Eduardo Alberto Gaytán Ibarra
Expediente 838/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eduardo Alberto Gaytán Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de trece de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al que adjunta el disco compacto que contiene la audiencia celebrada el seis de los actuales, en la cual entre otras cosas, se ordenó la libertad del quejoso, xxxx, en razón de que la Agente del Ministerio Público, no acreditó que el delito que se trata se encuentre dentro de los supuestos del artículo 19 Constitucional en relación al diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que, como consecuencia de ello, fijó fecha para la audiencia de formulación de inputación. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, en lo esencial, en la orden de aprehensión librada contra el quejoso. Ahora, de la comunicación oficial remitida por la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se advierte que el seis de noviembre del año en curso, se ejecutó la aludida orden de aprehensión en contra de xxxx y mediante audiencia celebrada el mismo día, la Juez de Control ordenó la libertad del ahora quejoso, en razón de que la Agente del Ministerio Público licenciada xxxxx, no acreditó que el delito por el que se sigue la investigación al aquí quejoso, se trata se encuentre dentro de los supuestos del artículo 19 Constitucional en relación al diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y como consecuencia de ello, fijó fecha para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, la cual comunicó al ahora quejoso, al momento en que la dictó. Lo anterior, conduce a estimar que respecto del acto reclamado ha operado un cambio de situación jurídica que permite considerar que el acto reclamado ha quedado consumado de modo irreparable para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento constitucional sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con la libertad del quejoso, y le fijó fecha para compareceré a la audiencia de formulación e imputación, sin necesidad de ordenar su aprehensión para acudir a la misma. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional del acto reclamado en el escrito inicial de demanda de amparo, que la parte quejosa intentó defender en esta instancia constitucional, pues con la ejecución de la orden de aprehensión y la posterior libertad del quejoso y haberlo citado para que comparezca voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación, implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado xxxx. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al que adjunta el disco compacto que contiene la audiencia celebrada el seis de los actuales, en la cual entre otras cosas, se ordenó la libertad del quejoso, xxxx, en razón de que la Agente del Ministerio Público, no acreditó que el delito que se trata se encuentre dentro de los supuestos del artículo 19 Constitucional en relación al diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que, como consecuencia de ello, fijó fecha para la audiencia de formulación de inputación. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica que opera en el presente juicio. Dicho precepto estatuye lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, en lo esencial, en la orden de aprehensión librada contra el quejoso. Ahora, de la comunicación oficial remitida por la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se advierte que el seis de noviembre del año en curso, se ejecutó la aludida orden de aprehensión en contra de xxxx y mediante audiencia celebrada el mismo día, la Juez de Control ordenó la libertad del ahora quejoso, en razón de que la Agente del Ministerio Público licenciada xxxxx, no acreditó que el delito por el que se sigue la investigación al aquí quejoso, se trata se encuentre dentro de los supuestos del artículo 19 Constitucional en relación al diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y como consecuencia de ello, fijó fecha para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, la cual comunicó al ahora quejoso, al momento en que la dictó. Lo anterior, conduce a estimar que respecto del acto reclamado ha operado un cambio de situación jurídica que permite considerar que el acto reclamado ha quedado consumado de modo irreparable para los efectos del presente juicio de amparo, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento constitucional sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con la libertad del quejoso, y le fijó fecha para compareceré a la audiencia de formulación e imputación, sin necesidad de ordenar su aprehensión para acudir a la misma. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional del acto reclamado en el escrito inicial de demanda de amparo, que la parte quejosa intentó defender en esta instancia constitucional, pues con la ejecución de la orden de aprehensión y la posterior libertad del quejoso y haberlo citado para que comparezca voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación, implica que en este juicio de amparo opere un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran consumadas para los efectos del presente asunto, y precisamente por tal motivo, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer fuera de audiencia constitucional en este asunto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado xxxx. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda el oficio 47886/2017, signado por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual informa que: (1) el día de la fecha de su oficio se ejecutó la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso; (2) que con motivo de la suspensión del acto reclamado decretada en el cuaderno incidental a que este juicio de amparo se refiere, dejó en inmediata libertad al aquí quejoso, al considerar que el Agente del Ministerio Público no acreditó que el delito por el que se sigue la investigación respectiva se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; finalmente, (3) que señaló las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación; todo lo cual informó a las partes que estuvieron presentes en la audiencia respectiva, entre otras, al peticionario de amparo. En virtud de lo anterior, a efecto de estar en condiciones de resolver lo que corresponde en este asunto, con fundamento en los artículos 62, 64 y 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la licenciada ***, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, para que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación del oficio que al efecto se le expide, remita a este Juzgado Federal las constancias certificadas que acrediten la información proporcionada en el oficio de cuenta. Con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad requerida que en caso de no dar cumplimiento a lo que se le solicita en este acuerdo o de no acreditar la imposibilidad para hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución General de la República. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
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