Eduardo Alejandro Bautista Arias

Expediente 1108/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1108/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Alejandro Bautista Arias
  • Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Eduardo Alejandro Bautista Arias; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, un DVD (Disco Versátil Digital) y al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de la Fiscalía de Delios Flagrantes, con sede en esta ciudad, un DVD-R, que anexaron respectivamente como apoyo a su informe justificado, los cuales se manejaron por cuerda separadas. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. Se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original. Notifíquese.Así lo acordó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante el Secretario Armando Blanco Palmeros, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA 7 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con diez minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1108/2020-7, promovido por Eduardo Alejandro Bautista Arias. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo consistentes en las siguientes: Copia fotostática simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Eduardo Alejandro Bautista Arias. Copia fotostática simple de la factura electrónica expedida el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve por Zurich Compañía de Seguros, sociedad anónima, en favor de Ana Luisa López Pérez, respecto del vehículo marca Ford, tipo Ranger, CRW-CAB LIMIT modelo 2016, serie 8AFNR5AA9G6384408, motor sin número, con último endoso realizado el veintisiete de marzo de dos mil veinte en favor de Eduardo Alejandro Bautista Arias. Copia fotostática simple del recibo expedido el diez de julio de dos mil diecinueve por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en favor de Blanca Fabiola Cruz Gerónimo, por concepto de pago de registro, emisión de tarjeta de circulación, calcomanía y juego de placa de vehiculo particular correspondiente del vehículo marca Ford, tipo Ranger, CRW-CAB LTD modelo 2016, serie 8AFNR5AA9G6384408. Copia fotostática simple de la factura HH 01258 expedida el veintiuno de octubre de dos mil diez por Autos Populares de la Chontalpa, sociedad anónima de capital variable, a favor de José Guadalupe Romero Suárez, respecto del vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta Style Active Std., modelo 2011, color negro ónix, motor CCC098971, serie 3VW1W11K1BM015547, con último endoso realizado el veintisiete de marzo de dos mil veinte en favor de Eduardo Alejandro Bautista Arias. Copia fotostática simple del recibo expedido el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve por la Subsecretaria de Ingresos Delegación de Hacienda Pichucalco, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en favor de Israel Molina Pérez, por concepto de pago de contribuciones respecto del vehículo Volkswagen, tipo Jetta Style Active Std., modelo 2011, color negro ónix, motor CCC098971, serie 3VW1W11K1BM015547. Copia fotostática simple de la factura C-85114 expedida el veinte de febrero de dos mil diecinueve por Subastas Ventura, sociedad anónima de capital variable, a favor de Ana Luisa López Pérez, respecto del vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta Confortline, modelo 2018, motor CCC345449, serie 3VW2W2AJ6JM234133, con último endoso realizado el veintisiete de marzo de dos mil veinte en favor de Eduardo Alejandro Bautista Arias. Copia fotostática simple del recibo expedido el quince de mayo de dos mil diecinueve por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en favor de Gilberto Miranda Jiménez, por concepto de pago de registro, emisión de tarjeta de circulación, calcomanía y juego de placa de vehículo particular correspondiente del vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta Confortline, modelo 2018, serie 3VW2W2AJ6JM234133. De igual forma, con las constancias que el juez responsable anexó a su informe justificado, consistente en: Copia autorizada de las audiencias de control judicial de diecinueve de octubre y veintiséis de noviembre ambas de dos mil veinte, relativas al cuadernillo provisional 257/2020 de su índice que obran glosadas en autos y un DVD (disco versátil digital) que contiene las audiencias antes mencionadas, el cual obra por cuerda separada. Asimismo, con las constancias que el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de la Fiscalía de Delitos Flagrantes anexó a su informe justificado, consistente en: Copias certificadas de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2020 (fojas 84 a 141 de autos). DVD (disco versátil digital) que contiene las audiencias de control judicial de diecinueve de octubre y veintiséis de noviembre ambas de dos mil veinte, relativas al cuadernillo provisional 257/2020, del índice del juzgado responsable, el cual obra por cuerda separada. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y a bierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1108/2020-7, promovido por Eduardo Alejandro Bautista Arias contra el acto que reclama del Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía general de Justicia del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el día siguiente, Eduardo Alejandro Bautista Arias, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "a) la resolución emitida el treinta de diciembre de dos mil diecinueve dentro de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, el índice del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes de Centro, en el que decretó el aseguramiento de los vehiculos Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547; determinación que el quejoso refiere se ha emitido por orden del Vicefiscal de Delitos Comunes y Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. "b) la resolución emitida el nueve de julio de dos mil diecinueve dentro de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, el índice del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes, el Coordinador de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Director, todos del Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, en el que negaron la devolución de los vehículos asegurados consistentes en los siguientes: Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547; determinación que el quejoso refiere se ha emitido por orden del Vicefiscal de Delitos Comunes y Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. "c) la resolución emitida por el Juez de Control Region Nueve de Centro, Tabasco, en la audiencia de control judicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dentro del cuadernillo provisional 257/2020 de su índice, derivado de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, en la que omitió pronunciarse sobre la negativa de devolución por parte del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes, el Coordinador de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Director, todos del Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco de los vehículos asegurados consistentes en los siguientes: Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547. A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S Vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. Director del Centro de Procuración de Justicia del Centro dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. Coordinador de la Fiscalía de Delitos Flagrantes del Centro de Procuración de Justicia del Centro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. Fiscal del Ministerio publico adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes del Centro de Procuración de Justicia del Centro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. Director General de la Policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Juez de Control y Juicio Oral Región Nueve de Centro, Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte (fojas 23 a 27), se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1108/2020-7, y se mando a prevenir a fin de que la parte promovente dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del citado proveído, bajo protesta de decir verdad precisara el acto que le atribuye al Vicefiscal de Delitos Comunes y Director General de Delitos Comunes, ambos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco; aclarara si reclamaba la Omisión del Juez de Control y Juicio Oral Región Nueve de Centro, Tabasco, de pronunciarse sobre su petición de devolución de los vehiculos que describe en su demanda, bajo apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del termino legal concedido para tal efecto, se tendría por no presentada la referida demanda. Siendo notificada personalmente la parte quejosa el doce de enero del presente año (foja 28), por lo que el término de cinco días transcurrió del catorce al veinte del citado mes y año. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno (foja 33 a 36), se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio, y se agregó a los autos el escrito del quejoso del cual se ordenó su ratificación del contenido y firma del mismo. QUINTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno (fojas 44 a 49), se admitió la demanda de que se trata, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno (fojas 70 a 73), se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto de la autoridad responsable denominada Humberto del Carmen Quero Dan, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva del Area de Delito Flagrante del Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, a la cual se le requirió su resoectivo informe justificado. Posteriormente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracción II del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. A respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: a) la resolución emitida el treinta de diciembre de dos mil diecinueve dentro de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, el índice del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes de Centro, en el que decretó el aseguramiento de los vehiculos Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547; determinación que el quejoso refiere se ha emitido por orden del Vicefiscal de Delitos Comunes y Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. b) la resolución emitida el nueve de julio de dos mil diecinueve dentro de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, el índice del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes, el Coordinador de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Director, todos del Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, en el que negaron la devolución de los vehículos asegurados consistentes en los siguientes: Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547; determinación que el quejoso refiere se ha emitido por orden del Vicefiscal de Delitos Comunes y Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco. c) La resolución emitida por el Juez de Control Region Nueve de Centro, Tabasco, en la audiencia de control judicial de veitiséis de noviembre de dos mil veinte dentro del cuadernillo provisional 257/2020 de su índice, derivado de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, en la que omitió pronunciarse sobre la negativa de devolución por parte del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes, el Coordinador de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Director, todos del Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco de los vehículos asegurados consistentes en los siguientes: Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Director de Amparos y Resolución de Consultas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco, en representación del Vicefiscal de Delitos Comunes adscrito a la precitada Fiscalía, el Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco, el Coordinador del Área de la Fiscalía de Delitos Flagrantes del Centro de Procuración de Justicia del Estado de Tabasco, el Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Flagrantes del Centro de Procuración de Justicia del Estado de Tabasco y el Director General de Delitos Comunes, todos con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dichas negativas. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fración IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. n consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los citados actos reclamados a las aludidas autoridades responsables. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITEENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco y el licenciado Humberto del Carmen Quero Dan, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de la Fiscalía de Delitos Flagrantes, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado admiten la existencia del acto que se les reclama, lo cual se advierte con la copia debidamente autorizada de la audiencia de control judicial y un DVD que contiene las audiencias de diecinueve de octubre y veintiséis de noviembre ambas de dos mil veinte y copia certificada de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2020, que respectivamente adjuntaron a sus informes justificados. Documentales a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al encontrarse corroborado con la documental precitada. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En el caso, respecto a los actos reclamados identificados en los incisos a) y b) reclamados al licenciado Humberto del Carmen Quero Dan, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de la Fiscalía de Delitos Flagrantes, con sede en esta ciudad, se considera materializada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, primer párrafo, del numeral 61 de la ley de la materia, en relación con los artículos 17 y 18 de esa legislación, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Del dispositivo transcrito se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquéllos contra los cuales el quejoso no promueva el medio de control constitucional dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, el cual dispone: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos reproducidos se desprende que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará desde el día hábil siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado. b) El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. c) Se haya ostentado sabedor de los mismos. Hipótesis que son excluyentes entre sí, no guardan orden de prelación y deben aplicarse en función de su idoneidad al caso concreto, atendiendo a la posición del quejoso respecto del acto reclamado, pues aun cuando los tres supuestos constituyen el punto de partida para el cómputo de presentación de la demanda, es posible que se actualicen en forma simultánea. Tiene sustento lo anterior en la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con número de registro 165582, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En efecto, el inicio del cómputo para promover la demanda de amparo, es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las hipótesis en comento, por lo que no cabe duda que el creador de la norma distinguió entre una y otra, pues de lo contrario bastaría con que señalara que el cómputo del término empieza a partir del día siguiente al en que el quejoso se entere, por cualquier medio, del acto reclamado. