Edmundo Tlatehui Percino

Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
343/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Edmundo Tlatehui Percino

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo.

  2. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 343/2021. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda se advierte que el quejoso reclama en esta vía la omisión de la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, de proveer la solicitud de siete de abril de dos mil veintiuno, formulada en la carpeta de investigación ***/2020/FECC/UI-A; y, del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL AMBITO MUNICIPAL, el oficio de doce de abril de dos mil veintiuno por medio del cual acordó que no ha lugar a reconocerle el carácter de indiciado, en razón a que no es parte en determinada carpeta de investigación. Ahora bien, respecto al acto reclamado en primer orden, dada su naturaleza, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Conforme a lo anterior, es necesario precisar que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, porque uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, se sujete a los plazos y términos previstos en la norma, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. En esa tesitura, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza -omisiva- es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. En el caso concreto, como se destacó, el quejoso reclama de la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, la omisión de proveer la solicitud presentada el siete de abril de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación 744/2020/FECC/UI-A; en tanto que la demanda de amparo la presentó el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, es decir, siete días hábiles posteriores a a formulación de su petición. De lo cual, debe concluirse que con la omisión reclamada el quejoso no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, pues no se advierte una abierta dilación, atendiendo a la fecha en que el escrito al que no se ha dado contestación fue presentado y a la data en que se promovió el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que lo ilustra la jurisprudencia de rubro siguiente: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. Por otra parte, respecto del acto reclamado al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL AMBITO MUNICIPAL, consistente en el oficio de doce de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual acordó que no ha lugar a reconocerle el carácter de indiciado, en razón a que no es parte en determinada carpeta de investigación, de manera notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: De esos artículos en relación con el diverso 107, fracción I constitucional, se advierte que el juicio de amparo debe promoverse únicamente por la parte que aduzca ser titular del derecho subjetivo siempre que se alegue que con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En el caso, no se actualizan esos extremos, pues en realidad el quejoso dice que tiene derecho a tener acceso a una carpeta de investigación por el sólo hecho de que se siguen en su contra. Sin embargo, esa circunstancia no lo hace titular por sí de un derecho subjetivo. Es cierto que en términos del artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación. Sin embargo, ese derecho no nace con la formación de la carpeta de investigación o con la radicación y de la causa penal en contra del imputado, sino que el propio texto constitucional condiciona el surgimiento de ese derecho al momento en el que el indiciado se encuentre detenido o se pretenda recibir su declaración o entrevistarlo. Incluso se precisa en el texto constitucional que antes de su primera comparecencia ante juez el imputado y su defensor podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. También indica que a partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación. Esto es, el derecho fundamental de defensa en el matiz de tener acceso a los registros de investigación y a la causa penal, no se ejerce en cualquier momento, sino que la Carta Fundamental establece las pautas bajo las cuales podrá ejercerse. En el caso el quejoso alega que no se le permite el acceso a la carpeta de investigación que se siguen en su contra, sin embargo, no refiere que se le haya citado para declarar o recibir entrevista ante la autoridad investigadora de los delitos. Esto es, el quejoso no menciona encontrarse en una circunstancia en la que esté en posición de ejercer el derecho fundamental que pretende, pues para ello, debe ser requerido para declarar o ser entrevistado por la autoridad ministerial, ya que esas son las circunstancias previstas en la constitución como aquellas que permiten exigir el acceso a los registros de investigación. Al no referir encontrarse en ese supuesto, no está en aptitud de alegar que tiene el derecho a los registros y que al no permitírsele estos, se vulneran sus derechos fundamentales. Por ende, no se ubica en los supuestos previstos en los artículos 1 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues si bien alega que se le viola un derecho subjetivo, lo cierto es que el análisis integral de la demanda permite identificar que quiere conocer el contenido de la carpeta de investigación pese a que no se han dado las condiciones constitucionales que le permitan conocimiento. Luego, como el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos fundamentales previstos en la Constitución o en los tratados Internacionales, y en el caso, lo alegado por el quejoso no implica que algún derecho fundamental se le esté vulnerando, debe desecharse la demanda, pues bajo lo relatado por el quejoso no habría controversia que resolver porque no refiere a la afectación real y directa de un derecho. En tales condiciones, al ser notorias y manifiestas las causas de improcedencia, procede desechar de plano la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para tales efectos señala y, como autorizados en los términos que indica a los profesionistas que cita. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Como lo solicita la parte quejosa se autoriza la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica de aquellos proveídos que se ordenen notificar personalmente a través del los usuario "JOSAFATH"; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento de los usuarios proporcionados proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.

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