Edmundo Fidencio Guerrero Falcon
Expediente 1110/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Edmundo Fidencio Guerrero Falcon
Actuaciones
- Principal
Agréguense en autos los oficios signados electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control que se lleva en este Juzgado y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo de seis meses.
- Principal
Por recibido el ocurso y anexos de cuenta signado por el promovente del amparo ***, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciocho de diciembre del año en curso. Atento a lo anterior, se ordena enviar el escrito y sus anexos al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en León, Guanajuato, toda vez que fue quien formuló la prevención de que habla el peticionario de amparo (acuerdo de trece de diciembre del presente año), pues este órgano de control constitucional mediante proveído de cinco de diciembre actual, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***.
- Principal
Glósese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes la copia del oficio recibido vía correo electrónico, signado por el Juez y el Secretario adscritos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, residente en León, Guanajuato, a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierte que previo a proveer sobre la incompetencia planteada por este Juzgador con relación a la demanda a la demanda de amparo promovida por ***, el Juez de Distrito oficiante previene al solicitante del amparo para que manifieste el municipio y entidad en el que se ubica su domicilio actual.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 14, 16 y 123 de nuestra Carta Magna. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1110/2017-IV.1. Anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, del contenido integral del escrito de demanda, es de advertirse que el acto reclamado por el quejoso, se hace consistir en: El primer acto de aplicación del artículo 12, fracción II, inciso a) del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contenido en la resolución emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la que se encuentra señalada en el oficio número SP/DPSH/2016/2017, de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete. El artículo 37, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del precepto legal anotado, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se mencionan a continuación en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto de mérito se establece la regla consistente en que si el acto reclamado en el juicio de garantías no requiere de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido ese acto. En este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consistente en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, c) La tercera previsión normativa que se contiene en el aquí analizado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distinto y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. De dicha trascripción, queda claro que es competente para conocer del juicio de garantías bi-instancial el Juez de Distrito dentro de cuya demarcación territorial, en la cual ejerce jurisdicción, se ejecute, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado, siempre y cuando dicho acto requiera de ejecución material. Por tanto, este Juzgado Federal, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, debido a que de acuerdo con las documentales anexadas por el impetrante, es de advertirse que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar en León, Guanajuato, pues así se desprende de: 1. El documento referido como CONCESIÓN DE PENSIÓN, del que se advierte que el pago por concepto de su pensión se consigna en aquella localidad, pues textualmente se indica radicándose el pago en: SUC.BANCOMER LEÓN, GTO.; 2. La resolución referida como el primer acto de aplicación de la Ley reclamada, de la que se advierte que el domicilio del impetrante lo es el ubicado en calle Tenayuca número 331, colonia Aztecas, en León, Guanajuato; y, 3. La certificación que realiza el Notario Público a los documentos que anexa, en donde se indica como domicilio del quejoso el ubicado en***, en León, Guanajuato. Por tanto, se reitera la incompetencia para conocer de dicha demanda por parte de este Órgano de Control Constitucional, toda vez que de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, de fecha quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el acto reclamado tendrá ejecución en la ciudad de León Guanajuato, lugar donde ejerce jurisdicción, por razón de territorio este Tribunal de la Federación, el cual en lo concerniente a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en lo que aquí interesa indica: XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarímoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria. Los Juzgados de Distrito en el Estado, residentes en León, Guanajuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón. De lo anterior se infiere que a quién corresponde conocer de la demanda de cuenta, a un Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de León, Guanajuato, por ser quien ejerce jurisdicción en la ciudad de León, lugar en el que como se vio, se llevará a cabo la ejecución del acto reclamado, toda vez que el domicilio del quejoso Edmundo Fidenio Guerrero Falcón, el cual se encuentra ubicado en la calle Tenayuca número 331, colonia Aztecas, en León, Guanajuato, y la consignación del pago resultado del acto reclamado será también en dicha localidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta. Asimismo, tiene aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, Tesis I.1o.A.44 A, Tomo XIV, del mes de Agosto de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. También es aplicable a lo anterior la Tesis VI.2o.20 K sustentada por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, visible en la página 395, del Tomo III-Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras. Al igual que la jurisprudencia número 2a./J. 13/95, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Página 107, que al efecto señala lo siguiente: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES.- De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. En esas condiciones, este Juzgador Federal, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por Edmundo Fidencio Guerrero Falcón, por su propio derecho; por tanto, con fundamento en los artículo 37 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo, con sus copias al Juzgado de Distrito en turno, residente en León, Guanajuato, para dentro del término legal informe a este Órgano de Control Constitucional, si aceptó o no el conocimiento de la misma, solicitando que de no existir inconveniente alguno acuse el recibo de estilo que corresponda. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, con copias certificadas de la demanda de garantías promovida. Se tienen los Estrados de este Juzgado Federa, para recibir notificaciones de parte del quejoso. Se tiene como autorizados de su parte a los licenciados ***, en los términos más amplios del primer párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo; y a Martín Arturo Soto Juárez, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no tiene registrada su respectiva cédula profesional debidamente registrada en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Este Juzgador Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por los motivos y fundamentos expresados en el presente proveído. SEGUNDO.- Remítase el escrito original de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1110/2017-IV.1 del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, con sus respectivas copias y anexos, al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en León, Guanajuato, a efecto de que dentro del término legal manifieste si acepta o no el conocimiento del asunto, solicitándole que se no tener inconveniente remita el acuse de recibo condigno.
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