Eduardo Alberto García Pulido

Expediente 1557/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1557/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Alberto García Pulido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VENTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el trece de junio del año que transcurre (fojas 207-210), el apoderado legal de la Universidad Autónoma de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de catorce de junio de la presente anualidad (foja 211), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veinte de junio del año que transcurre (foja 214); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinticuatro del referido mes y año. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 78-87), la que quedo firme al haberse desechado el recurso interpuesto en su contra, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa (fojas 192-200), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados y, de conformidad con los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, se precisa la forma en que deberá proceder la Universidad Autónoma de Nayarit: Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, en el plazo de cinco días, deberá dar contestación y notificar a Eduardo Alberto García Pulido, sobre la petición formulada en el escrito de diez de julio de dos mil dieciocho, en el domicilio señalado para tal efecto." Entonces, a través del oficio y anexo presentado en este juzgado el trece de junio de dos mil diecinueve (fojas 207-210), el apoderado legal de la Universidad Autónoma de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que remitió el original del oficio RUAN/827/19, de once de junio del presente año, por el que dio respuesta al escrito de diez de julio de dos mil dieciocho, en el que la parte quejosa solicitó apoyo para regularizar su situación como alumno y poder estar en condiciones de obtener el título de maestro en la salud pública (fojas 209-210), junto con su respectiva notificación (fojas 208). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años, por lo que déjese por separado para tales efectos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VENTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el trece de junio del año que transcurre (fojas 207-210), el apoderado legal de la Universidad Autónoma de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de catorce de junio de la presente anualidad (foja 211), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veinte de junio del año que transcurre (foja 214); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinticuatro del referido mes y año. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 78-87), la que quedo firme al haberse desechado el recurso interpuesto en su contra, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa (fojas 192-200), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados y, de conformidad con los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, se precisa la forma en que deberá proceder la Universidad Autónoma de Nayarit: Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, en el plazo de cinco días, deberá dar contestación y notificar a Eduardo Alberto García Pulido, sobre la petición formulada en el escrito de diez de julio de dos mil dieciocho, en el domicilio señalado para tal efecto." Entonces, a través del oficio y anexo presentado en este juzgado el trece de junio de dos mil diecinueve (fojas 207-210), el apoderado legal de la Universidad Autónoma de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, de los cuales se advierte que remitió el original del oficio RUAN/827/19, de once de junio del presente año, por el que dio respuesta al escrito de diez de julio de dos mil dieciocho, en el que la parte quejosa solicitó apoyo para regularizar su situación como alumno y poder estar en condiciones de obtener el título de maestro en la salud pública (fojas 209-210), junto con su respectiva notificación (fojas 208). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años, por lo que déjese por separado para tales efectos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por Francisco Jesús Ortega Fernández, en su carácter de apoderado legal de la Universidad Autónoma de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, así como con el diverso recibido en este juzgado el veintiocho de febrero del año en curso (fojas 95-97), a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el quince de mayo del presente año, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el amparo en revisión número 171/2019, con número de cuaderno auxiliar 406/2019, relativo al presente juicio de garantías 1557/2018, en la que se aprecia por una parte, que se desecha el recurso de revisión, y por otro lado, queda firme la sentencia recurrida, misma que sobreseyó en el juicio de amparo y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Eduardo Alberto García Pulido, contra el acto reclamado a la Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en esta ciudad; en consecuencia, agréguense a sus autos los oficios de cuenta y anexos, para los efectos legales correspondientes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Así pues, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase únicamente a la autoridad responsable denominada Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se les hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.

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