Eduardo Castañeda Díaz de León
Expediente 771/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eduardo Castañeda Díaz de León
- Juez Segundo de lo Familiar del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de noviembre de dos mil veinte. Ratificación. Vista la comparecencia suscrita por el quejoso Eduardo Castañeda Díaz de León, quien en cumplimiento a lo ordenado en auto de tres de noviembre de dos mil veinte, de la que se desprende que ratificó el contenido y firma que calza en el escrito recibido el tres de noviembre pasado registrado en la oficialía de partes con folio 12583, por ser la que utiliza tanto en sus actos públicos como privados; motivo por el cual, solicitó se tuviera por presentado dicho ocurso, en virtud, de lo anterior, téngase al promovente de amparo desahogando en sus términos el proveído de veintitrés de octubre del año en curso. Consideraciones previas. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de la demanda De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Precisado lo anterior, este juzgado de distrito advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues, en torno al acto que por esta vía se combate, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción X del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; ." En lo que aquí se analiza, el acto reclamado consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO. Se reclama de las autoridades señaladas como responsables del C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, se reclama: 1. El auto dictado en fecha 01 de octubre del año 2020, por considerar que el mismo es violatorio a las garantías constitucionales tuteladas en mi favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y 22 de la Constitución ya que de los dos primeros en compañía del 22 Constitucional garantizan el debido proceso y la existencia de un juicio justo, lo que implica que ninguna resolución puede estar fundada en actos ilícitos porque esta seria o se vuelve un acto ilegal que no puede ser tutelado por la ley, como en el caso que nos ocupa, a lo que más adelante referiremos en forma concreta al momento de señalar los antecedentes."; 2. Del C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL H. SEGUNDO JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA DEL ESTADO DE MÉXICO, se reclama: 1. La omisión de su actuar, despegado a su cargo de supervisar que en los procesos civiles en esta caso familiares no se cometan ilícito alguno, por lo tanto está ahí para tutelar los derechos universales y constitucionales de los hombres entendido como género universal, para evitar acto de discriminación y para supervisar que no se cometan actos ilícitos en los procedimientos en general, lo que incumple al no revisar el expediente y los actos jurídicos que lo componen en forma alguna de tal forma que las hoy terceros perjudicadas PATRICIA CAREAGA VEGA, MARTHA PATRICIA CASTAÑEDA CAREAGA Y ANGÉLICA CASTAÑEDA CAREADA, asistidas y en complicidad por su abogada y personas que representan en el juicio, cometieron actos ilícitos en su cara por decirlo menos sin que esté interviniera en forma alguna, dejándolas delinquir plácidamente." Asimismo, en su escrito de desahogo de demanda señaló: "1. Precisar el acto que por esta vía tilda de inconstitucional, en este sentido se hace referencia que el acto que en esta vía se tilda de inconstitucional lo es el auto de fecha 1 de octubre del 2020, en el que se ordena anunciar la venta legal en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, respecto del bien inmueble embargado en dicho juicio, reiterando que este auto se trata de un auto de ejecución dictado en un incidente de liquidación de pensión alimenticia y se tilda de inconstitucional por estar este fundamentado en hechos ilícitos que son diversos, tales como el que señala en el escrito de demanda de amparo, esto es la falta de personalidad de la C. PATRICIA CAREADA VEGA para representar en juicio los intereses de su hija MARTHA PATRICIA CASTAÑEDA CAREAGA, a partir de que esta adquirió la mayoría de edad que lo fue el 28 de octubre del año 2010, por lo que se reitera y se precisa, su madre no tenía personalidad para representarla en juicio, así mismo, ella misma falsea sus documentos que contienen declaración judicial en el escrito inicial de demanda, toda vez que demanda una pensión alimenticia para ella y como lo acreditaremos dentro de este proceso, ella ya se encontraba trabajando por lo que carecía de derecho para reclamar una pensión a nombre de ella, por lo que todo esto lógicamente impacta en la cuantía señalada como pensión alimenticia porque está fundamentada en una representación no legal y un derecho que no le corresponde lo que impacta la cantidad a la que fuera sentenciado. 