lo que por auto de ocho de octubre del año en curso, se requirió cumplimiento a la autoridad responsable, a fin de que con base en la ejecutoria de am paro realizara lo siguiente: Se pronuncie sobre la procedencia o no de la reintegración de las cantidad de doscientos veinticinco mil cuatro pesos 71/100 (225,004.71) y ciento doce mil trescientos treinta y dos pesos con cuarenta y cuatro centavos (112,332.44), retiradas de la cuenta bancaria *** en HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, y transferidas a la Tesorería de la Federación. Con motivo de ello, en proveído de veintiocho de octubre del año en curso, se acordó el oficio del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", por el que remitió la resolución en la que procedió a autorizar la devolución de las cantidades de doscientos veinticinco mil cuatro pesos 71/100 (225,004.71) y ciento doce mil trescientos treinta y dos pesos con cuarenta y cuatro centavos (112,332.44), por concepto de pago de lo indebido. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que se pronunció sobre la procedencia de la reintegración de las cantidades de doscientos veinticinco mil cuatro pesos 71/100 (225,004.71) y ciento doce mil trescientos treinta y dos pesos con cuarenta y cuatro centavos (112,332.44), retiradas de la cuenta bancaria **** en HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, y transferidas a la Tesorería de la Federación. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Asimismo, infórmese al impetrante que en torno a sus manifestaciones que realizó en su escrito atendido en auto de treinta de octubre pasado, deberá estarse a lo acordado en líneas que anteceden, informándole que la autoridad responsable únicamente está constreñida a cumplir con lo que se le indicó en la ejecutoria dictada en autos, esto es pronunciarse sobre la procedencia o no de la reintegración de las cantidades de doscientos veinticinco mil cuatro pesos 71/100 (225,004.71) y ciento doce mil trescientos treinta y dos pesos con cuarenta y cuatro centavos (112,332.44), retiradas de la cuenta bancaria 4001375583 en HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, y transferidas a la Tesorería de la Federación, lo que al efecto realizó la autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Devuélvase a la autoridad responsable el anexo que adjuntó a su informe justificado. Notifíquese personalmente.
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