Eduardo Alberto Vallejo Silva
Expediente 1097/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Alberto Vallejo Silva
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (f. 7-10), que desechó la demanda promovida por *** por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintinueve de noviembre pasado, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato y otras autoridades, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1097/2017-V-1, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida y anexo que se acompaña, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del cuerpo de leyes invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de, entre otros, Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato; actos que describió de la forma siguiente: IV.- NORMA GENERAL ACTO U OMISION QUE SE RECLAME: La falta de acceso a una justicia pronta y expedita dentro del expediente no. ***, toda vez que el pasado 26 de octubre del 2017 se señaló fecha para el desahogo de preparación de dictamen socioeconómico que como prueba debe integrar el procedimiento antes citado, señalamiento de fecha (9 de abril del 2018) que atenta contra las garantías de la debida forma y correcto procedimiento. De la demanda de amparo y anexo que a ella se adjuntó, como antecedentes del acto reclamado se desprende, en lo conducente, que ante el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, ***, demandó a *** por sí y en representación de los menores ***, ambos de apellidos ***, la reducción de la pensión alimenticia; lo que motivo la formación del juicio oral ordinario ***. A efecto de lograr sus pretensiones, dentro de la etapa de pruebas, el aquí quejoso, por conducto de su mandataria judicial licenciada ***, solicitó al Juez responsable, girara oficio para que se señalara fecha y hora a efecto de acudir a las instalaciones del D.I.F. Municipal para entrevistarse con la perito ***, trabajadora social adscrita a la Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social del referido Sistema D.I.F. Municipal a fin de que se desahogara lo que denominó el solicitante del amparo como dictamen socioeconómico. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Juez responsable señaló las ocho horas con treinta minutos del nueve de abril de dos mil dieciocho (porque así lo señaló la referida perito), y ordenó requerir a ***, para que acuda a las instalaciones de lo que denominó como PROCMAS, a efecto de que se realice lo conducente a fin de que se emita el dictamen pericial socioeconómico; siendo el señalamiento de la referida fecha y hora contenidas en el mencionado auto lo que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la fecha y hora señaladas en auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, fecha y hora señaladas para que el aquí quejoso acuda a las instalaciones de la Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social del Sistema D.I.F. Municipal de Celaya, Guanajuato, a efecto de que pueda emitirse la prueba pericial que denominó como dictamen socioeconómico, auto dictado por el Juez de Primera Instancia dentro del juicio de origen, no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que emanan, aunque se obtenga resolución favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, ya sea durante el trámite; o bien, al momento de resolverse el expediente de origen. Empero, cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación; es decir, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado que no pueden ser convalidados o reparados a través de la obtención de una resolución favorable; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, los cuales sí pueden ser reparados o convalidados en caso de que se obtenga una resolución favorable, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, es improcedente porque la fecha y hora señaladas en auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, para que dicho quejoso acuda a las instalaciones de la Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social del Sistema D.I.F. Municipal de Celaya, Guanajuato, a efecto de que la perito designada pueda emitir el dictamen socioeconómico, auto dictado dentro del juicio oral ordinario de origen; no es de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del peticionario de amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, en la especie, la fecha y hora señaladas en el referido auto no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí sola y en forma inmediata los derechos fundamentales del solicitante del amparo; esto es, la fecha y hora señaladas para los efectos anotados, es sin duda, un acto que en todo caso produce efectos de carácter intraprocesal. Es aplicable al caso, por lo que informa, la Jurisprudencia de datos de localización y contenido siguiente: Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito.Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Por lo que informa, en lo conducente, se estima aplicable al caso la Tesis de Jurisprudencia de datos de localización y texto siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Contradicción de tesis 325/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y por no con cumplir con dicho requisito, téngase por autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a los licenciados ***, así como ***; y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el ubicado en *** Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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