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dichas hipótesis son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la jurisprudencia 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286 del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. En ese contexto normativo y con base en las constancias que integran el presente juicio, podemos colegir que el presente caso encuadra en la segunda hipótesis del precitado artículo 18, que establece que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo se contará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución, al no encuadrar este asunto en ninguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el numeral 17 de la ley en cita. Ahora bien, como quedó precisado, la parte quejosa combate los acuerdos de treinta de diciembre de dos mil diecinueve y nueve de julio de dos mil veinte, dictados en la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, en el que en el primero de los mencionados el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes de Centro, decretó el aseguramiento de los vehiculos Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547; determinación que el quejoso refiere se ha emitido por orden del Vicefiscal de Delitos Comunes y Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco; y en el segundo de los mencionados, negó al quejoso la devolución de los mismos. Siendo que el quejoso en su escrito de quince de enero de dos mil veintiuno recibido en este juzgado el dieciocho del mismo mes y año (foja 30), registrado con el folio 375, manifestó bajo protesta de decir verdad que el quince de enero de dos mil veinte tuvo conocimiento del acuerdo de treinta de diciembre de dos mil diecinueve y el trece de julio de dos mil veinte tuvo conocimiento del proveído de nueve del mismo mes y año. Por tanto, surte sus efectos al día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados conforme lo establece el incido b) del artículo 18 de la ley de Amparo. En consecuencia, si el quejoso tuvo conocimiento de los citados actos reclamados el quince de enero y trece de julio de dos mil veinte; y, por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del diecisiete de enero al diez de febrero de dos mil veinte y del tres al veintiuno de agosto del precitado año, sin contar el dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de enero, uno, dos, tres, cinco, ocho y nueve de febrero, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de agosto todos de dos mil veinte, por haber sido inhábiles en términos del ordinal 19 de la Ley de Amparo. Además, que del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, no corrieron los términos y plazos procesales para promover juicios de amparo como el que ahora se resuelve, ya que durante este periodo únicamente se tramitaron asuntos considerados urgentes en términos de lo dispuesto en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 13/2020, 18/2020 y 21/2020 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En ese sentido, si la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, (foja 2), como se advierte de la impresión correspondiente al sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, es evidente que en esa fecha ya había transcurrido el plazo de quince días previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo para reclamar los acuerdos de treinta de diciembre de dos mil diecinueve y nueve de julio de dos mil veinte, dictados en la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, en el que en el primero de los mencionados el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes de Centro, decretó el aseguramiento de los vehiculos Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547; determinación que el quejoso refiere se ha emitido por orden del Vicefiscal de Delitos Comunes y Director General de Delitos Comunes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco; y en el segundo de los mencionados, negó al quejoso la devolución de los mismos, por lo que resulta extemporánea, lo que actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, del aludido ordenamiento jurídico, al haberse consentido tácitamente los actos reclamados. Cobra aplicación la tesis 193, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en la página 165, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, P.R. TCC, Materia Común, Octava Época, registro 918356, de rubro y texto, siguientes: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 235 del Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que señala: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. De igual forma, resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 21, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 291 del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 1995, Novena Época, que señala: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Tampoco se advierte que en el caso se actualice alguno de los casos de excepción que permita la presentación de la demanda de amparo fuera del término genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, primer párrafo, pues dicho plazo únicamente se amplía cuando el acto impugnado se trate de: a) Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyo caso es de treinta días; b) Una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en que se puede interponer hasta en un plazo de ocho años; c) Si el acto que pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, es de siete años, contados a partir de que de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a tales grupos agrarios; y d) Tratándose de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, puede presentarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo considerado la jurisprudencia P./J.12/2015 (10ª) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 relacionada con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de dicha legislación, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. De igual forma, respecto al acto reclamado al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco consistente en la resolución emitida en la audiencia de control judicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte dentro del cuadernillo provisional 257/2020 de su índice, derivado de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, en la que omitió pronunciarse sobre la negativa de devolución por parte del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes, el Coordinador de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Director, todos del Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco de los vehículos asegurados consistentes en los siguientes: Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo a acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad del juicio de amparo es tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en la Ley Suprema del país, pero en ningún caso dicha defensa debe utilizarse de modo tal que supla el ejercicio de otros medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional; dado que no se puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza del juicio de amparo. Apoya lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis II.2º.P.70 P, instada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 1023, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, materias Penal y Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, es menester que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) Que el juicio de amparo que se promueva, no haya sido instado por persona extraña al procedimiento natural; y d) Que el acto reclamado no importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; o bien, sea de los privativos de la libertad personal. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable la resolución emitida en la audiencia de control judicial de veintiséis de noviembre de dos mil veinte dentro del cuadernillo provisional 257/2020 de su índice, derivado de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, en la que omitió pronunciarse sobre la negativa de devolución por parte del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Flagrantes, el Coordinador de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Director, todos del Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco de los vehículos asegurados consistentes en los siguientes: Jetta color blanco, placas de circulación WLT-725-A, número de serie 3VW2W2AUJ6UJMJ234133; Ford Ranger Limited, placas VM-88-462 del Estado de Tabasco, color blanco, número de serie 8AFNR5AA9G6384408 y Jetta VW, color negro, placas DSG-349-4 del estado de Chiapas, número de serie 3VW1W311K1BMO15547. Así, como se apuntó, en este asunto opera la causa invocada que establece la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud de cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, como se puede advertir de los antecedentes relatados, el acto en estudio constituye la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, emitida en el cuadernillo provisional 257/2020, derivado de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, en que el Juez de Control de la Region Nueve de Centro Tabasco, omitió resolver lo conducente a la negativa devolucion de los vehículos anteriormente descritos por parte del fiscal investigador. Determinación que debió ser atacada para obtener su modificación, revocación o nulificación, mediante un medio ordinario de defensa, pues en contra de dicha determinación es procedente, previo al ejercicio de la acción constitucional, el recurso de revocación, establecido en el artículo 465 del Co´digo Nacional de Procedimientos Penales, por las razones que a continuación se exponen. Para mayor comprensión se citan los artículos 465, 466 y 467 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido literal siguiente: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I Las que nieguen el anticipo de la prueba; II Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV La negativa de orden de cateo; V Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares: VI Las pongan término al prcedimiento o lo suspendan; VII El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI Las que excluyan algun medio de prueba. De dichos preceptos, se advierte de forma clara que en contra de los autos que no fueren apelables procede el recurso de revocación, en tanto que el acto aquí combatido no es de los recurribles mediante dicho medio de defensa (apelación), de lo que se colige, que si el juez de control emitió emitió el acuerdo en que el quejoso se duele de la omisión de resolver lo conducente a la negativa devolucion de los vehículos anteriormente descritos por parte del fiscal investigador; es inconcuso que en contra de tal determinación procede el recurso de revocación, por no ser apelable. De ahí que se estime que la parte quejosa contó con un medio de defensa específico que debió agotar antes de promover el presente juicio, pues previamente tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos o violaciones ocasionados por la determinación que cita, lo cual hubiese sido estudiado por parte del juez responsable para que éste hubiese resuelto en dejar o no sin efectos el acto de controversia, modificándolo o revocándolo. Por tanto, al quedar evidenciado que antes de acudir al juicio de amparo la parte quejosa tuvo que haber interpuesto en contra del auto reclamado (determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veinte), el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que es un medio de defensa destinado a combatir los autos que no son apelables, el cual, tiene como objeto que el juez pueda enmendar la actuación, en caso de así evidenciarse en vía de agravios. Es indiscutible que la parte peticionaria de amparo no respetó el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia, consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que sólo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que ésta remedie la irregularidad existente y sólo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo, cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Se cita como apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, consultable en la página 729, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, registro 2001155, con el epígrafe, y contenido que expresan: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Tampoco el acto reclamado es de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni de aquellos previstos en el precepto 22 constitucional, ni tampoco el ahora quejoso tienen carácter de tercero extraño al juicio de origen, pues es la parte promovente de la audiencia de control que dio origen al cuadernillo provisional 257/2020, derivado de la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA-9400/2019, tampoco la procedencia del recurso de revocación está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente; por lo que no se está en ninguno de los supuestos de excepción a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción y numeral invocados. El acto impugnado tampoco afecta la libertad del aquí quejoso, por lo cual, no se actualiza la excepción para agotar el citado recurso. Consecuentemente, y toda vez que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, del tomo VI, Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Eduardo Alejandro Bautista Arias, por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de trece de abril del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el licenciado Humberto del Carmen Quero Dan, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva del Área de Delito Flagrante del Centro de Procuración de Justicia de Centro, Tabasco, autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, cuyo plazo transcurre del dieciséis al veintisiete de abril de dos mil veintiiuno, con excepción de los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración, las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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