Eduardo Antonio Aranda Alcocer

Expediente 793/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
793/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Antonio Aranda Alcocer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con nueve minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con los informes justificados rendido por las autoridades responsables, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes y se informa que las autoridades Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante haber sido legalmente notificadas Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos las cuales se agregaron con conocimiento de las partes. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que el Juez declara CERRADO dicho periodo. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, la Secretaria certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la certificación secretarial, para los efectos legales correspondientes. Con lo que se declara cerrado dicho periodo. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver el juicio de amparo número 793/2020-V-A, promovido por Eduardo Antonio Aranda Alcocer, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el nueve de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el diez de septiembre siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció Eduardo Antonio Aranda Alcocer, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, Director de la Policía Municipal de Mérida y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de once de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: El acuerdo SSY 04/2020 que modificó el similar SSY 01/2020, mediante el cual se establecieron medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARSCOV-2, por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán, entre ellas, la restricción a la circulación vehicular en las vías públicas de jurisdicción estatal; y su cumplimiento. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente son ciertos los actos reclamados al Gobernador del Estado de Yucatán y Director de la Policía Municipal de Mérida, no obstante que al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron el acto que se les atribuye. Lo anterior, dado que respecto al Titular del Poder Ejecutivo, es evidente su participación en el acto reclamado, pues aun cuando no fue quien emitió con su firma el acuerdo impugnado, lo cierto es que es precisamente a través del Gobierno que representa, que se ordenó implementar las medidas establecidas en los acuerdos respectivos, para evitar la propagación del virus SARS-CoV2, derivado de la enfermedad COVID-19; de ahí que debe considerarse cierto el acto reclamado. Asimismo, por lo que toca al segundo nombrado, de conformidad con los artículos 3 y 5 del acuerdo SSY 04/2020, mediante el cual se modifica el similar SSY 01/2020, se establece que los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades municipales, en general, en el ámbito de su competencia, deberán prestar toda colaboración institucional y facilidades administrativas, para lograr la adecuada ejecución de las medidas de seguridad sanitarias decretadas. De igual manera son ciertos los actos reclamados al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, pues no rindieron sus correspondientes informes justificados, a pesar de encontrarse debidamente notificados, razón por la cual opera en su contra la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sostenida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre 2007, en la página 2541, con número de registro 171439, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que cuando no se rinda el informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por otra parte, el diverso 78, párrafo tercero, de la misma legislación establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos; lo que indica que tal numeral se aplica sólo cuando la responsable tenga en su poder esa prueba pero no la haya remitido y, por su estrecha vinculación con el acto reclamado, resulta necesaria para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, es patente que el párrafo tercero del citado artículo 78 establece una obligación para el juzgador de garantías que no se encuentra condicionada por la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 149, sino relacionada directamente con la establecida en el párrafo segundo de este último numeral, es decir, con aquella en la que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado y no remite las constancias relativas a fin de demostrar su constitucionalidad. Luego, en la hipótesis de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el Juez de Distrito no está obligado a recabar oficiosamente pruebas sobre los hechos que pudieran determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que deja a salvo su facultad para hacerlo voluntariamente, de estimarlo necesario para la resolución del asunto." Además, al reclamarse normas de carácter general no es necesario acreditar su existencia o inexistencia, pues basta su publicación, en el Diario oficial del Gobierno del Estado, para comprobar esta circunstancia, pues esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Sustenta la consideración anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, registro IUS 191452). CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que con relación al acuerdo impugnado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se tiene que esta causa de improcedencia opera, entre otros casos, cuando haya quedado sin efecto el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, lo que trae como resultado que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de la pretendida trasgresión constitucional, como si el acto combatido en amparo no hubiera afectado la esfera jurídica del gobernado (hipótesis que acontece), o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio en el sentido señalado, es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la propia autoridad responsable, o bien, por otra facultada para ello. Por lo tanto, para considerar, que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que, el acto deba quedar insubsistente, sin huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en tratándose de amparo contra leyes, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que a efecto de verificar si se actualiza la citada causa de improcedencia es necesario constatar si se trata de normas prohibitivas o de normas que generan una obligación y, en este último supuesto, si las normas produjeron consecuencias durante el periodo en que estuvieron vigentes. Lo anterior, porque las normas prohibitivas sólo prevalecen durante la vigencia de la ley, de modo que al transcurrir su período de vigencia, cesan sus efectos prohibitivos, permitiendo que el gobernado actúe. En el caso, el acuerdo impugnado, a la letra dice: "...Acuerdo SSY 04/2020 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán. Artículo único. Se reforma: el párrafo primero de la fracción IV del artículo 2; y se adiciona: el inciso c) a la fracción IV del artículo 2; ambos del Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán, para quedar como sigue: Artículo 2. . . I. a la III. . IV. Se limita la circulación de vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal. La Secretaría de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 275-M de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, coadyuvará en la vigilancia del cumplimiento de esta medida de seguridad sanitaria, en coordinación con la autoridad sanitaria estatal. En las vías públicas de jurisdicción estatal y en aquellas de jurisdicción federal o municipal transferidas al Poder Ejecutivo del estado, en términos del artículo 4 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se disponen las modalidades de limitación a la circulación de vehículos, de conformidad con lo siguiente: a) y b) . c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintidós horas con treinta minutos y hasta las cinco horas, excepto en las vías que se encuentren en las localidades de Santa Clara, municipio de Dzidzantún; Sisal, municipio de Hunucmá; San Crisanto, municipio de Sinanché; El Cuyo, municipio de Tizimín; y Chabihau, municipio de Yobaín; así como en el territorio de los municipios de Celestún, Dzemul, Dzilam de Bravo, Ixil, Progreso, Río Lagartos, San Felipe y Telchac Puerto, en las cuales la restricción de la circulación vehicular comprenderá desde las veintiún horas hasta las cinco horas. Quedan exceptuados de la disposición anterior: 1. Los vehículos que trasladen a pacientes que requieran atención médica de urgencia, así como los que se utilicen para la adquisición de medicinas. 