Eduardo Almanza Rodríguez
Expediente 2317/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2317/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/06/2019
Partes del expediente
- Eduardo Almanza Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 98 a 101), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diecisiete de mayo de la anualidad que transcurre (foja 102), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el once de marzo del dos mil diecinueve (fojas 46 a 59), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".a) Los artículos 23, fracción XXVIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el derecho por la expedición de permiso por traspaso de giro de alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en el recibo de pago exhibido por el quejoso y la impresión de la constancia de recepción de pago que allegó el Secretario de Administración y Finanzas, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente". De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 23, fracción XXVIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el derecho por la expedición de permiso por traspaso de giro de alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro; y B). Que la autoridad responsable devolviera las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en el recibo de pago exhibido por el quejoso y la impresión de la constancia de recepción de pago que allegó el Secretario de Administración y Finanzas, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad a devolver debía estar debidamente actualizada. Ahora bien, es oportuno precisar que en proveído de seis de mayo del presente año (fojas 93 y 94), se determinó que existía un faltante por la cantidad de $23.46 (veintitrés pesos con cuarenta y seis centavos 46/100 moneda nacional), a favor de la parte quejosa; asimismo, que no obraba en autos, la declaratoria por parte de la autoridad responsable de que el precepto reclamado se desincorporaría de la esfera jurídica de la parte quejosa en el presente, así como en el futuro, en ese sentido se requirió a la responsable a efecto de que informara el cumplimiento total dado a la sentencia concesoria. Consecuentemente, mediante oficio y anexos signados por la responsable ante este órgano jurisdiccional el dieciséis de junio del año en curso (98 a 100), realizó diversas manifestaciones respecto a la cantidad faltante por la que se le requirió en el auto previamente citado, aduciendo que el titulo mercantil a través del cual efectuó la devolución de la cantidad erogada se expidió el cuatro de abril del dos mil diecinueve, por lo que el índice de actualización correspondía al mes de febrero y no marzo como se resolvió en el auto de referencia. En ese tenor, se procede a determinar si la cantidad devuelta por la responsable resulta ser la correcta, entonces si la quejosa realizó el pago a favor de la responsable el uno de noviembre de dos mil dieciocho (foja 11), luego el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 87), por el cual la autoridad responsable informó haber devuelto las contribuciones reclamadas en su totalidad, el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho, a febrero de dos mil diecinueve, (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue 101.4400; y para el mes de marzo del presente año 103.079. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0161573344. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,202.64 (seis mil doscientos dos pesos con sesenta y cuatro centavos 64/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $98.62 (noventa y ocho pesos con sesenta y dos centavos 62/100 moneda nacional). Por otra parte, el ente responsable del diverso anexo adjuntado al ocurso en mención, remitió el oficio con número DJC/1950/2019, del cual se aprecia que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso Eduardo Almanza Rodríguez, los preceptos tildados de inconstitucionales en el fallo protector, así como la notificación respectiva del mismo al quejoso el quince de mayo del año en curso (foja 101). Por tanto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización pues devolvió al quejoso mediante el título mercantil número 0001212, la cantidad de $6,202.64 (seis mil doscientos dos pesos con sesenta y cuatro centavos 64/100 moneda nacional); así como, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa en el presente como en el futuro los preceptos tildados de inconstitucionales. En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por ******, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, así como con el diverso recibido en este juzgado el doce de abril del año en curso (fojas 82-84), a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
f** TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que el termino dado a la parte quejosa en auto de dieciséis de abril del año en curso (foja 89), ha transcurrido; así de la sentencia dictada el once de marzo del presente año, se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: **Lo que resulta ser, esencialmente, lo siguiente: Desincorporara los artículos 23, fracción XXVIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el derecho por la expedición de permiso por traspaso de giro de alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, tanto en el presente como en el futuro. Devolver las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que debía entregarse se incluiría la actualización fiscal correspondiente. En ese sentido, la parte quejosa efectuó el pago a la responsable el uno de noviembre de dos mil dieciocho (foja 11), luego el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 87), por el cual la autoridad responsable informó haber devuelto las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho, a marzo de dos mil diecinueve, (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue 101.4400; y para el mes de marzo del presente año 103.476. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0200. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,226.64 (seis mil doscientos veintiséis pesos con sesenta y cuatro centavos 64/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $122.08 (ciento veintidós pesos con ocho centavos 08/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis no se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad responsable devolvió a la quejosa mediante el título mercantil número 0001212, la cantidad de $6,202.64 (seis mil doscientos dos pesos con sesenta y cuatro centavos 64/100 moneda nacional), lo que pone en evidencia un faltante de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $23.46 (veintitrés pesos con cuarenta y seis centavos 46/100 moneda nacional). Por otra parte, de las constancias que obran en autos, no se aprecia que la responsable informara la declaración de que el precepto reclamado se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa en el presente, así como en el futuro; por tanto, lo conducente es requerir al ente responsable a efecto de que remita la documental con que acredite la desincorporación de los dispositivos decretados inconstitucionales al quejoso, tanto en el presente como en el futuro. En consecuencia, con sustento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de CINCO DÍAS siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido para los efectos siguientes: Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se les hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por K**********, Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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