Eduardo Alejandro Cetz Yam

Expediente 934/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
934/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/09/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Alejandro Cetz Yam
  • Eduardo Alejandro Cetz Yam y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    II. SE DESECHA DE PLANO DEMANDA DE AMPARO

  3. Principal

    AVISO...Mérida, Yucatán, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Alejandro Cetz Yam, contra actos del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, demanda presentada con cinco copias y tres anexos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el acto reclamado en este juicio, lo constituye esencialmente la omisión del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, de dar contestación al escrito de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, presentado el veinte del mismo mes y año, en autos del expediente 178/2018, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado, promovido por Eduardo Alejandro Cetz Yam en contra de Linda Naomi Garza Pech. Precisado lo anterior, cabe señalar que en contra del acto que reclama el promovente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado no le causa un agravio personal y directo. En efecto, los artículos 6º y 61, fracción XXIII, de la ley de la Materia establecen: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Artículo 61. El juicio de amparo, es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte el diverso numeral 15 de la Ley de la Materia dispone: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De la interpretación literal del artículo 6° de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverlo la persona directamente agraviada por la ley o acto que estime violatorio de derechos humanos; no obstante cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, cualquier persona en los casos en que la propia ley de amparo lo permita. Asimismo, del citado numeral 15 se puede advertir que existe la posibilidad de que el juicio de amparo sea promovido por una persona diversa a la que resiente directamente el acto reclamado, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y cuando no se encuentra en estos supuestos sólo podrá instar la protección quien directamente pudiera resentir algún perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.9 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 412, que reza: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquél a quien la ley le otorga ese derecho." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por Eduardo Alejandro Cetz Yam. Precisado lo anterior, se advierte, que en contra del acto reclamado por esta vía constitucional, es improcedente el juicio de amparo, ya que se surte de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no le causa un agravio personal y directo al promovente del mismo. Se afirma lo anterior, habida cuenta que quien sufre en forma directa e inmediata dicha afectación lo es Linda Naomi Garza Pech, en virtud que la omisión de la responsable infringe los derechos contenidos en los artículos 8 y 17 Constitucionales, dado que atentan contra los derechos de seguridad jurídica, prontitud y expeditez en la administración jurídica tutelada. En la demanda de amparo indirecto en materia civil, la petición debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos humanos; ello conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 123 del Volumen 97-102, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable toda vez de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, procede desechar de plano la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º del mismo ordenamiento legal. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados a Felipe de Jesús Uc Chan y Lucia Aracelly Kantún Keb, únicamente para imponerse de autos, así como para el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en este expediente, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.

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