2. Los vehículos en que se traslade el personal de salud, debidamente identificado, que pertenezca al área médica, en cualquiera de sus especialidades, paramédica, administrativa o de apoyo. 3. Los vehículos en que se traslade el personal de instituciones de procuración o administración de justicia, debidamente identificado. 4. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de entrega de medicinas a domicilio. 5. Los vehículos dedicados a la prestación de servicios funerarios. 6. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte de carga para el suministro de las actividades esenciales diferentes a tiendas de autoservicio, cuyo suministro deberá efectuarse dentro del horario comprendido entre las cinco horas y las veintidós horas con treinta minutos. 7. Los vehículos utilizados por el personal de los medios de comunicación con el objeto de cumplir con su trabajo de cobertura, operación y producción. 8. Los vehículos dedicados a la prestación de los servicios públicos de limpieza, energía eléctrica, telecomunicaciones y recolección de basura. 9. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte de carga cuyo ingreso y circulación en el territorio del estado sea ininterrumpido hasta su egreso de este. 10. Los vehículos de los prestadores del servicio de seguridad privada con registro vigente, autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo transitorio Único. Entrada en vigor Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en Mérida, Yucatán, a 15 de julio de 2020. (RÚBRICA) Dr. Mauricio Sauri Vivas Secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán." Como se puede observar, la norma en comento establece restricciones de circulación a los vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal, exceptuando las vías y supuestos que se precisan, a partir de las veintidós horas con treinta minutos y hasta las cinco horas. Luego, el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo SSY 06/2020, por el que se modifica el acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus Sars-Cov-2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado de Yucatán. Acuerdo que establece lo siguiente: "Artículo único. Se reforma: el párrafo primero del inciso c) de la fracción IV del artículo 2 del Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del estado de Yucatán, para quedar como sigue: Artículo 2. . . I. a la III. . IV. . a) y b) . c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a partir de las veintitrés horas con treinta minutos y hasta las cinco horas. . 1. al 10. . Artículo transitorio Único. Entrada en vigor Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en Mérida, Yucatán, a 16 de septiembre de 2020. ( RÚBRICA ) Dr. Mauricio Sauri Vivas Secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán." Establecido lo anterior, se retoma que el quejoso reclama el Acuerdo SSY/04/2020, con motivo de su entrada en vigor, es decir, como norma autoaplicativa. En relación con ello, debe decirse que los preceptos a los que se hace alusión contienen restricciones de circulación a los vehículos, independientemente de su uso. Por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que las disposiciones aludidas dejaron de surtir sus efectos el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, al haber entrado en vigor el día siguiente el diverso Acuerdo SSY/06/2020. De lo anterior, se colige que si el Acuerdo SSY/04/2020, ya no se encuentra vigente y si en autos no se encuentra acreditado que las disposiciones reclamadas como normas autoaplicativas, que estuvieron vigentes del diecisiete de julio de dos mil veinte al dieciséis de septiembre de dos mil veinte, produjeran sus consecuencias materiales, es decir, que hayan sido aplicadas en contra de la parte quejosa, derivado de su obligación de respetar los horarios de circulación a que aluden, y le hubieren causado algún perjuicio; por lo que en el caso, una eventual concesión de amparo en contra de los actos reclamados carecería de efectos. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia P./J. 51/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, con registro 198400, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189). Del análisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia citada, especialmente de la primera de ellas, se deriva que su origen yace en la impugnación de normas cuya aplicación entrañaba una prohibición in genere, que sólo prevalecería durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesaría su efecto prohibitivo permitiendo, por tanto, que el gobernado actuara en aquel sentido. En esta hipótesis, la concesión de la protección constitucional no tendría efecto alguno, dado que en ningún caso podría surtir efectos sobre el pasado, pues no podría volver en el tiempo para reparar la violación causada por la aplicación de aquella norma, facultando al quejoso para realizar lo que le fue vedado y que ahora le es permitido. Por ello, debe estimarse que la jurisprudencia en comento sólo es aplicable cuando la ley reclamada entraña una prohibición y no cuando genera una obligación de actuar en determinado sentido, o sea, una obligación de hacer o permitir que se haga. En esta última hipótesis, la derogación de la ley no libera a quienes fueron sus destinatarios de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, ya que, a pesar de la derogación, los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación; a más de que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada, incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma-, la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la época en que estuvo en vigor, los cuales provocaron una afectación en la esfera jurídica de los gobernados que sólo puede ser subsanada, en su caso, mediante la protección de la Justicia de la Unión." Así como la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1107, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2003285, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Y la tesis de jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 10, del Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197244, que indica: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo." En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Antonio Aranda Alcocer, en contra de los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, Director de la Policía Municipal de Mérida y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos únicamente como corresponda, el informe previo rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad, sin que sea el caso hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que con fecha veintitrés de septiembre del año en curso, tuvo verificativo la audiencia incidental en el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el alegato ministerial número 247/2020 signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano