Eduardo Abdiel Esparza Chávez
Expediente 538/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 30/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eduardo Abdiel Esparza Chávez
- Jueces de Garantía del Distrito Judicial Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de diez de noviembre del año en curso, en la cual se sobreseyó y se negó el amparo en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil dieciséis. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ******* promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el primero de julio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado a este Juzgado el mismo día, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos y otras autoridades, de quienes reclamó la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos transgredidos los reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de primero de julio de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedando registrada bajo el expediente *******, del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un asunto contra normas generales que, con motivo del primer acto de su aplicación, causen perjuicio al quejoso, cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte impetrante reclama: La orden de aprehensión dictada en su contra, por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, en la causa penal 1724/2010, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de lesiones y su respectiva ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, las autoridades responsables denominadas como: jueces de garantía del distrito judicial bravos, titular de la fiscalía general del estado de chihuahua, fiscal especializado en investigación y persecución del delito zona norte, titular de la unidad especializada de investigación de delitos contra la vida adscrita a la fiscalía especializado en investigación y persecución del delito zona norte, titular de la unidad especializada de investigación de delitos contra la integridad física y daños adscrita a la fiscalía especializada en investigación y persecución del delito zona norte, coordinador regional de la división de investigación de la policía estatal única zona norte, secretario o titular de la secretaría de seguridad pública municipal, titular de la unidad de órdenes de aprehensión adscrito a la fiscalía especializada en investigación y persecución del delito zona centro, titular de la unidad de órdenes de aprehensión adscrito a la fiscalía especializada en investigación y persecución del delito zona norte, negaron la existencia del acto de ejecución que les fue atribuido; por su parte, el quejoso no ofreció probanza que desvirtuara tales negativas; por ende, deben reputarse inexistentes, lo que impone sobreseer en el juicio de amparo respecto a esas autoridades, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, conforme al cual procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. En sus informes justificados, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos aceptó la existencia del acto reclamado y, al respecto, manifestó que el ocho de junio de dos mil doce, efectivamente giró orden de aprehensión en contra del quejoso. De la misma manera, las diversas autoridades responsables ejecutoras denominadas: titular de la fiscalía general del estado de chihuahua, fiscal especializado en investigación y persecución del delito zona centro, titular de la unidad especializada de investigación de delitos contra la vida adscrita a la fiscalía especializado en investigación y persecución del delito zona centro, y titular de la unidad especializada de investigación de delitos contra la integridad física y daños adscrita a la fiscalía especializada en investigación y persecución del delito zona centro, aceptaron la existencia de los actos de ejecución que les fueron atribuidos. La aceptación de los actos reclamados se encuentra corroborada con la transcripción certificada de la orden de aprehensión dictada por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, en la causa penal *******, que se instruye en contra del quejoso con motivo de los hechos constitutivos del delito de lesiones, así como del disco óptico que contiene la audiencia en que se resolvió librar la citada orden. A tales constancias se les reconoce valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidas respecto de sus originales por un funcionario dotado de fe pública; por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, debe analizarse si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis es oficioso y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se continúa con el estudio del actos reclamados, conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados son infundados. A efecto de explicar las razones que llevan a este Juzgador a concluir lo anterior, conviene establecer que el quejoso reclamó del Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, la orden de "privar de la libertad" que se emitió en contra del quejoso. A partir del informe justificado rendido por tal autoridad y de las constancias que para tal efecto adjuntó, se concluyó que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión librada en la causa penal *******, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de lesiones. Ello, derivado de los siguientes antecedentes: El ocho de septiembre de dos mil diez, se formuló imputación en contra del ahora quejoso, por la comisión del delito de lesiones dolosas, a que se refiere el artículo 129, fracción II y 18, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua. En mismo ocho de septiembre, se celebró la audiencia de control de medidas cautelares, en la que se fijó al