Eduard López Ramírez

Expediente 147/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
147/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Eduard López Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Eduard López Ramírez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, con residencia en esta ciudad, el DVD (Disco Versátil Digital), que contiene el audio y video de la audiencia inicial de catorce de enero de dos mil veintidós y del auto de vinculación proceso de veinte de enero del año en curso, las que adjuntó al informe justificado que rindió. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del presente incidente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 147/2022-6, promovido por *********, contra los actos que reclama del Juez de Control de la Región Judicial Ocho, con residencia en Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el tres de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el ocho siguiente, Eduard López Ramírez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y la autoridad que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S ".El auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control de la Región Judicial Número ocho en Cárdenas, Tabasco, en audiencia de fecha dos de enero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 290/2021. El mismo día, después de que la fiscal formulara imputación porqué se está realizando una investigación en mi contra por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en agravio de Noelia Padrón Gamas y de las menores de edad con iniciales S. J. y M.F. de apellidos LOPEZ PADRON; previsto y sancionado en el artículo 206 y 207 del Código Penal del Estado de Tabasco, el suscrito y la defensa solicitamos el término Constitucional de 144 horas los cuales fueron concedidos por la Juez de Control de la Región 8 con sede en Cárdenas Tabasco, Licenciada DIOSY GRISELDA SILVAN CABRERA, que en ese momento presidia la audiencia. Resoluciones dictadas en la audiencia inicial que por esta vía se combaten." A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Juez de Control de la Región Judicial Ocho, con residencia en Cárdenas, Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, se ordenó su registro bajo el expediente 147/2022-6, y se previno para que el promovente del juicio de amparo precisara bajo protesta de decir verdad, la fecha correcta en la cual se emitió el auto de vinculación a proceso reclamado. Cumplido el requerimiento de mérito, por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de doce de abril del año en curso, se recibió el despacho debidamente diligenciado de la Juez Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual emplazó a la tercero interesada Noelia Padrón Gamas, por sí y en representación de los menores de identidad reservada de iniciales S.J. L.P. y M.F.L.P. Asimismo, mediante oficios recepcionados el veintidós de marzo y diecisiete de mayo, ambos del presente año, se tuvieron por emplazados a los Fiscales del Ministerio Público Adscritos al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, Crisóstomo de la Cruz Jiménez y Miguel Jesús Ramos Pérez, respectivamente, quienes formularon la imputación en contra del quejoso en la causa penal de origen 290/2021, del índice del juzgado responsable. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La audiencia de formulación de imputación de catorce de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 290/2021, del índice del juzgado responsable. El auto de vinculación a proceso dictado por la juez responsable el veinte de enero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 290/2021 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de Noelia Padrón Gamas y de los menores de identidad reservada de iniciales S.J. L.P. y M.F.L.P. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Segundo de Control de la Región Judicial Ocho, con residencia en Cárdenas, Tabasco, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las documentales deducidas de la carpeta judicial 290/2021, que adjuntó a su informe de ley, así como la copia certificada de audio y video en formato "DVD", el cual contiene la audiencia inicial de catorce de enero de dos mil veintidós y del auto de vinculación a proceso de veinte de enero de dos mil veintidós, celebradas dentro del citado expediente natural; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas de su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia de los referidos actos reclamados por la quejosa, se encuentran plenamente probados. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En el presente caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados fueron consentidos por el directo quejoso; precepto legal que en la parte que nos interesa, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" La hipótesis legal invocada se surte cuando la parte quejosa expresa manifestaciones de voluntad en el sentido de estar conforme con los actos reclamados. En efecto, del precepto legal descrito con antelación, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que realiza la parte quejosa respecto de los actos reclamados que estima le causa agravio; lo cual ocurre a través de un consentimiento expreso, mediante manifestaciones de la voluntad que lo entrañen. La primer hipótesis se refiere al caso en que el peticionario de amparo de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe duda respecto de tal manifestación; en tanto que el segundo supuesto, se refiere a que alguna actuación o manifestación por parte del quejoso implique tal consentimiento respecto de los actos reclamados. Ahora bien, en la especie, el impetrante destacó como actos reclamados la audiencia de formulación de imputación de catorce de enero de dos mil veintidós y el auto de vinculación a proceso dictado por la juez responsable el veinte de enero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 290/2021 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de Noelia Padrón Gamas y de los menores de identidad reservada de iniciales S.J. L.P. y M.F.L.P. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez Segundo de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, a las que se les otorga valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones; se advierte que en audiencia celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, dentro de la citada carpeta judicial se concedió a favor del directo quejoso la suspensión condicional del proceso, por el plazo de siete meses, la cual fenecerá en diciembre de dos mil veintidós, imponiéndosele diversas condiciones al impetrante, además de señalarle un plan de reparación del daño a favor de la víctima y suspendiéndose los términos y plazos procesales establecidos en el expediente natural. En ese sentido, si en la especie el directo quejoso reclama la audiencia de formulación de imputación de catorce de enero de dos mil veintidós y el auto de vinculación a proceso dictado por la juez responsable el veinte de enero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 290/2021; pero, en su calidad de imputado accedió a un mecanismo alternativo de solución de la causa penal, mediante la suspensión condicional del proceso, dicha manifestación entraña el consentimiento de los actos reclamados, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que de tal manera se expresó la voluntad del directo quejoso de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas, lo cual debe entenderse para todos los efectos legales. Lo anterior es así, porque tal manifestación de la voluntad constituye por sí misma, uno de los presupuestos para que el directo quejoso pueda transitar por la justicia restaurativa, consintiendo así de manera libre y voluntaria el someterse a un mecanismo alternativo que implica la aceptación de los hechos objeto de la imputación que le fuere realizada, para a través de ello, obtener un beneficio. Así, consentir tales hechos -base fáctica en que se sustenta la vinculación a proceso- pretende la obtención de una solución al conflicto penal al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Al respecto resulta aplicable, la tesis jurisprudencial 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014495, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En ese contexto, de conformidad con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso, no es otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de resolución de controversias que una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control -según el estado procesal del asunto- y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. De ahí que el referido medio alternativo constituye una manifestación de voluntad de las partes que intervienen y entraña a la vez el consentimiento del imputado respecto de los actos reclamados; lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio. En ese orden de ideas, ante el consentimiento de los actos reclamados por parte del directo quejoso y al operar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en este juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se; R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Control de la Región Judicial Ocho de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional remite copia certificada de la audiencia de suspensión condicional del proceso de fecha cuatro de mayo del año actual, a favor del quejoso Eduar López Ramírez, dentro de la causa penal 290/2021, de su índice, que se le instruye al impetrante, por el delito de incumplimiento de las obligaciones se asistencia familiar. En consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicha documental, a efecto de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarla en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante de cuenta, ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental que anexa al oficio que se provee. Notifíquese.

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