Edsi Mariana Rodríguez Reyes

Expediente 584/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
584/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
18/07/2019

Partes del expediente

  • Edsi Mariana Rodríguez Reyes
  • Diputada Plurinominal en el Congreso del Estado de Yucatán por el Partido Acción Nacional (Rosa Adriana Díaz Lizama)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve y por resolución de trece de mayo del mismo año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de junio del año en curso, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, como titular de este órgano jurisdiccional, en sustitución del ahora Magistrado René Rubio Escobar, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de junio del año en curso, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, como titular de este órgano jurisdiccional, en sustitución del ahora Magistrado René Rubio Escobar, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas con diez minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 584/2019-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación la secretaría hizo relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo, constancias de notificación y emplazamiento realizadas a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y a la autoridad responsable en los presentes autos. Acto seguido, el secretario en funciones de Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana que la parte quejosa ofreció en su demanda de amparo. El secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaría da cuenta con que las partes no formularon alegación alguna, por lo cual se cierra este período. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 584/2019-V, promovido por Edsi Mariana Rodríguez Reyes, contra el acto que reclama de la Diputada Plurinominal en el Congreso del Estado de Yucatán, Rosa Adriana Díaz Lizama, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 6, 7, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 13, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Edsi Mariana Rodríguez Reyes solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Diputada Plurinominal en el Congreso del Estado de Yucatán, Rosa Adriana Díaz Lizama. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de garantías, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto con ejecución en esta ciudad de Mérida, Yucatán, que se localiza dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar de la autoridad responsable: - La restricción o bloqueo que realizó la Diputada Plurinominal en el Congreso del Estado de Yucatán, Rosa Adriana Díaz Lizama, de su cuenta registrada en la red social Facebook y del servicio de mensajería Facebook Messenger, con nombre de usuario "Rosa Adriana Díaz Lizama", a la cuenta que la quejosa aduce es de su propiedad identificada con el nombre de usuario "Skyleton Mirror". Tercero. Actos existentes. La Diputada Plurinominal en el Congreso del Estado de Yucatán, Rosa Adriana Díaz Lizama, en su informe justificado aceptó el acto que se le reclama; de ahí que dicho acto deba considerarse como existente. Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza una causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo Sobre el particular, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)". Precepto legal que guarda relación con los diversos artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior, se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario de garantías demuestre su interés jurídico o derecho subjetivo que estime transgredido por la actuación de una autoridad. El interés jurídico consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia particularmente ilustrativa, con número 1a./J. 168/2007 , de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, por derecho subjetivo se entiende la facultad o potestad de exigencia que tiene una persona, facultad que deriva de una norma y que pueda ser oponible a terceros. En consecuencia, el interés afectado que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, es aquel que es reconocido por el derecho. Por ello, no existe derecho subjetivo, ni por tanto interés jurídico, cuando se tiene sólo una facultad o potestad, reconocida por la norma, sin que tal facultad pueda imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, es indispensable que el ordenamiento jurídico, otorgue la potestad para obtener coercitivamente su respeto. De manera que para la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que el agravio o menoscabo realizado con la conducta de la autoridad recaiga sobre derechos subjetivos públicos, es decir aquellos que pueden hacerse valer de forma coercitiva para su respeto. En esos términos, para efectos del juicio de amparo y a fin de acreditar el interés jurídico, debe demostrarse plenamente que se es titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley y que ese derecho se ve lesionado o afectado en virtud del acto de autoridad que se reclama. De lo contrario, ello acarreará el sobreseimiento en el juicio. Además, la afectación causada por el acto de autoridad al interés jurídico del quejoso, debe ser plena, indubitable, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que ésta encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Así, la afectación debe ser real, susceptible de demostrarse objetivamente, es decir, debe comprobarse plenamente que la actuación de la autoridad produce realmente un menoscabo en el derecho legítimamente tutelado del quejoso. Por ello, cuando la parte quejosa, ostentándose propietaria de la cuenta de la red social Facebook y del servicio de mensajería Facebook Messenger, registrada con nombre de usuario "Skyleton Mirror", acude a solicitar la protección constitucional, contra la restricción o bloqueo que se realizó a su cuenta por parte de la diputada responsable respecto de su cuenta, debe acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para impugnar ese acto; lo cual se demuestra mediante la acreditación de la identidad y vinculación de la quejosa con la cuenta referida, esto es, que dicha cuenta en efecto pertenece y corresponde a la ahora impetrante del amparo. Como se ve, sólo con la acreditación de tales extremos, puede la ahora quejosa crear convicción de que existe un derecho jurídicamente tutelado y que además, ella es la titular de ese derecho; lo cual no acontece en el caso en particular. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto que la quejosa aduce ser la misma persona quien se encuentra registrada en la red social "Facebook" y el servicio de mensajería "Facebook Messenger", con nombre de usuario "Skyleton Mirror", es decir, que es ella la propietaria de la misma y ser quien creó y administra dicha cuenta, también lo es que se abstuvo de ofrecer durante la tramitación del presente juicio, medio de prueba alguno del cual se advierta tal situación. En consecuencia, si la peticionaria de amparo no ofreció ni exhibió medio de convicción alguno del que se evidencie que ella es la propietaria y administradora de la cuenta de la red social de "Facebook" y del servicio de mensajería electrónica "Facebook Messenger", con nombre de usuario "Skyleton Mirror" y que dicha cuenta le pertenece y corresponde, entonces para los efectos del presente juicio de amparo, la parte quejosa no demostró la afectación a su derecho subjetivo. Esto es así, pues aun cuando se haya ostentado como propietaria de dicha cuenta, lo cierto es que no demostró que dicha cuenta de red social en efecto le pertenece, lo que denotaría el derecho subjetivo propio de ser protegido. Máxime que la cuenta referida no tiene su nombre, su nombre de usuario no corresponde a su nombre, ni tampoco su usuario contiene dato alguno que guarde relación con sus nombres o apellidos, lo que genera una mayor incertidumbre de si dicha cuenta de red social realmente le corresponde o pertenece. Luego, al no haber ofrecido medio de prueba alguno, no demuestra la titularidad de un derecho jurídicamente tutelado por la ley, y por tanto, no demuestra el interés jurídico que le permita obtener la protección constitucional, lo que a la quejosa le correspondía demostrar y al no haberlo hecho solamente a ella le es reprochable. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación , Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 1030, bajo el rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías." En estas condiciones, si en el presente juicio no se logró demostrar la propiedad que ostenta la quejosa respecto de la cuenta de la red social "Facebook" y del servicio de mensajería "Facebook Messenger", con nombre de usuario "Skyleton Mirror", resulta evidente que la parte quejosa no acreditó el derecho subjetivo o el interés jurídico para acudir al amparo, actualizándose por ende la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, respecto del acto que reclamó la quejosa, atribuible a la Diputada Plurinominal en el Congreso del Estado de Yucatán, Rosa Adriana Díaz Lizama. Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Edsi Mariana Rodríguez Reyes en contra del acto atribuido a la Diputada Plurinominal en el Congreso del Estado de Yucatán, Rosa Adriana Díaz Lizama, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que el informe justificado rendido por la Diputada Local por el principio de Representación Proporcional en el Congreso del Estado de Yucatán por el Partido Acción Nacional, licenciada Rosa Adriana Díaz Lizama, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, fue puesto a la vista de las partes en auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, notificado el tres de junio del mismo año, por tanto aún está transcurriendo el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para su celebración las trece horas con diez minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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