Eduardo Alejandro Flores Tapia
Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Alejandro Flores Tapia
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de Michoacán en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se negó la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Exhorto diligenciado. Intégrese el oficio que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama; en atención a su contenido se le tiene devolviendo diligenciado el exhorto 79/2022 (número de orden 241/2022), que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara al quejoso la sentencia dictada en el presente juicio, lo que acredita con las constancias que adjunta; dese de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente. Sin que haya lugar a acusar recibo de la referida comunicación oficios, por así solicitarlo la autoridad oficiante.
- Principal
VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 382/2022, promovido por Eduardo Alejandro Flores Tapia, por su propio derecho, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de Michoacán, y otras autoridades; al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Veracruz. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tuvieron verificativo dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de Michoacán, al rendir el informe justificado solicitado a dicha coordinación, negó el acto que se le atribuye, pues al efecto indica que no dictó la orden de traslado, sino que únicamente le fue notificada por parte del director del centro de reclusión responsable ubicado en Charo, Michoacán, la realización del mismo, por considerar que se actualizaba un caso de urgencia. Sin que se haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar esa negativa, no obstante que el contenido de los informes justificados se notificó personalmente al quejoso el veintisiete de abril del año actual, en el lugar donde guarda reclusión, en atención a lo solicitado en el exhorto 57/2022 orden 169; por tanto, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho y autoridad se refiere, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El Subdirector Jurídico del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Charo, Michoacán, manifestó de forma expresa que es cierto el acto reclamado; lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo, las que tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Tal determinación que se hace extensiva por lo que hace al Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, con sede en Congregación Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, pues aun cuando negó la existencia de los actos reclamados, lo cierto es que el quejoso actualmente guarda reclusión en dicho centro. QUINTA. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que respectivamente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Dicho numeral dispone que, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éstos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contempladas en el aludido artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. d) Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Como se observa, previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Sobre el tema, es menester enfatizar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. El conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que la facultad de administrar las prisiones correspondería al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "jueces de ejecución de sentencias". Entonces, correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los jueces de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, el quejoso reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de La Piedad, Michoacán, a un diverso centro de reclusión. Ahora bien, existen dos medios de defensas legales, a través de los cuales, dependiendo del actuar de dichas autoridades jurisdiccionales, podrán ser empleadas según sea el caso. En el primer supuesto, una vez que se ha notificado del traslado del recluso, el Juez de Control o de Ejecución, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, la cual podrá ser combatida a través del recurso de apelación, contemplado en el numeral 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por el que un tribunal de alzada revisará la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III y último párrafo, de dicha la Ley Nacional, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Ahora, el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, la firma o huella digital, y que de acuerdo con dicha pretensión, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Asimismo, el segundo párrafo, del numeral 124 de dicha Ley, precisa que de no atenderse de inmediato aquellos casos urgentes de medidas disciplinarias y de violación a derechos, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, por lo que el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ahora, la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento administrativo contemplado en la Ley de Ejecución Penal, en donde además existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida; por lo que no se constituye como una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedentes es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Alejandro Flores Tapia, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en las consideraciones tercera y quinta de este fallo.
- Principal
Exhorto diligenciado. Intégrese el oficio que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama; en atención a su contenido se le tiene devolviendo diligenciado el exhorto 57/2022 (número de orden 169/2022), que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara al quejoso los proveídos de siete, doce y veintiuno de abril del año en curso, así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, lo que acredita con las constancias que adjunta; dése de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente. Sin que haya lugar a acusar recibo de la referida comunicación oficios, por así solicitarlo la autoridad oficiante.
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