Eduardo Alberto Olmos Ramírez y Otros.

Expediente 700/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
700/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Alberto Olmos Ramírez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, quince de junio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo aparentemente presentada por *****, ***** y *****; contra actos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 700/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Incompetencia. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Analizada la demanda en su integridad, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia para conocer de la misma. Para demostrar esa conclusión es importante señalar que los actos reclamados son los siguientes: "La incomunicación, malos tratos azotes segregación, tortura física y psicológica que actualmente nos encontramos sufriendo al en el centro de conductas especiales del centro Penitenciario a que nos hemos referido. La orden de traslado verbal o escrita emitidas por las autoridades responsables, para que seamos trasladados del Centro de Reclusión donde nos encontramos recluidos y que hemos hecho referencia en el inicio del presente escrito a uno diverso, ya sea en la misma ciudad de México o en el interior de República Mexicana. Cabe señalar que dichos actos actualmente se están ejecutando.". (Sic) Lo anterior pone de relieve que los efectos y consecuencias de los actos reclamados son de naturaleza penal, esto es, una materia distinta de la conoce este Juzgado; por ende, se estima que la competencia para conocer del acto reclamado corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. En consecuencia, conforme a los artículos ya citados, este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de materia. Se ordena remitir las actuaciones digitalizadas vía interconexión del juicio de amparo en que se actúa al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Negativa de la suspensión de plano. Del escrito de demanda, se desprende que los quejosos reclaman, entre otros, el traslado del centro penitenciario donde actualmente se encuentran recluidos a uno diverso; sin embargo no ha lugar a conceder la suspensión de plano solicitada, en virtud que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa contemplado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Para un mejor entendimiento se cita el artículo en cuestión: "52. Excepción al Traslado voluntario. - - - La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá´ ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: - - - I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; - - - II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y - - - III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. - - - En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá´ un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá´ interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. - - - En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá´ interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Como se puede advertir del apartado antes señalado, se establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. En ese sentido, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en la normativa que se estudia, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado. Cobra aplicación la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J.58/2016 (10a.)". Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015(10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Por tanto, no ha lugar a conceder la suspensión de plano solicitada por los quejosos en contra del traslado del centro penitenciario donde actualmente se encuentran recluidos a uno diverso. Asimismo, no procede conceder la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en la incomunicación, malos tratos azotes segregación, tortura física y psicológica; toda vez que los promoventes omiten señalar en qué consisten o cómo se han materializado dichos actos por las autoridades que señala como responsables aunado a lo anterior reclaman la incomunicación cuando el presente escrito de demanda fue turnado a fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este órgano de control constitucional, por propio derecho. Lo anterior, sin perjuicio que el Juzgado declinado, una vez que acepte la competencia del presente asunto, aperture el incidente de suspensión correspondiente. Representante común. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a *****; no obstante que no lo hayan señalado en su escrito de demanda, sin perjuicio de que la parte quejosa, si es su deseo, lo sustituya por otro, a través de la promoción correspondiente. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior de Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria Número Uno, en esta Ciudad de México. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: ??????? https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese; y personalmente a los quejosos en el centro de reclusión en donde se encuentran internos. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la Secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.

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