Eduardo Castañeda Díaz de León
Expediente 850/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eduardo Castañeda Díaz de León
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Eduardo Castañeda Díaz de León, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2 Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicase en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Ahora bien, toda vez que el presente juicio de amparo ha causado estado, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Segundo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, las constancias que acompaño a su informe, consistentes en dos tomos. Finalmente, en caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de noviembre de dos mil veinte. Recepción de juicio de amparo. Por recibido el oficio 3877/2020, signado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, del que se advierte que en proveído de veintinueve de octubre pasado, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 467/2020, promovido por Eduardo Castañeda Díaz de León, contra actos reclamados del Juez Segundo de lo Familiar del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad; al estimar que corresponde conocer del presente asunto a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; al respecto, se acuerda: Competencia. Con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Eduardo Castañeda Díaz de León. Registro de la Demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 850/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causales de improcedencia En ese contexto, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama como primer acto reclamado, el auto de uno de octubre del año en curso, emitido en el cuaderno de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas derivado del expediente 994/2010, del índice del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el cual ordenó anunciar la venta legal por una sola vez, respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente en el cincuenta por ciento del lote de terreno setenta y uno, de la Manzana noventa y dos y de la casa dúplex cero uno, variante cero tres, condominio veintinueve, del fraccionamiento Bosques de Aragón, del Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México. En la especie, se estima que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Aunado a lo anterior, tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama el auto de uno de octubre del año en curso, emitido en el cuaderno de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas derivado del expediente 994/2010, del índice del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el cual ordenó anunciar la venta legal por una sola vez, respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente en el cincuenta por ciento del lote de terreno setenta y uno, de la Manzana noventa y dos y de la casa dúplex cero uno, variante cero tres, condominio veintinueve, del fraccionamiento Bosques de Aragón, del Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México; sin embargo, en contra de dicho acto, previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra contemplado en el artículo 5.74 en relación con el 1.362 y 5.75, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que aducen: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 5.75. . La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución." En efecto, las partes podrán recurrir las determinaciones ante la propia autoridad que las emitió, ello siempre y cuando en contra de esas actuaciones la ley no establezca la procedencia del recurso de apelación; luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, la parte promovente puede lograr la modificación, revocación o anulación de los acuerdos que tacha de inconstitucionales en este momento. Por tanto, se itera, el quejoso debió promover el recurso de revocación, dado que a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de esa determinación, y para el caso de haberle sido desfavorable esa decisión pudo desplegar pretensión constitucional. Y sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos para que opere la excepción al principio de definitividad. Adicional a ello, atendiendo a la particularidad consistente en que lo decidido en el trámite de origen se encuentra en fase de ejecución, pues se ordenó anunciar la venta legal por una sola vez, respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente en el cincuenta por ciento del lote de terreno setenta y uno, de la Manzana noventa y dos y de la casa dúplex cero uno, variante cero tres, condominio veintinueve, del fraccionamiento Bosques de Aragón, del Municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México, con motivo del cumplimiento de lo resuelto en el incidente de liquidación de pensión alimenticia vencida, dinámica por la cual se estima que cobra vigencia la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al segundo párrafo de la fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. . En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra, pues encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr reestablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en la página 31 del Tomo XIII, abril de dos mil uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En similares términos se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 29/2003, publicada en la página 11, del Tomo XVII, junio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, a saber: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. " En el caso que nos ocupa, se advierte que efectivamente el expediente de origen se encuentra en etapa de ejecución, ya que el acto reclamado, deriva precisamente del cumplimiento de la sentencia interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el incidente de liquidación de pensión alimenticia adeudada. En relatadas condiciones es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza una causa de abolición de la acción constitucional, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, siendo que el proveído reclamado no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo. Por otra parte, el quejoso señala como segundo acto reclamado: "la omisión en su actuar, desapegado a su cargo de supervisar que en los procesos civiles en este caso familiares no se cometan ilícito alguno", el cual atribuye al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. En relación con el citado acto reclamado por el peticionario de amparo, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, aplicados a contrario sensu, de la Ley de Amparo, mismos que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". Como se advierte del reproducido artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y conforme al transcrito numeral 5 fracción II, de la Ley de la Materia, es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. En esas condiciones, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República. En efecto, uno de los criterios sostenidos por ese Alto Tribunal que define el concepto de "autoridad para efectos del amparo", se encuentra en la jurisprudencia 1103 de la entonces Cuarta Sala, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte HO, Materia Común, página 763, Quinta Época, con registro 395059, que dice: "AUTORIDADES. QUIENES LO SON. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen". Lo anterior obliga al juzgador a que antes de entrar a analizar la constitucionalidad o legalidad de los actos que se reclamen en un juicio de amparo, debe determinar si tales actos realmente constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por tanto, debe atender a la norma legal correspondiente para examinar si ésta faculta o no a quien se le atribuyen dichos actos para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que puedan exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella. Esto es así, ya que en caso de advertir que los actos reclamados no reúnen las características de los actos de autoridad susceptibles de violar derechos humanos o fundamentales y que por tanto no puedan ser objeto de análisis en el juicio de amparo, debe declarar improcedente el juicio respectivo en términos de los citados preceptos de la Ley de la Materia. Así, en la especie, para determinar si el acto aquí reclamado del Agente del Ministerio Público señalado como responsable realmente constituye un acto de autoridad susceptible de violar derechos fundamentales o garantías individuales y que, por ende, pueda ser objeto de análisis en el presente juicio de amparo, es necesario establecer por similitud de contenido, primeramente, que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras cosas, que el Ministerio Público tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, encomendándosele la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, siendo que en la primera de ellas actúa en calidad de autoridad y sus determinaciones están investidas de imperio, y en el segundo, esto es, al momento de ejercer la acción penal ante los órganos jurisdiccionales, pierde el carácter de autoridad para ser parte dentro del proceso respectivo. En ese sentido, por lo que hace a su intervención en causas civiles, es sólo un regulador del procedimiento, en cuyo caso su actuación, como en la especie, no puede constituir un acto de autoridad, ya que su actuación desde luego no priva al quejoso de algún derecho. Esto es, que lo dicho por quien se señala como responsable, en modo alguno impide que el quejoso ocurra ante un Ministerio Público Investigador a deducir sus derechos. Máxime, cuando el acto reclamado no deriva de alguna investigación penal, sino en un juicio civil, y por ello no tiene el carácter de autoridad indagadora, por lo que es sólo un regulador del procedimiento y cualquier acción que ahí realice o deje de realizar no constituye un acto u omisión de autoridad, por carecer de imperio y fuerza pública. En tal virtud, es evidente que, en el caso concreto, el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, no tiene la calidad de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que constituye, en su caso, una actuación del regulador del procedimiento civil. Por consiguiente, en la especie se actualiza la mencionada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, aplicados a contrario sensu, ambos de la propia Ley de la Materia. A manera ilustrativa, por el principio jurídico que contiene, se cita la tesis XXI.2o.P.A.28 P del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Penal, página 2291, Novena Época, con registro 169969, que dispone: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL INTERPUESTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OFRECER PRUEBAS EN EL PROCESO, PUES CONSIGNADA LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN, PIERDEN LA CALIDAD DE AUTORIDADES Y ASUMEN EL CARÁCTER DE PARTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De los artículos 74 al 77 y 85 al 87 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero se advierte que cuando el Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y mediante la consignación de la averiguación previa instaura la acción penal, al mismo tiempo que el Juez dicta el auto de radicación, deja de tener la calidad de autoridad y asume el carácter de parte en el proceso. En tal virtud, aun cuando el segundo párrafo del artículo 76 del citado código procesal establece que si el Juez niega la orden de aprehensión y dicha negativa no implica un sobreseimiento, el representante social podrá promover pruebas en el proceso y solicitar nuevamente la orden correspondiente, esa facultad no le da el carácter de autoridad, pues el nuevo material probatorio lo allegará en su condición de parte; por ende, es improcedente el juicio de amparo que se interponga en contra de la abstención tanto del Ministerio Público como del procurador general de Justicia del Estado de ofrecer pruebas en ese proceso, puesto que este último al ser quien preside la institución del Ministerio Público no puede desvincularse de éste". Desechamiento de la demanda. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia estudiadas, procede desechar de plano la demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de Amparo. Domicilio del quejoso. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda; lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. En consecuencia, por única ocasión se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional a efecto de que, con todas las medidas de seguridad necesarias y siguiendo los protocolos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal, se constituya en el domicilio Cedros número dos, Colonia EL Paraje, Tultitlán, Estado de México, y le practique la notificación correspondiente a este auto, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones, dado que así lo solicita expresamente. Exhorto a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE ACTUAL EN VIRTUD DEL CITATORIO DE VEINTITRÉS DE LOS CORRIENTES.
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