Eduardo Alejandro Tellez Andrade

Expediente 860/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
860/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Alejandro Tellez Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, la parte quejosa reclama de los actos siguientes: ... De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: ... De los preceptos legales transcritos se desprende que el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos del acto reclamado sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, criterio sustentado en la jurisprudencia siguiente: ... En consecuencia, la demanda de amparo que se interponga en contra actos que no transgredan materialmente a la esfera jurídica del gobernado es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación o un silencio prolongado por parte de la autoridad, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Asimismo, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, establece lo siguiente: ... En el caso concreto, como se destacó, el quejoso reclama la falta contestación a su escrito de veintiuno de junio del año en curso, Asimismo, es necesario destacar que la presente demanda fue recepcionada en la Oficialía Común de Partes a los Juzgados de Distritos de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, el treinta de junio del actual, es decir, tan solo siete días hábiles después de haber presentado el escrito generador, por lo que en la especie se surte una cuestión que torna improcedente la demanda de amparo que se provee. Esto, porque en la especie no es posible establecer que en el plazo aludido -siete días- hubiera existido por parte de las autoridades responsables una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, que pudiera traducirse en una afectación material, pues si bien el ordenamiento Orgánico de la Fiscalía General del Estado, no prevé específicamente el palazo en el cual deberá dar respuesta a las peticiones que se formule a sus diversas dependencias, la Constitución Local prevé en el artículo 138 el término de ocho días hábiles, plazo en el cual la autoridad responsable analizará y acordará la petición formulada, además deberá notificar la respuesta emitida, sin que ello necesariamente implique obligación de resolver en determinado sentido, pues el ejercicio de un derecho de petición únicamente constriñe a la autoridad que se vincula con el mismo a dar respuesta al planteamiento del gobernado en un plazo razonable, un término suficiente para que la autoridad realice las gestiones necesarias para dar respuesta y culminar con la notificación de su determinación. De ahí que en la especie, la acción constitucional intentada por el quejoso devenga improcedente, pues en el caso no se puede establecer que efectivamente exista transgresión manifiesta a sus derechos fundamentales como éste lo aduce, ya que los siete días que han transcurrido para que la responsable emitiera su respuesta no transgrede no excede de forma alguna el plazo constitucional de ocho días, por lo cual, la afectación a sus derechos fundamentales es inexistente, pues esa violación solo tendrá lugar una vez que dicho plazo será rebasado de forma injustificada. Circunstancia que en la especie aun no acontece, y por ende, aun no nace la titularidad de un derecho afectado por la falta de respuesta que se suscita en los días transcurridos del veintidós al treinta de junio de dos mil dieciséis -siete días-, pues los mismos de ninguna manera excede el plazo de la constitución local de ocho días hábiles para que la autoridad emita su respuesta. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: ... Por lo tanto, no se surte en la especie una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, pues el plazo transcurrido a partir de la presentación del escrito de mérito, al momento de la presentación de la demanda que se provee, no excede de forma alguna el plazo de ocho días hábiles para que las autoridades responsables emitan su respuesta. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas que menciona en los términos precisados en el proemio de la misma. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada.

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