Eduardo Alejandro Rodriguez Buendia

Expediente 113/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
113/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Alejandro Rodriguez Buendia
  • Presidente del Tribunalsuperior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Bajo ese contexto, infórmese a las partes una vez que transcurran TRES AÑOS transfiérase el presente expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo De lo antes expuesto, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida en el módulo de intercomunicación habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente de amparo, lo que en la especie no acontece, ya que del libelo de demanda que se provee se advierte que la firma electrónica pertenece a ***** persona diversa a la señalada como promovente, esto es, de ***** quien se indica es el quejoso en este asunto. Hipótesis legal que también fue prevista en los Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021 emitidas el cuatro de diciembre de dos mil veinte, ocho, dieciséis, veintitrés de enero, seis y trece de febrero de dos mil veintiuno, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del mismo Consejo; atinente al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, que ordena que para la actuación de los juicios en línea, se requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella, debe considerarse que ***** no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Además, si bien se advierte que el documento digitalizado al parecer cuenta con una rúbrica, tal circunstancia no cambia el sentido de la presente determinación, pues se considera un papel en copia simple; y no genera certeza jurídica de que la demanda haya sido instada por la parte interesada; pues -se insiste-, la normatividad aplicable exige la utilización de firma electrónica. Lo anterior es así, ya que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Ahora, dado que la demanda fue suscrita electrónicamente por diversa persona a quien se ostenta como el directo quejoso conviene traer a cuenta lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Amparo En ese sentido, no se desatiende lo preceptuado en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, que señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva conforme al numeral 15 de ese ordenamiento legal; sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se trata de los actos que establece el dispositivo en mención, además, no se está ante el supuesto de que la demanda carezca de firma, toda vez que como se resaltó esta se encuentra signada electrónicamente por persona diversa a quien se señala es la quejosa. Asimismo, lo ordenado en el numeral 6 de la Ley de Amparo De los dispositivos transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Pero se contempla una excepción que permite que diversa persona pueda promover el amparo a su nombre, siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En la especie no se cumplen ambos supuestos, ya que en el presente asunto se reclama la posible orden de presentación, así como su ejecución; sin embargo, el sólo hecho de que se reclamen actos que posiblemente afecten la libertad del quejoso en modo alguno le impide a éste firmar y hacer llegar a este órgano de control de la constitucionalidad, por conducto de cualquier persona, el escrito por el cual solicite la protección constitucional, al no estar impedido física y legalmente para hacerlo y no reclamarse alguno de los actos mencionados en el inciso a), antes indicado. No se desatiende que en términos del artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo puede ser promovido por el representante legal o apoderado de la persona directamente afectada, o bien por su defensor en materia penal; sin embargo, de la demanda no se advierte que la persona de nombre ***** -el cual plasmó su firma electrónica- inste el amparo con algún carácter de los descritos; además de que no se acompañó documento alguno que permitiera comprobar dicha circunstancia, ni tampoco refirió que tuviera esa calidad demostrada ante las autoridades responsables. En consecuencia, se pone de manifiesto que no se actualiza alguna circunstancia excepcional para que la demanda de amparo sea promovida por una persona que no tiene el carácter de defensor, representante legal o apoderado del quejoso, como en el caso, el promovente no aduce que quien signa electrónicamente el libelo inicial cuente con alguno de ellos. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad de la parte quejosa, notifíquese por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial esta y cualquier otra determinación jurisdiccional. Asimismo, no ha lugar a tener por autorizados a las personas que se señalan en el escrito que se provee; ello, en virtud de que no se tiene certeza de la voluntad de quién promueve el presente sumario.

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