Edilberto Portillo Mendoza
Expediente 1242/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1242/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/05/2023
Partes del expediente
- Edilberto Portillo Mendoza
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por ************ apoderado de la parte quejosa ********** personalidad que acredita con el instrumento notarial que acompaña al escrito de cuenta; mediante el cual, revoca las autorizaciones y domicilio señalado con anterioridad en el presente juicio, solicita acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones vía electrónica, señala domicilio y autorizados. Al respecto, se tiene por revocado el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; así como por revocadas las autorizaciones conferidas con anterioridad. Autorizados. Por otra parte, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********** (...) Acceso a expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y notificaciones por la misma vía en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontraron los nombres de usuario *********** (...) [...] Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el diverso oficio proveniente del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el cual informa que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte la vinculación del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; por lo que solicita nuevamente la habilitación del mismo. Al respecto, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que ya se encuentra habilitado el acceso al expediente del juicio en que se actúa; no obstante, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes verifique lo anterior, a fin de que el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México cuente con la información que necesita para emitir la determinación que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de diecisiete de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de noventa días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ******, por derecho propio; contra actos del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDATUR) y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1242/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ****, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Carta Magna, los cuales establecen "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) I. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)". Lo anterior es así, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en esta instancia constitucional, el quejoso ****: "IV.-ACTOS RECLAMADOS. El acto reclamado consiste en el oficio de fecha 8 de julio de 2022, firmado por el Director de Reservas de Derechos, Mtro. *********, dictado dentro del expediente de reserva de derechos número ******** con denominación "**********", notificado el pasado 21 de julio de 2022, mediante el cual la autoridad responsable niega la titularidad del suscrito respecto a la reserva de derechos de mi propiedad; adjunto a este escrito como Anexo 1. Adicionalmente se precisa como acto reclamado, el oficio o documentos en los cuales la responsable base el oficio de fecha 8 de julio de 2022, respecto de los cuales el suscrito se tenga por reservado desde este momento el derecho de hacer valer los conceptos de violación que en su caso correspondan una vez que sea rendido el informe justificado por la autoridad responsable, así como exhibido la totalidad del expediente administrativo del cual emana el acto reclamado, el cual es ofrecido como prueba en este Amparo. En ese sentido, cabe destacar que el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una de las bases de procedencia del juicio de amparo indirecto, en la medida que consagra lo que doctrinariamente se conoce como el principio de definitividad, al señalar que si bien el juicio constitucional procede en contra de actos u omisiones de autoridades administrativas, una condición indispensable para la procedencia del amparo es que aquéllos ocasionen al gobernado un agravio que no se pueda reparar a través de algún medio de defensa legal, es decir, que en principio será obligatorio agotar cualquier instancia ordinaria a través de la cual se pueda reparar el agravio, dotando así a este juicio de un carácter evidentemente excepcional o extraordinario. Así también, se observa que la parte quejosa estará exenta de observar el mencionado principio de definitividad cuando en el medio de defensa o recurso ordinario de que se trate no se prevea la suspensión del acto reclamado (o se contemple sin los mismos alcances, con mayores requisitos o plazos que los que al efecto contempla la Ley de Amparo); así como cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Y, en ese tenor, estos parámetros propios del principio de definitividad no pueden alterarse ni aplicarse de manera diversa a lo establecido por el legislador o de manera inconsistente con la naturaleza del juicio de amparo, desde luego, a partir de su carácter extraordinario. Ahora, sobre estos medios de defensa ordinarios, no debe soslayarse que deben ser apreciados al tenor del artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Fundamental que dispone que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo que se infiere el derecho fundamental a tener un acceso efectivo a la administración de justicia, para lo cual no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos atinentes y justificados, pueda obtener una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Siendo que ese derecho fundamental, a su vez, se conforma de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, que han sido explicados en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES" Principios que operan y, por ende, son exigibles durante todas las etapas que integran el juicio, esto es, tanto en la contenciosa (que abarca la instrucción y el dictado de la resolución o sentencia respectiva), como en la posterior identificada con la materialización de la indicada resolución o sentencia (que abarca el procedimiento para cumplirla). Así, un juicio ordinario debe ser apreciado en su conjunto abarcando no sólo su trámite y sentencia, sino también su etapa de ejecución, pues así se infiere de la carga que el Constituyente Permanente impone a los legisladores federal y locales, en cuanto les ordena que deben establecer en las leyes que normen esos juicios las figuras, mecanismos o instancias necesarios para que, atendiendo a la independencia de los tribunales u órganos jurisdiccionales que los sustancian y resuelven, éstos puedan lograr la ejecución de sus decisiones. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor2 , los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el oficio de ocho de julio de dos mil veintidós, firmado por el Director de Reservas de Derechos, dictado dentro del expediente de reserva de derechos número ****** con denominación "*********", mediante el cual la autoridad responsable niega la titularidad del aquí quejoso respecto a la reserva de derechos de su propiedad; de la legislación citada, se advierte que no ha se ha agotado el recurso de revisión que procede en contra de la resolución que determinó la titularidad del quejoso en relación a la reserva de derechos número *********, con denominación "***********". Tal aseveración, porque frente a los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, el gobernado debe interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en relación con el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. En esas condiciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el afectado por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión aludido o bien, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, juicio de nulidad procedente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En el caso, el acto reclamado es el oficio de ocho de julio de veintidós, firmado por el Director de Reservas de Derechos, Mtro. *******, dictado dentro del expediente de reserva de derechos número ******* con denominación "**********", mediante el cual niega la titularidad del aquí quejoso respecto a la reserva de derechos de su propiedad; por consiguiente, lo determinado por la autoridad responsable podría ser impugnado a través del recurso de revisión o mediante el juicio de nulidad, con la salvedad de que habiendo optado por el primero (recurso), una vez resuelto éste, con posterioridad, se tendrá que impugnar tal resolución a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente a instar el juicio de amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, lo que en el caso no ocurre, pues como se advierte del acto reclamado, el mismo sí contiene la fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad; de ahí que el amparo promovido, deviene improcedente. Luego entonces, es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo en se actúa, se debió agotar dicho medio ordinario de defensa o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en virtud de que es procedente en contra de las resoluciones definitivas que resuelvan un expediente que pongan fin a un procedimiento administrativo -como sucede en el caso- entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar el recurso optativo o juicio en comento, ya que a través de ellos se puede obtener la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Máxime que en contra de las resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debe agotarse el juicio correspondiente previamente al amparo, al no prever la Ley del acto mayores requisitos; por tanto, resulta necesario analizar si el mismo cumple con las condiciones constitucionales y legales, exigidas por el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consisten en: 1. El medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, exige que, previamente a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que la ley que los prevea reúna las condiciones siguientes: 1) Que se suspendan los efectos del acto reclamado (con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido conforme a la Ley de Amparo). 2) Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. 3) Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. 4) Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de agotamiento optativo frente al recurso de revisión cumple con dichas condiciones, tal y como se advierte de las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Con apoyo en lo anterior, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual, cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. 2. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Del análisis efectuado a la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad, de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que: a) Los actos no carecen de fundamentación. De las documentales exhibidas por la parte quejosa, se advierte copia de los actos reclamados y de su simple lectura se advierte que la autoridad que los emitió citó diversos preceptos, lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. b) No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la demanda se advierte que la cuestión que plantea la parte quejosa, consiste en determinar si los actos reclamados son inconstitucionales por violentar los principios de legalidad y seguridad jurídica, lo que constituye un planteamiento de mera legalidad. Por tal motivo, no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente"; así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". c) El juicio no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal, no en un reglamento. En mérito de lo expuesto, al acreditarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDATUR) y otra autoridad. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocalizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" Domicilio y Autorizados. Con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y como autorizados para los mismos efectos a las personas que indica. Téngase por autorizados en términos amplios a ***** y ****** , por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ténganse por autorizados en términos simples a *****; *******; ******* y *******, hasta en tanto registren su cédula profesional en el referido Sistema. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales) para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento de autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretario o Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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