quejoso como medidas para gozar de su libertad personal: 1) la exhibición de una garantía económica por la cantidad de $*******; 2) la obligación de presentarse cada quince días ante la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la ciudad de Chihuahua; y, 3) la prohibición de comunicarse con las víctimas por el plazo de 6 meses o de ocurrir a la casa de ellos. El diez de septiembre del mismo año, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, por su probable participación en la comisión de los hechos constitutivos del delito de lesiones dolosas. El seis de junio de dos mil doce, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos señaló fecha para la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares, derivado de la inasistencia del ahora quejoso al cumplimiento de sus obligaciones procesales, por tres veces consecutivas. En el mismo proveído se apercibió al imputado que, en caso de incomparecencia a la nueva audiencia, se podría ordenar su aprehensión. Esa determinación se notificó al quejoso el siete de junio de dos mil doce. El ocho de junio siguiente, ante la incomparecencia del aquí quejoso a la audiencia de revisión de medidas cautelares, se le declaró sustraído de la acción de la justicia. Ante ello, en la misma data, el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Juzgado de garantía solicitó que se librara orden de aprehensión en contra del imputado. Enseguida, el mismo ocho de junio de dos mil doce, se libró la orden de aprehensión reclamada. Contra esa determinación, el quejoso argumentó, de manera genérica, que dicha orden de aprehensión transgrede el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El concepto de violación expresado es infundado, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para evidenciar el anterior aserto, es pertinente señalar que el párrafo primero, del artículo 16 de la Constitución General de la República establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Como se aprecia, dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y el fundamento legal en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí. En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, se advierte que la responsable ordenó la aprehensión del quejoso en términos del artículo 161 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, a petición del Agente del Ministerio Público de referencia, en atención a que el quejoso no ha cumplido con sus obligaciones procesales para gozar de la libertad durante el proceso penal que se le instruye, por su probables participación en los hechos constitutivos del delito de lesiones dolosas y, en consecuencia, el ocho de junio de dos mil doce, se le declaró sustraído de la acción de la justicia, ello con fundamento en el artículo 131 del aludido ordenamiento. El artículo 161 del Código procesal de la materia, en que el Juez de Garantía apoyó su determinación, es del contenido siguiente: 161. Detención por orden judicial Cuando exista denuncia o querella, de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y la comparecencia del mismo pudiera verse demorada o dificultada, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la aprehensión del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. También se decretará la aprehensión del imputado que legalmente citado, no compareciere sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, salvo el último de los ahí mencionados. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión informarán al imputado las razones de su detención y lo conducirán sin dilación alguna ante el Juez de Garantía, quien convocará de inmediato a la audiencia de formulación de imputación. A partir de esta disposición, se colige que para que el Juez de Garantía pueda librar orden de aprehensión, dentro del proceso, en contra del imputado deben reunirse los requisitos previstos en el primer párrafo del citado numeral. Es decir, existir denuncia o querella, de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, requisitos éstos que desde luego están acreditados pues el quejoso fue vinculado a proceso por el delito de lesiones dolosas; de igual forma, está colmado el segundo de los requisitos, pues dicho delito está previsto en el artículo 129, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, mismo que prevé para quien lo cometa, sanción privativa de libertad. Ahora, es pertinente citar el contenido de los artículos 131, 162, 163, primer párrafo, 180, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua: 131. Sustracción a la acción de la justicia. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. La declaración será dispuesta por la autoridad judicial. 162. Solicitud de aprehensión del imputado. El representante del Ministerio Público, al solicitar el libramiento de orden de aprehensión del imputado, por cualquier medio que garantice su autenticidad, expondrá ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión, en términos del primer párrafo del artículo 161 de este Código. 163. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión. El Juez, dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud de orden de aprehensión, resolverá por escrito sobre la misma. De estimarlo necesario, lo hará en audiencia privada con el Ministerio Público, debiendo pronunciarse sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. El Juez podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que en ella se plantean, o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. 