Eduardo Alfred Villareal Velasco

Expediente 1332/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1332/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Alfred Villareal Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar) haya recurrido la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1332/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el quince de noviembre de dos mil veintidós, recibido en esa data por la Oficina de Correspondencia Común que presta auxilio a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Eduardo Aldred Villareal Velasco, promovió demanda de amparo contra el acto de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que más adelante se precisará. Acto que estimó violatorio del derecho fundamental contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La citada demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, y por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite con el número de expediente 1332/2022; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se ordenó emplazar al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social. TERCERO. Audiencia Constitucional. Seguido el juicio en su trámite, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y56, fracción I (materia laboral), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de una lectura integral del escrito inicial de demanda, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consiste en: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 481/2018, del índice de la junta responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa toda vez que de su informe se advierte que a la fecha la responsable no ha dictado laudo en el expediente laboral 481/2018 de su índice, por encontrarse pendiente el desahogo de una prueba ofrecida por la parte demandada. Lo que así se corrobora con las documentales que al efecto anexó a su informe, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo establezca, lo que además es acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, foja 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio. Es infundado el argumento que hace valer la parte quejosa en el capítulo de conceptos de violación de su demanda, relativo a que la Junta responsable, al omitir el dictado del laudo en el juicio de origen, transgrede en su perjuicio el derecho de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Expuesto lo anterior, debe tomarse en cuenta que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." El aludido precepto constitucional, consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés que se les presenten. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes; de esta manera se puede afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce cuando las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, que son elementos que se introducen en la secuela procedimental, para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad que juzga, para que pronuncie su resolución dentro de un determinado espacio temporal. Así las cosas, de la copia certificada exhibida por el Presidente de la Junta responsable, la cual ya fue valorada con anterioridad, se advierte que existe la abstención de dictar laudo en el juicio laboral. Sin embargo, la omisión de dictar laudo, no es un acto inconstitucional en sí mismo; y para tener por demostrada esa inconstitucionalidad, deben ocurrir diversas circunstancias, esto es: 1. Que el quejoso sea parte en el juicio laboral; Requisito que se encuentra acreditado, pues de la constancia remitida por la Junta responsable, se acredita que el aquí quejoso es la parte actora en el expediente de origen. 2. Que en éste se haya declarado cerrada la instrucción, y se hayan turnado los autos a proyecto de resolución; y, 3. Que la junta responsable haya omitido dictar el fallo dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Los últimos dos requisitos no se acreditan como se expondrá enseguida. Por su parte, los artículos 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el uno de mayo de dos mil diecinueve, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. ." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. ..." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que haya concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado ser hará constar en acta." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnara el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." La interpretación de los transcritos artículos conduce a determinar, que en términos de la Ley Federal del Trabajo vigente, una vez cerrada la instrucción, el auxiliar dentro de los diez días siguientes debe formular por escrito el proyecto de laudo, del que entregará una copia a cada uno de los integrantes de la Junta, a efecto de que estos dentro de lo cinco días siguientes a dicha recepción, en su caso soliciten el desahogo de las diligencias que estimen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; que una vez transcurrido el término de cinco días posteriores a la entrega del proyecto de laudo, o en su caso, desahogadas las diligencias que se hubieran solicitado, y dentro del término de diez días, los integrantes de la junta serán citados para la discusión y votación del proyecto referido; de ser aprobado éste sin adiciones ni modificaciones, será elevado a la categoría de laudo y será firmado de inmediato por los miembros de la Junta, y para el caso de haber modificaciones o adiciones, el secretario de inmediato redactará el laudo de acuerdo con lo aprobado. En el caso, la autoridad responsable en su informe indicó que si bien en el expediente laboral 481/2018 no se ha dictado el laudo, ello obedece a que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba de informe admitida a la ahí demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, y respecto de la cual, en proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, ordenó girar oficio a la Institución Bancaria Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, a efecto de que rinda la información solicitada por dicha demandada; y por tanto, no se ha cerrado la instrucción. De lo expuesto se colige que no se encuentran satisfechos los dos últimos requisitos mencionados, pues no se exhibió prueba alguna que acredite que se haya cerrado la instrucción en el expediente laboral 481/2018, por el contrario, con las documentales remitidas por la responsable se advierte, se encuentra pendiente el desahogo de la prueba de informe admitida a la ahí demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que dicho juicio no se encuentra en un estado que amerite formular el proyecto de resolución y por ende, tampoco dictarse el laudo. En esa tesitura, se declara infundada la alegación vertida por la parte quejosa, porque como quedó de manifiesto, es cierto que no se ha dictado laudo en el juicio de origen; sin embargo, ello no es un acto inconstitucional en sí mismo, y dado que aún no existe cierre de instrucción, no ha comenzado a transcurrir el término que la Junta responsable tiene para emitir su fallo; por lo que no existe trasgresión a los derechos fundamentales de la parte promovente. Ilustra a lo anterior, por los motivos que la forman, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 304, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997. Materia Laboral, Novena Época, del tenor literal siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Eduardo Aldred Villareal Velasco. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eduardo Aldred Villareal Velasco, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo en expediente laboral 481/2018, atribuido a la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, por las razones que quedaron precisadas en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con seden en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan a su informe, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. En virtud de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.---San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con seden en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan a su informe, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. En virtud de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veintidós, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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