Edna Nazari García López
Expediente 131/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/03/2021
Partes del expediente
- Edna Nazari García López
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda por notoriamente improcedente; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado; ello, para los efectos legales a que haya lugar. Bajo ese contexto, infórmese a las partes que una vez que transcurran TRES AÑOS este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Bajo esa tesitura, en razón de que el acto reclamado consiste en una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, entonces se entiende que el juicio que se recibe tiene naturaleza penal, conforme al artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los numerales 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal establece lo siguiente: De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo De los preceptos legales transcritos puede advertirse, que el juicio de amparo debe promoverse directamente por la persona a quien le afecte la norma general o el acto reclamado; pudiendo ser por conducto de su representante legal o apoderado, o bien, en materia penal, por conducto de su defensor. De los dispositivos transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Pero se contempla una excepción que permite que diversa persona pueda promover el amparo a su nombre, siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En la especie no se cumplen ambos supuestos, ya que se reclama una orden de traslado; de ahí que no se trate de alguno de los actos mencionados en el inciso a), antes indicado. Lo anterior es así, ya que, aun cuando se señalan únicamente autoridades administrativas no se puede estimar que se actualice la hipótesis de acto fuera de procedimiento, precisamente porque se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De ahí, que se considere que la peticionaria de amparo cuenta con medios ordinarios de defensa para la impugnación de la supuesta orden de traslado que combate, por lo que aun y cuando tal acto afecta su libertad personal de manera indirecta, no debe estimarse que dicha vulneración sea fuera del procedimiento. En efecto, el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que en tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, existe un medio de defensa ordinario; motivo por el cual, si dicha legislación en la actualidad prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, los actos reclamados no puede estimarse que los actos sean considerados fuera de procedimiento, ya que se insiste, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será siempre calificada con posterioridad por un juez. Sin embargo, el caso en concreto no se ajusta a las hipótesis analizadas por el Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 154/2016 que dio origen al criterio jurisprudencial invocado, en tanto que los criterios contendientes materia de dicha controversia, fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió el tema relativo a si en los casos en los que se reclama una orden de traslado, sin la intervención de la autoridad judicial rectora, procede conceder la suspensión de plano, al considerarse que ésta afecta la libertad personal de manera indirecta, fuera de procedimiento, no estuvo en posibilidad de estudiar el contenido de las disposiciones legales contempladas en la legislación penitenciaria en mención. Las anteriores consideraciones se corroboran en las ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020 de su índice, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, consideró que la impugnación de una orden de traslado, emitida por una autoridad administrativa, se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal y no en un reglamento, el cual constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional; con ello se satisface el requisito de que el medio de defensa sea legal, esto es, que se encuentre contemplado por ley, de ahí que no sea considerada fuera de procedimiento. Por cuanto al inciso b), tampoco, se advierte que la parte quejosa se encuentre imposibilitada para instar la acción constitucional como se prevé en el inciso b), al margen de que hubiese señalado como acto reclamado una orden de traslado, empero, este aspecto no le impedía a la quejosa firmar y hacer llegar al órgano de control de la constitucionalidad (por conducto incluso de su defensor o diversa persona), el escrito firmado por ella, en el cual solicite la protección constitucional, al no estar impedida física y legalmente para hacerlo, pues se insiste, de una lectura integral de la demanda no se aprecia algún impedimento fáctico que imposibilite a la impetrante presentar su escrito inicial de demanda con su firma respectiva. No pasa inadvertido que del escrito que se recibe se dice que la quejosa se encuentra interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en esta Ciudad de México; sin embargo, dicha circunstancia no es impedimento para que como se dijo por conducto de cualquier persona haga llegar la demanda de amparo instada. No se desatiende que en términos del artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo puede ser promovido por el representante legal o apoderado de la persona directamente afectada, o bien, por su defensor en materia penal; sin embargo, de una lectura integra del escrito de demanda no se advierte que la promovente ***** , quien plasmó su firma, inste el presente controvertido constitucional con algún carácter de los descritos. Aunado a que el promovente tampoco remitió documento alguno para acreditar que ostenta alguna de esas personalidades, ni refirió tener esa calidad demostrada ante las autoridades responsables. En consecuencia, se pone de manifiesto que no se actualiza alguna circunstancia excepcional para que la demanda de amparo sea promovida por una persona que no tiene el carácter de defensor, representante legal o apoderado del quejoso, como en el caso, la promovente no aduce que quien signa el libelo inicial cuente con alguno de ellos. En tal virtud, con fundamento en los artículos 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica. Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad de la parte quejosa, notifíquese por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial esta y cualquier otra determinación jurisdiccional. No obstante, únicamente para que las autoridades que fueron señaladas como responsables tengan conocimiento de esta determinación, dado que el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México notificó la suspensión de plano, envíese oficio de conocimiento.
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