2. Por otra parte, es menester señalar que la sentencia dictada en primera instancia nuca fue recurrida por la parte quejosa en el presente juicio ni se encuentra pendiente acto jurídico alguno o en proceso de resolución en su contra, por lo que el presente juicio de garantías se interpone en contra del auto que ordena la ejecución de liquidación por los elementos aprehensores que se señalan, a lo que tienen derecho el hoy quejoso, de conformidad con la ley de amparo vigente. Que de igual forma de autos el referido proceso civil llevado a cabo ante el C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, en el numeral 994/2010, lo que preciso para los efectos legales los que haya lugar se desprende que la sentencia dictada en primera instancia fue apelada por la parte actora en dicho juicio que lo es PATRICIA CAREAGA VEGA y modificada en segunda instancia, ordenándosele al C. JUEZ del conocimiento modificara la pensión alimenticia una vez que se les realizaran estudios socioeconómicos a las partes y en aspecto psicológico, lo que el C. JUEZ de conocimiento no llevó a cabo, ya que solo se practicó en la C. ANGÉLICA CASTAÑEDA CAREAGA, violando los derechos fundamentales del hoy quejoso que reitero el acto reclamado aquí, es el auto de ejecución. Porque la ley de amparo especifica claramente y es sabido derecho que puedo realizar recurso de amparo en contra de actos en ejecución que no se encuentren debidamente fundados y motivados, como es el caso. Que se menciona que los alimentos señalados en favor de PATRICIA CAREAGA VEGA, MARTHA PATRICIA CASTAÑEDA CAREAGA, no guardan proporcionalidad alguna con los ingresos del hoy quejoso, toda vez que los mismos en ningún momento se acreditaron y que por sacramental derecho, los alimentos deben ser proporcionales la capacidad del que los debe dar, cosa que olvido por decirlo menos el C. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, y que esto se maneja como concepto de violación porque este quejoso lo considera pertinente y la ley de amparo le da derecho a interponer el presente recurso en contra de los actos de ejecución por considerarlos inconstitucionales." Se expone tal aserto, pues se advierte que mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, se radicó el amparo 820/2020, del índice de este juzgado federal promovido por el mismo quejoso, contra los mismos actos y autoridades responsables. Es decir, en el citado juicio de amparo 820/2020, se tuvo por recibido el oficio 3877/2020, signado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, del que se advierte que en proveído de veintinueve de octubre pasado, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 467/2020, promovido por Eduardo Castañeda Díaz, contra actos reclamados del Juez Segundo de lo Familiar del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad; al estimar que corresponde conocer del presente asunto a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por lo que este juzgado federal se avocó al conocimiento de la misma, toda vez que en la citada demanda de amparo directo, se advierte que el quejoso reclama como primer acto reclamado, el auto de uno de octubre del año en curso, emitido en el cuaderno de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas derivado del expediente 994/2010, del índice del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el cual ordenó anunciar la venta legal por una sola vez, respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente en el cincuenta por ciento del lote de terreno setenta y uno, de la Manzana noventa y dos y de la casa dúplex cero uno, variante cero tres, condominio veintinueve, del fraccionamiento Bosques de Aragón, del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Juicio de amparo que se desechó en contra de dicho acto, previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra contemplado en el artículo 5.74 en relación con el 1.362 y 5.75, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Circunstancia que constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, que aprobó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por ende, se pone en evidencia que en el juicio de amparo 850/2020, así como en el que se actúa, a saber, 771/2020, del índice de este órgano de control constitucional existe litispendencia, toda vez que fueron promovidos por el mismo quejoso y contra las propias autoridades responsables. Por ello, es evidente que en el presente asuntose actualiza la causa de improcedencia examinada, pues, como quedó precisado, el quejoso se duele de los mismos actos combatidos en el diverso juicio de amparo 850/2020, del índice de este Juzgado de Distrito. Es aplicable, la tesis aislada 41K, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVII, Enero 2008, página 2791, con número de registro 170490, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." Asimismo, sirve de apoyo y por analogía la tesis aislada VI.2º.121K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 655, con número de registro 196152, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Sin que pase sin advertido que los actos reclamados no constituyen actos de imposible reparación, que puedan ser combatidos mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales del ahora quejoso, razón por la cual resulta improcedente el presente juicio de amparo. En tales condiciones, es dable desechar la demanda de amparo en virtud de que la acción intentada por el promovente resulta improcedente. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. En relación con lo anterior, por así haberlo solicitado el impetrante de amparo, comisiónese a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional a efecto de que en el apartado correspondiente del expediente electrónico del presente sumario, indique que el quejoso autoriza que su información se pueda consultar en la versión pública. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el quejoso Eduardo Castañeda Díaz de León, por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado en auto de tres de noviembre de dos mil veinte, proporcionando para tal efecto el correo electrónico emmanuel.cruzch@icloud.com; por lo anterior, realícese el envió del código QR que se generará a fin de que se le permita el acceso a este órgano jurisdiccional y se realice la ratificación de firma del escrito registrado con folio 12583. Atento a lo anterior, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita al órgano jurisdiccional, a efecto de que realice el envió de dicho código QR al ocursante. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veinte. Recepción de escrito. Téngase por recibido el escrito presentado aparentemente por el quejoso Eduardo Castañeda Díaz de León, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, al efecto se acuerda; toda vez que a simple vista se aprecia que difiere la firma estampada en el ocurso de cuenta, con la diversa plasmada en el escrito inicial de demanda de amparo; en consecuencia, requiérase al quejoso Eduardo Castañeda Díaz de León, a efecto de que ratifique la firma que calza en el escrito de cuenta, relativo al registro de oficialía de partes 12583, previa advertencia de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 261, fracción II de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." De igual forma, conviene dejar asentado, que la anterior medida se toma por seguridad jurídica de las partes, pues la firma constituye el signo gráfico con el que las personas reflejan o exteriorizan su voluntad de todos los actos jurídicos en los que se requiera la firma escrita, como en el presente caso, por lo que si se llegare a demostrar que la firma que aparece en el escrito tantas veces citado no hubiera sido estampada por la misma persona, sería claro que no existió la exteriorización de la voluntad del promovente al momento de presentar el ocurso relativo, por ende, aquel no tendría validez. Con el apercibimiento que en caso de no ratificar dicha firma, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Apéndice de 1995, Página 174, cuyo tenor literal y rubro son los siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Por otra parte, hágase del conocimiento al quejoso que subsiste la prevención formulada, e indíquesele que sigue transcurriendo el término de los días que le fueron concedidos. En virtud de lo anterior, se fijan las once horas del diez de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la diligencia de ratificación de firma a cargo del quejoso Eduardo Castañeda Díaz de León, respecto al escrito con número de registro 12583. En ese contexto, y toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que se encuentran disponibles las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que se pueda generar una cita para el desahogo de comparecencias o requerimientos; por ende y conforme a las citas generadas a través de dicho micrositio, se fijan las once horas del diez de noviembre de dos mil veinte, para que comparezca al juzgado a ratificar el escrito de cuenta, apercibido que de no hacerlo en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta; en el entendido que deberá comparecer ante este juzgado federal debidamente identificado a efecto de ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta. Por lo anterior, se requiere al quejoso Eduardo Castañeda Díaz de León, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, señale un correo electrónico en el cual se le pueda hacer llegar el código QR que se generó a fin de que en la fecha y hora indicadas se les permita el acceso a este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta que antecede de la que se desprende que el término de tres días con que se dio vista a la parte quejosa por auto de quince de octubre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las constancias remitida por la autoridad responsable Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con la cual señala que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, ha transcurrido, sin que la quejosa haya desahogado en sus términos el requerimiento que le fuera formulado dentro del plazo de ley que se le concedió, toda vez que habiendo hecho una búsqueda en el libro de gobierno, no se encontró promoción tendente al respecto; asimismo, este juzgado federal procederá a estudiar las constancias que integran el juicio de amparo para determinar si se encuentra el fallo protector cumplido. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Dania Enyiell Muñuzuri Barnard, Pedro Arnulfo Sierra Valdez y Roberto Girón Salinas, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Dania Enyiell Muñuzuri Barnard y Roberto Girón Salinas (Presidenta y Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México), contra los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y Delegado Fiscal de Naucalpan, Estado de México, dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; por los motivos expuestos en el considerando octavo de este fallo." En acuerdo de veintisiete de agosto de la presente anualidad, se requirió a las autoridades señaladas como responsables Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y Delegado Fiscal de Naucalpan, Estado de México, el cumplimiento de la ejecutoria de mérito para los siguientes efectos: ".Deje insubsistente el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace a los quejosos Roberto Girón Salinas y Dania Enyiell Muñuzuri Barnard (Subdirector Operativo y Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México) y con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que de manera fundada y motivada y tomando en consideración las facultades que éstos tienen en su cargo, así como todas las constancias que obran en el expediente de origen, si lo considera, imponga una medida de apremio de las establecidas en el artículo 281 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México. Concesión que se hace extensiva al acto reclamado a la autoridad responsable Delegado Fiscal en Naucalpan, Estado de México, en razón que no fue combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia..." Asimismo, mediante oficio TJA/SS/II/4166/2020, recibido en este juzgado el catorce de octubre de la presente anualidad, la autoridad responsable Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada del acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte, del que se advierte: Dejó insubsistente el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por cuanto hace a Roberto Girón Salinas y Dania Enyiell Muñuzuri Barnard (Subdirector Operativo y Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México). Manifestó no persistir en la aplicación de la sanción por cuanto hace a dichos quejosos, en virtud de que se cubrió a la parte actora Antonio Félix Casas Cleto, el pago total de la cantidad acordada por las partes en el convenio suscrito el veinte de febrero del año que transcurre, elativa a la cantidad de $508,000.00 (quinientos ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) sin que el demandante manifestara inconformidad alguna respecto del cobro e dicha suma. Comunicó la determinación al Delegado Fiscal en Naucalpan dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, a afecto de que no haga efectiva la multa impuesta a los quejosos Roberto Girón Salinas y Dania Enyiell Muñuzuri Barnard; y, para el caso de haberse iniciado el procedimiento administrativo de ejecución correspondiente, ordenó también dejarlo sin efectos, en término de la ejecutoria de amparo. Ahora, de conformidad con lo establecido con los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este juzgador le da pleno valor probatorio a las constancias remitidas por la autoridad responsable, donde acredita su dicho. Por tanto, de las constancias de referencia, y no obstante que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna con la vista que se le dio con las constancias exhibidas por la autoridad responsable en el presente asunto, este juzgador, procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos, este juzgador determina que en cuanto al acto de la autoridad obligada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin que se advierta que la responsable incurrió en defecto o exceso en el cumplimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, dado que el presente expediente e incidente de suspensión, se encuentran dentro de la hipótesis de los incisos a) y c) del artículo 21, contenidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, los cuales a la letra establecen: .Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es depurable y el original del incidente de suspensión es destruible, al sobreseerse el juicio de amparo y negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que se ubican en las hipótesis previstas en los capítulos séptimo artículo 21, incisos a) y c), del Acuerdo General citado. Finalmente, lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, asistido de la secretaria Tania Ramos Loera. DOY FE.
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