Eduardo Antonio Aldana Jiménez

Expediente 1115/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1115/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Antonio Aldana Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el trece de noviembre de dos mil dieciocho, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día catorce de noviembre siguiente; por tanto, ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, hágase la precisión de que el presente expediente es susceptible de depuración, en virtud de que mediante acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso, se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 Constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III, del punto vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que dice que todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, deben conservarse. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos y por rendidos los informes justificados, los cuales se ordenó agregar con conocimiento de las partes. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en representación del Secretario (fojas 37 a 40), mismas que acompañó a su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las documentales indicadas, las que en atención a su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas para todos los efectos legales correspondientes; con lo anterior SE DECLARA CERRADO EL PERÍODO DE PRUEBAS. Seguidamente, ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho; a lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaria, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. Acto seguido, al no existir promoción pendiente de acuerdo, ni alegato ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, se da por concluida la presente audiencia, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1115/2018-V-A, promovido por Mateo Iván González Berzunza, a favor de Eduardo Antonio Aldana Jiménez, en contra de los actos atribuidos al Fiscal General del Estado de Yucatán y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado a las dieciocho horas con quince minutos, del día veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado Federal, compareció Mateo Iván González Berzunza, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, a favor del directo quejoso Eduardo Antonio Aldana Jiménez, en contra de los actos reclamados al Fiscal General, Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como del Director de Seguridad Pública y Tránsito del Puerto de Progreso, Yucatán, los cuales hizo consistir en: "IV.-ACTO RECLAMADO.- Privación ilegal de la libertad personal de la parte quejosa, fuera de procedimiento judicial y la incomunicación de que ha sido objeto EDUARDO ANTONIO ALDANA JIMENEZ." SEGUNDO. Por acuerdo de esa propia fecha (veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho), se proveyó respecto a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, con relación a los actos reclamados consistentes en privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación y malos tratos. TERCERO. Posteriormente, con fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, fue remitida la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la cual fue turnada ese mismo día a este órgano de control constitucional. CUARTO. Admisión de la demanda. Por auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, una vez ratificada por parte del directo quejoso, la demanda registrada previamente con el número 1115/2018-V-A, se admitió a trámite la misma; se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal competente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. QUINTO. Vista al quejoso con la existencia de una autoridad no señalada como responsable. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, manifestara a este Juzgado Federal, si señalaba como autoridad responsable en este juicio al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por ser quien calificó la sanción administrativa impuesta al directo quejoso. SEXTO. Se hace efectivo el apercibimiento. Por acuerdo de veintitrés de octubre pasado, debido a que el quejoso no hizo manifestación alguna en relación con la vista de mérito, dentro del término concedido, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por no designada como autoridad responsable en este juicio al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se precisa de la siguiente manera: La privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación y malos tratos del directo quejoso. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Abril de 2000, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que así lo expresaron al rendir sus respectivos informes con justificación, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tal manifestación. En consecuencia, al no demostrarse la existencia del acto reclamado a las autoridades precisadas en este considerando, se sobresee en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/18 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 154, Octava Época, Tomo 19-21, Julio-Septiembre de 1989, con número de registro 803111, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y la quejosa no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Así como la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, localizada en el Semanario Judicial de la Federación, página 627, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, con número de registro 227634, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. En el caso, quien aquí resuelve estima que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)." De la transcripción anterior se advierte que el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo, destacándose el previsto en la fracción III, que establece que debe mencionarse a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal, dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es, la Ley de Amparo prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. En la especie, es importante señalar que si bien el accionante del amparo -de manera genérica- señaló como actos reclamados, la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación y/o malos tratos ejecutados en su persona, y señaló de entre otras autoridades, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, lo cierto es que la determinación en concreto que le podría irrogar perjuicio, es la determinación de veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues en tal resolución se le impuso al aquí quejoso un arresto de treinta y seis horas. Empero, tal autoridad no fue señalada como autoridad responsable por parte del quejoso, a pesar de habérsele requerido para hacerlo como se advierte del auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho; circunstancia que generó se hiciera efectivo el apercibimiento ahí decretado, ordenándose continuar el trámite del presente juicio hasta dictar sentencia, teniéndose únicamente como autoridades responsables a las señaladas en su escrito de demanda (fojas 41, 42 y 53). Lo cual genera imposibilidad para examinar la constitucionalidad del arresto reclamado. Es aplicable a lo expuesto, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia(s): Común, Tesis 2a. CLXIV/98, en la página 113, con número de Registro: 194684, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio. QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Mateo Iván González Berzunza, a favor de Eduardo Antonio Aldana Jiménez, respecto de los actos reclamados consistentes en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos, reclamados a las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución, por los motivos expuestos en el tercer considerando de la misma. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Mateo Iván González Berzunza, a favor de Eduardo Antonio Aldana Jiménez, respecto del acto y la autoridad precisados en el resultando quinto de la presente determinación, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no hizo manifestación alguna con relación a la prevención efectuada por acuerdo de dieciséis de octubre pasado, a efecto de que señalara o no como autoridad responsable en el presente asunto a la Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y como nuevo acto reclamado las horas restantes del arresto que dicha autoridad le impuso. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento efectuado en el referido proveído de dieciséis de octubre del año en curso, téngase por no designada como autoridad responsable al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y resuélvase este juicio únicamente por lo que respecta a los actos reclamados al Fiscal General, Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como al Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo el artículo 117 de la Ley de Amparo, y hágase relación de tal informe, al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.

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