Eduardo Barajas Mercado
Expediente 202/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Barajas Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Devolución de documentos originales. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que exhibió en el presente juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente.
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1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Devolución de documentos originales. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos originales que exhibió en el presente juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente.
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ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veintidós minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la Secretaria Nubia Miranda Ramírez en el juicio de amparo 202/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: con la demanda de amparo, escrito aclaratorio, informe justificado del juez responsable y emplazamientos de los terceros interesados; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales de la parte quejosa y las autoridades responsables; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria da cuenta con los formulados por el representante especial designado en autos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por hecha la referida relación, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 202/2021, promovido por Eduardo Barajas Mercado, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Séptimo Oral Familiar de esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Séptimo Oral Familiar de esta ciudad: El acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en el referido expediente, en donde se ordena girar oficio al Comisionada municipal de Seguridad Pública para que auxilie en el desahogo de la dirigencia ordenada en autos. De la Actuaria del Juzgado Séptimo Oral Familiar de esta ciudad. El acta de embargo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dentro juicio ordinario familiar 385/2016 que sobre divorcio necesario promovido por Yajaira Andrea Farfán Chávez frente a José David García Gamiño. La ejecución del acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los reclamados es susceptible de ejecutarse dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. El Juez Séptimo Oral Familiar de esta ciudad, aceptaron la existencia del acto que se le reclama, por tanto, se tiene por ciertos. La Actuaria adscrita a dicho juzgado fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante dado el carácter que le reviste, se presumen ciertos los actos que se le reclamaron Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad judicial ordenadora allegó a su informe, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En el caso, como lo sostiene el representante especial del menor tercero interesado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción Xll, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico del quejoso. Al respecto, conviene destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter el quejoso, quien aduce ser titular de un derecho; y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales es posible entender que, detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que, conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que, atendiendo a la situación particular del quejoso, puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia del juicio resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario constatar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; en ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto sobre el inmueble de su propiedad , porque la afectación a su esfera jurídica se produce al existir la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad o posesión e inviolabilidad del domicilio injustificadamente. Lo anterior, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble o poseedora y tener su domicilio en éste. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, sostuvo que del artículo 14 de la Constitución no se desprenden datos o elementos que sirvan para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo; esto es, si se trata de aquélla que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, además, concluyó que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común, esto es, la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título, la causa generadora de esa posesión. Por ende, para acreditar el interés jurídico es necesario que el solicitante del amparo demuestre los siguientes supuestos: La causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta; La detentación material del bien; y, La identidad entre el bien objeto del juicio de origen, y del que el quejoso asegura tener la posesión. Puntualizado lo anterior, se toma en cuenta que la parte quejosa acude al amparo indirecto ostentándose como tercero extraño a juicio stricto sensu, ya que aduce tener derecho en calidad de arrendatario del inmueble ubicado en la calle García Obeso número ochocientos cuarenta y seis, letra A de la colonia Ventura Puente de esta ciudad, en el que se encuentra un negocio de "maquinitas" que fueron embargadas, sin ser parte procesal en el juicio ordinario familiar 385/2016. En ese orden de ideas, la parte quejosa pretende demostrar tener derecho de posesión respecto del inmueble y los bienes muebles embargados dentro de ese lugar, con los siguientes medios de convicción: Contrato de arrendamiento con fiador, celebrado el uno de noviembre de dos mil veinte, por Salvador García González, como arrendador y Eduardo Barajas Mercando, en cuanto arrendatario, respecto del local ubicado en García Obeso número ochocientos cuarenta y seis, letra A. Catorce recibos de pago correspondientes al sueldo como ayudante de videojuegos en favor de David García Gamiño. Seis recibos de pago por concepto de depósito y renta de local. Impresiones de captura de pantalla de compra de productos a "Maquinitas Fruit King 888Más Atr.", por la cantidad de $7,800. 00 (siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). Remisión 008009 por la venta de diversos artículos por RB Games expedida a favor de Pablo Alfredo Ponce López, en cuyo reverso consta un endoso en favor de Eduardo Barajas Mercado. Copia simple de la credencial para votar a nombre de José David García Gamiño. Dichos medios de prueba son insuficientes para acreditar el derecho que reclama el peticionario de amparo, esto es, que tiene la posesión del inmueble en que se realizó el embargo de bienes muebles, derivado del contrato de arrendamiento; así como la propiedad de los bienes muebles embargados, a saber: seis máquinas tragamonedas, dos máquinas de videojuegos, un futbolito, una máquina de chicles, un refrigerador de color beige de un metro ochenta, color beige sin que se vea la marca, un comedor al parecer con seis sillas, una pantalla de aproximadamente cuarenta y dos pulgadas, se observa una parrilla para servir cena, un cilindro de gas como de veinte litros al parecer de los que no se observa marca visible. En efecto, para acreditar la posesión, a título de arrendatario del inmueble en el que se llevó a cabo la diligencia de embargo, el quejoso exhibió una un contrato de arrendamiento, fechado el uno de noviembre de dos mil veinte, sin embargo, dicho documento carece de fecha cierta. Entonces, esa documental privada valorada en términos del artículo 197, en relación con el 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, es ineficaz para demostrar la titularidad del inmueble que defiende, debido a que, no fue celebrado o ratificado ante un fedatario público. Respecto a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el caso de documentos privados en los que se hace constar un acto jurídico, para tener eficacia probatoria requieren ser de fecha cierta, lo que ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, son inscritos en el Registro Público, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Bajo ese contexto, se concluye que el documento exhibido para acreditar el interés -contrato de arrendamiento-, no es de fecha cierta, por tanto, no puede surtir el efecto legal pretendido. De igual forma, los recibos de pago de salario y de pago de renta no resultan idóneas para acreditar el derecho de posesión y propiedad que defiende, en virtud, de que ser documentos privados que únicamente prueban lo ahí contenido, es decir, el pago de un salario y de un renta de local, sin que con ellas se demuestre que la propiedad que refiere tener de los bienes muebles embargados corresponde al quejoso, ni certeza sobre su fecha de emisión. Lo mismo ocurre con las impresiones de pantalla descritas y la nota de remisión por la compra de diversos productos, documentos privados que no son aptos para comprobar la propiedad de los objetos embargados; ello, porque carecen de datos suficientes que otorguen certidumbre respecto de la identidad de lo embargado con lo contenido en tales documentos, pero además porque no constituyen facturas expedidas por su emisor, con los requisitos legales exigidos. Por lo que, se insiste, la exhibición de tales documentos no implica que a través de éstos se reconozca que el peticionario es poseedor legal del referido inmueble y de los bienes muebles que por encontrarse en dicho lugar se embargaron, ello, porque además de que son documentos privados, carentes de fecha cierta y datos suficientes para corroborar que corresponden a lo embargado, que además, no fueron ratificados por su emisor, ni constituyen facturas. Por último, la copia de la credencial para votar carece de valor probatorio, por tratarse de una simple reproducción del documento original. Así, los medios de convicción que oferta la parte quejosa son ineficaces para tener por acreditado su interés jurídico, esto es, que el impetrante tenga un derecho sobre el bienes materia de la litis; en razón de que dichos medios de convicción solamente hacen prueba sobre los hechos que contienen; pero, con ellos, no se acredita que el peticionario tenga algún derecho anterior a la emisión del acto reclamado, respecto de lo embargado. Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo establecido en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, el cual se hace extensivo respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide el estudio de la cuestión de fondo en este juicio de garantías. