Eduardo Antonio Coronado López

Expediente 792/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
792/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Antonio Coronado López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase al Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la ciudad de México, las copias certificadas deducidas del expediente ******************** de su índice, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que ya se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgado estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 792/2017; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Eduardo Antonio Coronado López, por su propio derecho, mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, consistente en la omisión de dictar sentencia en el incidente de compurgación simultanea de la pena de prisión, el cual estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de ocho de agosto de dos mil diecisiete, este Tribunal admitió la demanda de mérito, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde y la audiencia constitucional la celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. El Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado conviene en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que al efecto remitió, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de este último ordenamiento legal. TERCERO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI.-Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. . En efecto, pues de las constancias que obran en autos, permiten conocer que mediante escrito presentado ante la responsable, el veintiséis de febrero de dos mil quince, el hoy quejoso solicitó se declarara la apertura del incidente no especificado de compurgación simultánea de la pena de prisión. Seguido en todos sus trámites el citado incidente, el diez de octubre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de alegatos, quedando pendiente el dictado de la resolución correspondiente. Ahora bien, con fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el Juzgado responsable resolvió el incidente no especificado de compurgación simultánea de pena, declarándolo infundado, como se advierte de las copias certificas remitidas por la autoridad responsable en alcance a su informe. Tal determinación le fue notificada de manera personal al quejoso el treinta de octubre de dos mil diecisiete. Luego, al haber ocurrido tal circunstancia con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías (siete de agosto de dos mil diecisiete), ello conduce a establecer, cesaron los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y conduce a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento. Es aplicable al caso la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías 792/2017, promovido por Eduardo Antonio Coronado López. NOTIFÍQUESE.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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