180. Revisión, sustitución, modificación y cancelación de las medidas. Salvo lo dispuesto sobre prisión preventiva, con excepción del último párrafo del artículo 173, el Juez, aun de oficio y en cualquier estado del proceso, por resolución fundada revisará, sustituirá, modificará o cancelará las medidas cautelares personales y las circunstancias de su imposición, de conformidad con las reglas establecidas en este Código, cuando así se requiera por haber variado las condiciones que justificaron su imposición, o bien, se advierta que ha aumentado el riesgo para la sociedad, víctima u ofendido o testigo, por el avance en que se encuentre el proceso. Si la garantía prestada es de carácter real y es sustituida por otra, aquélla será cancelada y, en su caso, los bienes afectados serán devueltos. De tales numerales se desprende, en lo que interesa, las siguientes premisas: Un imputado se declarará sustraído a la acción de la justicia, entre otros supuestos, cuando sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del imputado en base a los antecedentes que consten en la causa penal. El Juez de Garantía se encuentra facultado, aun de oficio y en cualquier estado del proceso, para revisar, sustituir, modificar o cancelar las medidas cautelares personales y las circunstancias de su imposición, de conformidad con las reglas establecidas en el Código Penal, cuando así se requiera por haber variado las condiciones que justificaron su imposición. De lo anterior se deduce -tal como lo asentó el Juez de Garantía responsable y estimó como motivo para emitir orden de aprehensión contra el aquí quejoso-, que si el imputado fue citado a la audiencia de revisión de medidas cautelares, conforme al citado numeral 180 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, al no haber asistido a la misma, se actualizó el supuesto previsto en el artículo 131 del mismo ordenamiento, tan es así, que el ocho de junio de dos mil doce, se le declaró sustraído de la acción de la justicia. En esa medida, fue correcta la determinación dictada por el responsable, a partir de la solicitud de aprehensión solicitada por el Fiscal especializado, puesto que se actualizó el supuesto que prevé el segundo párrafo del artículo 161 de la citada codificación procesal, conforme a la cual procede decretar la aprehensión del imputado que es legalmente citado y no compareciere ante la potestad jurisdiccional, sin causa justificada. Por tanto, la orden de reaprehensión que dictó el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos en contra del quejoso *******, dentro de la causa penal *******, el ocho de junio de dos mil doce, es constitucional y, ante dicha circunstancia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución atribuidos al titular de la fiscalía general del estado de chihuahua, fiscal especializado en investigación y persecución del delito zona centro, titular de la unidad especializada de investigación de delitos contra la vida adscrita a la fiscalía especializado en investigación y persecución del delito zona centro, así como al titular de la unidad especializada de investigación de delitos contra la integridad física y daños adscrita a la fiscalía especializada en investigación y persecución del delito zona centro, pues no se reclamaron por vicios propios, sino como una consecuencia de la orden de aprehensión impugnada. Resulta aplicable, la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, respecto de las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, con relación a los actos y autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia y por los motivos expuestos en el último de ellos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, quien actúa asistido por el Secretario del Juzgado que da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda el oficio y anexo que se remite en ausencia de la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, cuyo contenido se desprende fue certificado en esta misma fecha, al haberse cotejado ante el personal remitente, por tanto, se le reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2. Es aplicable al respecto, la tesis con número de registro 216635, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Abril de 1993, página 245, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si éstos son certificados por el funcionario competente. En consecuencia, téngasele remitiendo las constancias de emplazamiento a los terceros interesados, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Morelos, encargada de la causa penal ******* y *******; sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Lo anterior con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.*cnv
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha logrado el emplazamiento de los terceros interesados licenciada ******* Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Morelos, encargada de la causa penal ******* y *******, por tal motivo existe imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data. A fin de dar margen a que ocurra lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil dieciséis, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis IX.1º.26 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 580 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. De igual forma, por identidad de razón, sirve de sustento jurídico la jurisprudencia XV.2º.J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Octava Época, del siguiente tenor: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. Si los demandados en el juicio natural, ahora tercero perjudicados, no fueron emplazados oportunamente en el juicio constitucional y, consecuentemente, tampoco fueron oídos, ello se traduce en una violación al procedimiento que amerita su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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