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 57, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Barajas Mercado, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA YAJAIRA ANDREA FARFÁN CHÁVEZ, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee: 1. Informe de domicilio. Agréguese el oficio signado que remite el Jefe de Oficina de Asuntos Jurídicos Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, en atención a su contenido, se le tiene informando que en la base de datos de esa dependencia no se encontró registro de domicilio de la tercera interesada Yajaira Andrea Farfán Chávez; por tanto, se tiene a la autoridad oficiante cumpliendo con lo requerido por esta potestad. 2. Razón actuarial. Vista la razón del actuario adscrito a este juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 15416/2021, a la autoridad auxiliar Director de Política Tributaria de la Secretaría de Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que al constituirse en la instalaciones que ocupa la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, fue atendido por una persona que dijo ser la oficial de partes de dicha dependencia, quien le informó lo siguiente: "No le puedo recibir el oficio que me indica, toda vez que dicha autoridad no existen en el organigrama de esta institución, es todo lo que le puedo decir". En consecuencia, agréguese a los autos, sin que haya lugar a ordenar el reenvío del citado, dada la inexistencia de la mencionada autoridad auxiliar. 3. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha concluido el procedimiento de investigación tendiente a localizar los domicilios donde pueda ser emplazada la tercera interesada Yajaira Andrea Farfán Chávez. En esa tesitura, de la certificación secretarial que antecede y toda vez que de las constancias que obran en autos del juicio ordinario familiar número 385/2016, del que deriva el acto reclamado, se advierte que, se le tuvo como domicilio de la citada tercera afectada el ubicado en el ubicado en Luciano Navarrete 163 de la Colonia, Jardines de Torremolinos en esta ciudad. Por tanto, es ahí donde debe practicarse su llamado, pues el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, establece que siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio natural. En este sentido, se solicita que el actuario de la adscripción comisionado se ajuste a las reglas siguientes: a. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso a) y III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, deberá buscar al tercero interesado Hugo Alejandro Botello Quiroz, en el domicilio procesal ubicado en Luciano Navarrete 163 de la Colonia, Jardines de Torremolinos en esta ciudad, cerciorándose de su identidad, entregándole copia de la resolución a notificar. De negarse a recibir la notificación, deberá asentarlo en autos y tener por hecha la notificación. b. Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, si en el referido domicilio procesal no encuentra a la tercera interesada, dejará constancia de que es el domicilio buscado y le dejará citatorio para que dentro del término de dos días hábiles siguientes acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Dicho citatorio deberá dejarlo con la persona que lo atienda. Si no acude a notificarse, deberá hacerse por lista la notificación y por lista en una página electrónica. c. Con sustento en el artículo 27, fracción I, inciso c), si el actuario encuentra cerrado el domicilio y nadie acude a su llamado, debe asentar que es el domicilio buscado y fijar aviso en la puerta a fin de que dentro de los días hábiles siguientes acuda a notificarse; y no haciéndolo, la notificación se hará por lista y en una lista en página electrónica. d. Toda manifestación que reciba el diligenciario, en el sentido de que la tercera interesada Yajaira Andrea Farfán Chávez, no vive en el domicilio, no habita o que no trabaja en él, no será obstáculo para llevar a cabo la notificación. Tampoco lo será el que reciba información en el sentido de que ya no se lleva su representación legal en ese lugar o que no se les conoce. Lo anterior pues en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, la notificación encomendada deberá efectuarse en el domicilio procesal que se haya señalado en el juicio de origen, por lo que resulta irrelevante que ahí no viva, trabaje o habite la persona buscada, menos aún que ya no se lleve en ese lugar su representación legal o que haya dejado de ser domicilio de su parte para recibir notificaciones, pues lo que se sigue de una interpretación finalista del precepto en cuestión, es que se emplace en el domicilio que se haya señalado en autos de la controversia natural, debiéndose entender que para los efectos concomitantes fue designado por los interesados, siendo, entonces, en su perjuicio, el que no informe al órgano jurisdiccional oportunamente su revocación y el señalamiento de uno nuevo. 4. Diferimiento constitucional. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con doce minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo.
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